El Ministerio de Salud de Río Negro confirmó la notificación al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de un caso sospechoso asociado al fentanilo contaminado. El paciente permanece internado en un hospital privado y las autoridades provinciales informaron que "el caso se encuentra en proceso de investigación epidemiológica con el fin de recabar más información sobre resultados de laboratorio y antecedentes epidemiológicos". Desde el 13 de mayo, cuando la ANMAT prohibió la comercialización de las ampollas adulteradas, Río Negro retiró 45 mil unidades tanto en hospitales públicos como en clínicas privadas. "Tal lo dispuesto por los organismos nacionales intervinientes, estos elementos se encuentran a resguardo en los hospitales, retirados de circulación, hasta tanto se determine su depósito final", detalló la cartera sanitaria.
Con este caso, ya son seis las jurisdicciones que informaron episodios sospechosos o confirmados: Santa Fe, Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba y ahora Río Negro. El último Boletín Epidemiológico Nacional señala que tanto Córdoba como Río Negro tienen situaciones en evaluación, mientras que las muertes a nivel país ya alcanzan las 96, con nueve fallecimientos más bajo análisis en Bahía Blanca. En este triste y trágico contexto, la abogada Adriana Francese, representante de familiares de pacientes fallecidos, fue categórica: "Se pidió la investigación de los funcionarios que sabían lo que pasaba. Nunca se protegió el bien de la salud como se debía".
En diálogo con radio Splendid AM 990, señaló que ya antes de que se conocieran los primeros casos "se notaba una actividad precaria por parte del laboratorio HLB Pharma". En esa línea, apuntó directamente contra Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma y Ramallo S.A. "Se cometieron muchos errores al fabricar este lote contaminado. Son fallas críticas que debieron tenerse en cuenta para que esto no sucediera", aseguró. Y reveló que aunque se evaluó la exhumación de algunos cuerpos, finalmente no se llevó adelante: "Por eso mismo se están peritando historias clínicas de las víctimas".
Francese también expuso la responsabilidad de la ANMAT: "No se hizo lo que se debía hacer. Nunca se protegió el bien de la salud como se debía". Y concluyó con una advertencia: "La querella también pidió la investigación de los funcionarios que sabían lo que estaba pasando". El lunes comenzaron las pericias de 20 historias clínicas en manos del Cuerpo Médico de la Corte Suprema, con el objetivo de confirmar si los fallecimientos fueron consecuencia de fallas multiorgánicas derivadas del fentanilo adulterado con Klebsiella pneumoniae y Ralstonia.
El Instituto Malbrán deberá determinar cómo se produjo la adulteración de las ampollas, una respuesta crucial para la causa. Estos informes serán decisivos: si confirman la vinculación directa, el juez Ernesto Kreplak podría imputar a García Furfaro y a todo su equipo. Un documento, que está en manos de la Justicia, revela que una comisión de la ANMAT había detectado "deficiencias significativas clasificadas como críticas y mayores" en el laboratorio Ramallo apenas días antes de que comenzara a elaborarse el lote cuestionado, el 18 de diciembre. Las irregularidades incluían problemas graves en validación de procesos, documentación, control de calidad, depósitos y hasta en recursos humanos. "Los incumplimientos comprometen la calidad, seguridad y eficacia de los productos elaborados", alertaba el escrito.
Sin embargo, el informe oficial de aquella inspección recién fue presentado en febrero de este año, cuando las ampollas ya habían llegado a miles de pacientes. Para las familias, esa demora fue letal.