En un país donde los precios parecen ser lo único que no deja de crecer, el reciente anuncio del gobierno liderado por Javier Milei sobre un aumento de $9.000 para los jubilados no es más que otro capítulo en la novela de la indiferencia política hacia los sectores más vulnerables.
El haber mínimo pasará a $359.079,69, y si se considera el bono extraordinario de $70.000, podría llegar a $429.079,69. Sin embargo, esta cifra, que a primera vista podría parecer un alivio, pierde todo su brillo al enfrentarse con la realidad de los precios en los supermercados y el costo de vida actual.
¿Qué significa este aumento cuando un kilo de carne picada especial cuesta $4.319,90 y un litro de leche descremada ronda los $1.105? Es decir, el aumento apenas cubre unas pocas compras mínimas y deja al jubilado en la misma situación de precariedad.
Para ilustrar el nivel de desconexión entre las políticas públicas y las necesidades reales, basta con revisar algunos precios actuales de productos básicos en supermercados como Coto:
- Arroz largo fino (1 kg): $1.755
- Azúcar (1 kg): $1.399
- Aceite de girasol (900 ml): $1.373
- Yerba mate (1 kg): $1.399
- Fideos (500 g): $1.092
- Leche descremada (1 L): $1.105
- Carne picada especial (1 kg): $4.319,90
- Pollo entero (1 kg): $1.649,93
- Filet de merluza (1 kg): $5.599
Si se suman estos productos esenciales, una canasta básica mínima supera fácilmente los $28.000 mensuales, y eso sin incluir frutas, verduras, medicamentos o productos de limpieza. Entonces, ¿qué puede hacer un jubilado con un aumento de $9.000? La respuesta es simple: muy poco.
La situación es aún más alarmante para quienes reciben pensiones no contributivas o la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Con el aumento, la PUAM se ubicará en $287.268,02 y las pensiones por invalidez o vejez en $251.369,68. Incluso con el bono extraordinario anunciado, estos montos son insuficientes para enfrentar el costo de vida actual.
El gobierno insiste en presentar estos aumentos como una "mejora" en los ingresos de los jubilados y pensionados, pero los números cuentan otra historia. Según datos oficiales, la inflación acumulada ya ha pulverizado cualquier intento de recomposición salarial. El ajuste del 2,8% es apenas un gesto simbólico que no resuelve el problema de fondo: la falta de políticas estructurales que protejan a los adultos mayores.
Mientras tanto, los precios en las góndolas siguen subiendo sin control, dejando a los adultos mayores en una situación cada vez más desesperante. La ironía es evidente: aquellos que trabajaron toda su vida para construir Argentina ahora deben sobrevivir con migajas en su vejez.