El Poder Ejecutivo Nacional oficializó hoy, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 825/2025, una profunda modificación a la Ley de Ministerios que altera las competencias del Ministerio del Interior, a cargo de Diego Santilli, y del Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich. El decreto lleva la firma del presidente Javier Milei y de todos los integrantes del gabinete nacional, y entra en vigencia desde este jueves, según fue publicado en el Boletín Oficial.
La medida, según el texto, establece que el Ministerio del Interior asumirá nuevas funciones vinculadas al "contralor del registro y certificación de la identidad de las personas humanas", lo que implica que vuelve a tener bajo su órbita el Registro Nacional de las Personas (RENAPER). El decreto también asigna al ministerio competencias sobre "relaciones con el Poder Legislativo Nacional" y la "conducción de la política deportiva nacional".
Además, la norma sustituye artículos completos de la Ley 22.520, determinando que Interior asistirá al Presidente en cuestiones de "gobierno político interno, políticas de desarrollo deportivo, registro e identificación de personas, y coordinación institucional con provincias, municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". Entre las nuevas tareas incluye la organización de "actos patrióticos, efemérides y gestión de monumentos", la intervención en "cuestiones de aguas interprovinciales" y la "protección, inclusión y defensa de los derechos de comunidades indígenas". También manejará "asignación y control de recursos, becas y subvenciones para el deporte".
Uno de los puntos más visibles es la marcha atrás del Gobierno respecto al traslado del RENAPER al Ministerio de Seguridad. La medida había sido oficializada previamente, pero ahora el Ejecutivo la revierte: "Con la oficialización del DNU, el RENAPER retorna a la cartera que ha mantenido esas competencias en las últimas gestiones." Aun así, el breve período en el que Patricia Bullrich tuvo el control del organismo no pasó desapercibido hacia adentro del Gobierno. Desde el entorno de la ministra ironizaron respecto a que los DNI emitidos bajo su gestión son "una edición limitada".
No será la única decisión parcialmente revertida. El texto reconoce que el Gobierno buscó "retrotraer algunas de las decisiones administrativas anunciadas en el Decreto 793/2025 para reordenar el organigrama estatal", luego de negociaciones entre Manuel Adorni, jefe de Gabinete, y Santilli. El ajuste institucional también alcanza áreas bajo la órbita de Daniel Scioli. La administración decidió avanzar con la división de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que "quedará bajo la órbita del ex vocero, con Scioli a la cabeza y bajo su tutela".
En cambio, Deportes se rebaja a "una subsecretaría reservada para que el nuevo ministro del Interior utilice como garantía de negociación con las provincias". La permanencia de Diógenes de Urquiza Anchorena en ese cargo se mantendrá "hasta febrero, al menos". El Ministerio de Seguridad conservará competencias vinculadas a "seguridad interior, preservación de derechos y garantías, política migratoria, dirección y coordinación de las fuerzas policiales y de seguridad", además del "control fronterizo y la aplicación de la Ley de Manejo del Fuego".
Sin embargo, mientras la Dirección Nacional de Migraciones continuará bajo su órbita, los Centros de Frontera volverán al Ministerio del Interior, lo cual recentraliza la administración política de los pasos fronterizos en manos de Santilli. La decisión de publicar el decreto en esta fecha no fue automática. En Casa Rosada, admiten que hubo dudas hasta último momento: "No hay forma de que salga mañana. Hay altas chances de que se publique la próxima semana", evaluaron funcionarios en diálogo con Infobae antes de la firma final. Sin embargo, se resolvió incluirlo en la edición del 20 de noviembre tras "varias reuniones de equipos".
Además, Santilli pidió la creación de un área con funciones similares a Enlace Parlamentario, destinada a "aceitar la articulación con el Poder Legislativo". También reclamó incorporar un área de comunicación propia, en paralelo con otro cambio sustancial: "Con la absorción de la Secretaría de Comunicación y Medios, que antes respondía a Presidencia, el ministro coordinador absorberá las atribuciones de la Vocería Presidencial y mantendrá la competencia sobre los Medios Públicos."
Mientras tanto, las salidas legislativas de Patricia Bullrich y Luis Petri, quienes ocuparán bancas desde el 10 de diciembre, obligarán a "implementar nuevos cambios", y se esperan movimientos en "otros organismos menores dependientes de Jefatura de Gabinete". Las definiciones quedarán "para el futuro", según fuentes oficiales. Aunque el Gobierno intenta mostrar las modificaciones como simples reasignaciones técnico-administrativas, el trasfondo expone una creciente concentración de competencias estratégicas -identidad, fronteras, medios públicos, relación con el Congreso- en áreas controladas por el oficialismo sin pasar por debate legislativo.
El uso reiterado de DNU para moldear el funcionamiento del Estado, sumado a decisiones que se anuncian, se corrigen y se reescriben en cuestión de semanas, comienza a configurar no solo un organigrama inestable, sino un modelo de gestión guiado más por la disputa interna de poder que por una planificación institucional transparente.