El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), institución clave para garantizar la seguridad y calidad de los alimentos y bebidas en Argentina, volvió a ser atacado por la motosierra del gobierno de Javier Milei. La reciente resolución de su Consejo Directivo oficializa que cesen los servicios sistematizados que, hasta ahora, funcionaban como un pilar fundamental para el control técnico independiente en un sector crítico para la salud pública.
La decisión, que marca un nuevo capítulo en el desmantelamiento de áreas estratégicas del Estado, golpea directamente al sistema de validación técnica de alimentos y bebidas. El texto oficial, expuso: "La cesación de la prestación por parte del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI) de los servicios sistematizados detallados en el Anexo I (...) se hará efectiva a partir de la publicación de la presente", dispuso con una implicancia desfavorable para la ciudadanía argentina: implica que una amplia gama de ensayos y prestaciones técnicas dejarán de estar disponibles, afectando tanto a empresas como a organismos de control y consumidores.
Entre los servicios que el INTI dejará de prestar se encuentran análisis fundamentales para garantizar la calidad y seguridad alimentaria:
- Evaluaciones de aditivos, antioxidantes y edulcorantes
- Estudios de vida útil y perfil sensorial de productos
- Determinaciones sobre contaminantes como micotoxinas
- Medición de textura, color y propiedades funcionales de alimentos
- Análisis de compuestos específicos en carnes, lácteos, aceites, bebidas y productos procesados
- Controles sobre sustancias como aspartamo, sucralosa y acesulfame K
- Estudios cromatográficos y validaciones técnicas para la industria
Estos servicios no solo eran esenciales para garantizar estándares técnicos en el mercado interno, sino que también servían como herramientas independientes para verificar la calidad y composición de los productos que llegan a las mesas de los argentinos.
Así las cosas, la resolución establece un marco de transición que busca cumplir los compromisos contractuales vigentes hasta su finalización. Sin embargo, este alcance es limitado y,palabras más, palabras menos, no contempla una solución integral para las necesidades del sector.
Lo cierto es que no hay que olvidar que desde 2024, el organismo sufre una serie de recortes que incluyen la pérdida de funciones en metrología legal y calibración, paralización de convenios para los y las trabajadoras, falta de financiamiento operativo e imposibilidad de sostener actividades básicas como visitas técnicas a empresas; ahora, la eliminación de servicios vinculados al control alimentario refuerza esta tendencia hacia el desmantelamiento.
Si bien el documento oficial alega que este desguace es un plan para garantizar "la finalización ordenada de los servicios", el "resguardo documental" y la "preservación de los registros técnicos", no se especifica cuáles serán las capacidades críticas que se mantendrán ni bajo qué esquema operativo continuarán funcionando y eso, es lo verdaderamente preocupante.