El Gobierno de Javier Milei volvió a recurrir a una maniobra que ya había sido denunciada como inconstitucional: promulgó dos leyes aprobadas por el Congreso, pero suspendió su aplicación bajo el argumento de que "no hay plata". A través de los decretos 759 y 760, publicados este martes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dispuso la promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795) y de la Ley de Emergencia Pediátrica (N° 27.796), pero aclaró que ambas quedarán "en suspenso" hasta que el Congreso "delimite las fuentes de financiamiento e incluya las partidas correspondientes en el Presupuesto Nacional".
La medida se conoció justo cuando vencía el plazo de diez días hábiles para promulgar las normas, luego de que el Senado insistiera con las leyes que el propio Milei había vetado a comienzos de octubre. En los textos publicados, el Ejecutivo argumenta que "corresponde promulgar la ley", pero advierte que su ejecución "quedará suspendida hasta tanto el Congreso determine las fuentes de financiamiento e incluya en el presupuesto nacional las partidas que permitan afrontar las erogaciones que su implementación requiere".
El razonamiento, ya utilizado en otros casos, repite la fórmula del decreto con el que el Gobierno había bloqueado semanas atrás la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, también aprobada por insistencia parlamentaria. En ese entonces, la Casa Rosada apeló al artículo 5 de la Ley 24.629, que prevé que ninguna ley que implique gastos podrá ejecutarse sin partidas presupuestarias expresas. Sin embargo, tanto en el caso universitario como en el pediátrico, las leyes establecen mecanismos concretos de financiamiento.
La norma universitaria dispone la actualización automática de los gastos en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y autoriza al Ejecutivo a disponer los créditos necesarios "sin afectar la coparticipación federal ni los aportes del Tesoro nacional". A su vez, prevé que "la presente ley podrá financiarse con los incrementos de ingresos corrientes recaudados por encima de los montos presupuestados". Por su parte, la Ley de Emergencia Pediátrica ordena la "asignación prioritaria e inmediata" de recursos destinados a medicamentos, vacunas, infraestructura, insumos críticos y recomposición salarial del personal de salud infantil.
También declara al Hospital Garrahan como centro de referencia nacional y dispone la exención del impuesto a las ganancias para los trabajadores sanitarios que realicen guardias, horas extras o tareas críticas. Lejos de cumplir con esa letra, el Poder Ejecutivo sostuvo que las normas "carecen de fuentes de financiamiento" y que su ejecución solo podría "llevarse adelante desfinanciando programas esenciales de salud". Además, acusó al Congreso de "avasallar las potestades propias de la Administración Nacional", al considerar que las leyes "lesionan la división de poderes y el sistema de frenos y contrapesos que constituye la base del orden constitucional argentino".
Como consecuencia, los gremios universitarios y los trabajadores del Hospital Garrahan realizarán este martes un paro nacional con movilización a Plaza de Mayo desde las 16, donde confluirán también colectivos de personas con discapacidad. "El gobierno viola la ley, mientras reconoce la deuda con los trabajadores", denunciaron desde la Conadu Histórica. En el plano judicial, el diputado Esteban Paulón, quien ya había denunciado al Ejecutivo por incumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad, confirmó la ampliación de la acusación. "Ante el incumplimiento, el tiempo de la justicia. Hoy ampliaremos la denuncia por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público contra Javier Milei, Guillermo Francos, Mario Lugones y se sumará Sandra Pettovello. ¡Las leyes están para cumplirse!", escribió el legislador en X.