La abogada boliviana Nadia Beller Delgadillo, ex pareja del consultor Fernando Cerimedo y sobreviviente de un ataque a balazos perpetrado por sicarios en Santa Cruz de la Sierra, declaró este miércoles como testigo en la causa ANDIS, que investiga un presunto entramado de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad durante la gestión libertaria.
La declaración fue tomada por el fiscal federal Franco Picardi de manera virtual desde la sede de la Procuración General de la Nación. Beller prestó testimonio desde Bolivia, donde permanece por razones de salud y seguridad, con la colaboración de la Fiscalía General del Estado Plurinacional de Bolivia.
Según trascendió de fuentes judiciales, la abogada respondió preguntas durante aproximadamente una hora y habría aportado nueva información considerada relevante para la investigación. Sin embargo, el contenido puntual de su declaración permanece bajo estricta reserva.
Tras finalizar la testimonial, Beller habló con la prensa al salir de la fiscalía boliviana. Lo hizo escoltada por efectivos policiales y con un chaleco antibalas. Allí confirmó que puso a disposición de la Justicia argentina el contenido de su teléfono celular: "Todo lo que está en mi celular se ha puesto a disposición del Ministerio Público argentino; ellos ya verán si lo requieren o no", aseguró al ser consultada por las grabaciones que afirmó tener almacenadas en el dispositivo.
En ese sentido, explicó cuál fue el alcance de su presentación ante los investigadores argentinos: "Lo que hice fue ratificar lo que ya había dicho a la prensa argentina y poner a disposición el desdoblamiento de mi celular que están haciendo acá en Bolivia para que ellos puedan extraer lo que crean pertinente para su causa".
A último momento, además, quedó descartada la participación de los abogados de los acusados en la audiencia. Las autoridades bolivianas rechazaron la presencia de los defensores amparándose en la legislación de ese país, que no permite su intervención en este tipo de declaración.
La convocatoria de Beller surgió luego de una serie de manifestaciones públicas en las que aseguró contar con evidencias y datos vinculados con el expediente que tramita en Buenos Aires. Entre otras cuestiones, afirmó poseer grabaciones de Cerimedo hablando sobre presuntos hechos de corrupción en el Gobierno argentino.
La abogada también señaló a Natalia Basil, pareja de Cerimedo en la Argentina y ex funcionaria de la ANDIS, como la persona que habría filtrado los audios atribuidos al entonces titular del organismo, Diego Spagnuolo, que terminaron por destapar el escándalo.
De acuerdo con el relato público de Beller, habría sido el propio Cerimedo quien le confió que Basil estuvo detrás de la difusión de esos registros. Las grabaciones atribuidas a Spagnuolo son actualmente sometidas a un peritaje ordenado por el juez federal Ariel Lijo, con el objetivo de determinar su origen y autenticidad.
La declaración de Beller se produjo, además, en un momento clave de la investigación. Este martes, la Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos de Spagnuolo y otros 18 exfuncionarios, intermediarios y empresarios involucrados en el expediente. De esta manera, los acusados quedaron un paso más cerca de afrontar un juicio oral por presuntas maniobras relacionadas con direccionamiento de contratos, sobreprecios y coimas.
La investigación judicial apunta a determinar qué ocurrió entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 dentro de la ex ANDIS, organismo que dependió del Ministerio de Salud de la Nación hasta su disolución.
La hipótesis principal de la fiscalía sostiene que dentro de la agencia habría funcionado una organización integrada por funcionarios públicos, lobistas y empresarios, destinada a manipular determinadas contrataciones estatales.
Según la acusación, los involucrados habrían direccionado licitaciones y compras de medicamentos de alto costo y baja incidencia, conocidos como PACBI. Se trata de insumos destinados a pacientes con enfermedades graves o crónicas y a personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad social.
Los investigadores sostienen que el mecanismo habría permitido cartelizar adjudicaciones en beneficio de un grupo determinado de droguerías vinculadas con integrantes de la conducción del organismo. Los contratos presuntamente direccionados incluían sobreprecios, de los cuales posteriormente habrían salido los fondos destinados al pago de sobornos.
Hasta el momento, la Justicia argentina identificó a 49 personas físicas y más de 25 sociedades comerciales presuntamente relacionadas con las maniobras investigadas.
Entre quienes fueron señalados como presuntos jefes de la asociación ilícita aparecen el exdirector de la ANDIS Diego Spagnuolo; quien fuera su segundo, Daniel María Garbellini; y los lobistas Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian.
Los acusados también fueron procesados por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública, fraude en perjuicio de la administración estatal, cohecho y lavado de activos.
Ahora, el material que Beller aseguró haber puesto a disposición de la Justicia argentina podría abrir una nueva línea dentro de un expediente que ya tiene decenas de personas y empresas bajo investigación. Será la fiscalía la que deberá determinar si la información extraída de su teléfono tiene relación directa con las maniobras investigadas y si puede incorporarse como evidencia en la causa.