El debate sobre la ley de Régimen Penal Juvenil está prendido fuego y está lejos de resolverse. En este contexto, las declaraciones de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, generan inquietud por el tono categórico y la dirección que el Gobierno nacional busca imprimirle al proyecto.
Monteoliva defendió la baja de la edad de imputabilidad, proponiendo incluso un límite inferior al establecido en el proyecto oficial que fija los 13 años como edad mínima. "La baja de la edad de imputabilidad es clave. Ojalá logremos que se establezca a los 13 o 14 años, pero creo que incluso debería ser menos", afirmó en declaraciones a Radio La Red.
La postura punitivista de la Ministra abre interrogantes sobre el respeto a los derechos de los menores pero también sobre el impacto real que esta medida podría tener en la prevención del delito.
La ministra justificó su postura al señalar que la legislación actual, vigente desde 1980, está desfasada frente a la evolución de las organizaciones criminales: "Tenemos una ley de 1980, mientras que las organizaciones criminales han cambiado. Hoy reclutan chicos y la evidencia muestra que esas estructuras han mutado", sostuvo Monteoliva. Sin embargo, su énfasis en endurecer el régimen penal juvenil ignora por completo las raíces estructurales y sociales que llevan a menores a involucrarse en actividades delictivas que van desde el creciente desempleo hasta la desfinanciación del sistema educativo argentino llevado a cabo en gran parte por el gobierno de Javier Milei.
Por su parte, Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia, reforzó esta postura al calificar el régimen actual como "malísimo" e "injusto para la víctima y también para el menor". El funcionario insistió en que el proyecto busca terminar con la impunidad, afirmando: "Basta de impunidad. Comete delitos de mayores, penas de menores. El sistema tiene que dar justicia". Si bien estas palabras apuntan a una reforma necesaria, su tono punitivo deja poco espacio para un abordaje integral que contemple prevención y rehabilitación de los y las chicas que delinquen.
Cúneo Libarona también hizo referencia a casos recientes protagonizados por adolescentes y argumentó: "Tuvimos hechos sangrientos protagonizados por chicos de 12 a 15 años que comprenden perfectamente lo que hacen. Hay dolo, voluntad y conciencia", expresó contundentemente.
El discurso oficial de las fuerzas del cielo junto a Alejandra Monteoliva parece más enfocado en transmitir firmeza política que en ofrecer soluciones efectivas y equilibradas para las adolescencias que pasan los momentos más críticos en cuanto al poco acceso a la educación, a la salud y a la economía del hogar estable. La baja de la edad de imputabilidad en este contexto no es más que un retroceso en términos de derechos humanos y políticas inclusivas. Además, se corre el riesgo de desviar el foco del debate hacia medidas represivas en lugar de abordar las causas estructurales del delito juvenil.