El Gobierno de Javier Milei publicó finalmente la "Ley de Libertad Educativa", un proyecto que reescribe de punta a punta el sistema educativo argentino y elimina pilares centrales construidos durante dos décadas. La iniciativa -rechazada de forma unánime por los gremios porque "privatiza, desfinancia y elimina al Estado como garante del derecho a la educación"- profundiza el modelo de vouchers, traslada la responsabilidad económica a las provincias, equipara la educación pública y privada en el reparto de fondos, habilita el homeschooling y deroga la Ley de Educación Nacional (LEN) vigente desde 2006.
Lejos de ser una actualización normativa, el texto de 169 artículos presentado por la Jefatura de Gabinete sintetiza el proyecto ideológico del oficialismo: una escuela donde el financiamiento estatal retrocede, las familias asumen tareas educativas, las provincias cargan con los costos y el mercado define la oferta. Uno de los cambios más polémicos es la eliminación del financiamiento progresivo del sistema educativo hasta el 6% del PBI, un compromiso consensuado durante años y un resguardo mínimo para sostener salarios, infraestructura y programas federales.
El nuevo artículo 9 ya no menciona inversión: "Los estudiantes tienen el deber de (...) respetar el proyecto institucional (...) y el ideario en las instituciones privadas", reemplazando un piso presupuestario por obligaciones morales. Además, el proyecto habilita sin matices el financiamiento por demanda. El artículo 83 establece que "las asignaciones otorgadas a las familias o alumnos mediante vales o bonos, becas, créditos fiscales u otros instrumentos equivalentes" podrán implementarse en todos los niveles.
Es la consagración del sistema de vouchers, un viejo anhelo de Milei que transfiere recursos públicos a instituciones privadas y fragmenta el financiamiento escolar según la capacidad de pago de las familias. En materia de financiamiento, la Nación se desprende del sostenimiento directo del sistema: las provincias deberán financiar la educación "en condiciones de equidad entre instituciones educativas estatales y privadas". El texto obliga, además, a mantener esquemas de subsidios a escuelas privadas, sin asegurar igualdad real de inversión por alumno y sin mecanismos para compensar territorios más pobres.
Incluso el financiamiento universitario se reestructura: el 75% de los fondos dependerá de la cantidad de estudiantes regulares -solo quienes aprueben dos materias por año- y el 20% del "desempeño", un esquema que castiga a las instituciones con población más vulnerable y consolida lógicas competitivas propias del mercado. La ley reconoce como educación básica modalidades que hasta ahora no integraban el sistema formal, entre ellas el homeschooling, definida como educación "dirigida por los responsables parentales o tutores [...] impartida por ellos mismos o por personas por ellos designadas".
También legitima la escolarización virtual o híbrida incluso a través de instituciones del exterior, un modelo sin regulaciones claras y con controles mínimos. En teoría, los estudiantes deberán acreditar contenidos mínimos mediante evaluaciones estandarizadas. En la práctica, el Estado renuncia a supervisar procesos educativos dentro de los hogares y solo intervendrá ante posibles "vulneraciones de derechos", una fórmula vaga que especialistas consideran insuficiente. La reforma otorga una autonomía inédita a las escuelas: podrán definir su plan de estudios, métodos de enseñanza, organización interna y hasta participar en la selección del personal docente.
El artículo 44 lo sintetiza claramente al habilitar que las instituciones "elaboren planes de estudio, estrategias didácticas y organizativas (...) y administren los recursos que correspondan". Con mínimos nacionales muy reducidos -540 horas anuales para nivel inicial y 720 para primaria y secundaria, por debajo de lo acordado por el Consejo Federal-, cada escuela podrá construir un currículum propio y un calendario particular, reforzando desigualdades territoriales y académicas entre provincias, y entre escuelas públicas y privadas. El proyecto crea consejos de padres que influirán en la designación y remoción de directivos. También garantiza el derecho de las familias a elegir instituciones "acordes a sus convicciones", en línea con la visión gubernamental de la educación como un servicio de consumo antes que un derecho social.
La Nación podrá publicar información desagregada por escuela, revirtiendo la protección vigente para evitar rankings que perpetúan estigmatización y desigualdad. El Gobierno sostiene que la reforma se basa en la evidencia internacional y que, según el Consejo de Mayo, "los mejores resultados educativos están en directa relación con altos niveles de autonomía y libertad". Pero omite que ese mismo consenso internacional señala que la inversión sostenida, la igualdad de recursos y la presencia activa del Estado son condiciones indispensables para mejorar aprendizajes.