Conflicto inminente
28 Enero de 2026 10:43
El escenario político y social de Argentina está al rojo vivo. Con el comienzo del 2026, la tensión entre el gobierno de Javier Milei y los trabajadores organizados en sindicatos y gremios se intensifica. Febrero se perfila como un mes clave, con una agenda cargada de paros, movilizaciones y medidas de fuerza que buscarán ponerle un freno a las políticas de ajuste y a la controvertida reforma laboral que impulsa el oficialismo.
Los trabajadores, en pie de lucha, están decididos a no ceder ante el ataque directo a los derechos laborales y la posibilidad de organizarse políticamente en gremios y sindicatos. Desde los controladores aéreos hasta los gremios del transporte público, pasando por los estatales y los metalúrgicos, el movimiento obrero se organiza para enfrentar la ofensiva contra las conquistas históricas del sector.
La CGT y la UOM definen su estrategia
La Confederación General del Trabajo (CGT) enfrenta un dilema estratégico. Con la presión creciente desde sus bases y gremios como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la central obrera deberá decidir si convoca a un paro general o si opta por una estrategia más gradual, ambas posturas que por ahora se discuten puertas adentro y que generan rispideces en las bases sindicales: la reforma laboral y la escalada de conflictos sectoriales ponen a prueba la unidad del movimiento sindical que viene de movilizar en los últimos días de diciembre.
Por su parte, la UOM se encuentra en estado de alerta y movilización. Pero los metalúrgicos fueron claros: no permitirán que se avasallen sus derechos adquiridos. La posibilidad de un paro general liderado por la CGT podría ser el punto culminante de un febrero cargado de tensiones pero habrá que esperar negociaciones, sobre todo con el sector de La Libertad Avanza que está cada vez más cerrado a recibir opiniones.
UTA: el transporte público en vilo
En el ámbito del transporte automotor, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) mantiene una tensa negociación con las cámaras empresarias. El gremio exige un aumento salarial que eleve el básico por encima de $1.550.000, pero las ofertas recibidas hasta ahora fueron paupérrimas e insuficientes.
La próxima audiencia está programada para el 30 de enero, pero si no hay avances significativos, los usuarios del transporte público podrían enfrentar un paro generalizado. Las empresas, por su parte, argumentan que los aumentos sólo serían viables con más subsidios o subas en las tarifas, lo que añade un nuevo ingrediente al conflicto.
Paro de ATE como punta de lanza
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ya marcó su postura con claridad. El 11 de febrero será la fecha clave en la que este gremio liderará un paro general en rechazo a la reforma laboral que se debatirá en el Senado. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, no dejó lugar a dudas: "Ir al paro el día que se trate la reforma laboral es absolutamente necesario y obligatorio para el movimiento obrero".
La medida no será aislada. El Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas evalúa acciones conjuntas en todo el país. Organismos como PAMI, ANSES, Vialidad Nacional y el Hospital Garrahan se sumarían a esta huelga, que busca visibilizar el impacto que tendría la reforma sobre los derechos laborales del sector público.
Controladores aéreos: un conflicto en las alturas
El sector aeronáutico también se suma al clima de agitación. La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) anunció medidas de fuerza tras el fracaso de las negociaciones salariales con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). Aunque aún no hay fechas confirmadas, los paros podrían afectar vuelos en plena temporada alta que buscará un impacto en el área económica manejada por Luis Caputo.
En esa línea, desde ATEPSA denuncian incumplimientos desde agosto del año pasado y acusan a las autoridades de falta de voluntad política para el diálogo. El gremio asegura que las medidas serán legítimas y necesarias para defender los derechos de los trabajadores.
Focos de conflicto en las provincias: Entre Ríos y Santa Cruz prendidas fuego
La conflictividad gremial está a flor de piel a nivel nacional. En Entre Ríos, un enfrentamiento entre facciones del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) derivó en una intervención policial para liberar el acceso al Puerto de Concepción del Uruguay. El operativo dejó varios agentes heridos y seis personas detenidas, mientras los gremios denuncian represión y advierten sobre posibles protestas en otros puertos del país.
En Santa Cruz, el conflicto se centra en el sector educativo. El gobierno provincial aplicó una multa millonaria al gremio docente ADOSAC por no acatar una conciliación obligatoria. La tensión amenaza con retrasar el inicio del ciclo lectivo si no se reabren las paritarias ni se revierten los descuentos salariales.
Así las cosas, el gobierno de las fuerzas del cielo de Javier Milei enfrenta un panorama complejo. Con una reforma laboral que busca avanzar en el Congreso y una creciente presión sindical en las calles, febrero será un mes decisivo para medir la capacidad del oficialismo en materia política y económicas. Mientras tanto, los trabajadores organizados están decididos a dar batalla para defender sus derechos.
