El gobierno de Javier Milei enciende las alarmas con una decisión que promete cambiar radicalmente el panorama energético y sanitario de Argentina. En una medida irresponsable y peligrosa, el Ejecutivo avanzó en la privatización de cuatro centrales hidroeléctricas clave y en la venta del 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).
A través del decreto 590/2025, Milei autorizó la transferencia y licitación de las acciones de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, cuatro represas hidroeléctricas ubicadas en la Patagonia que generan una parte crucial de la electricidad del país. Estas centrales, hasta ahora administradas por Energía Argentina S.A. (Enarsa), pasarán primero a la Secretaría de Energía, que llevará adelante el proceso de venta mediante un concurso público nacional e internacional.
El cronograma de licitación es alarmante: en un plazo de apenas 60 días, el gobierno se propone lanzar una convocatoria para adjudicar las acciones bajo los términos de la Ley de Reforma del Estado de 1989. Así, los recursos energéticos más importantes del país quedarán en manos privadas, con concesionarias como AES Argentina, Enel Generación, Orazul Energy y Central Puerto operando bajo un esquema transitorio hasta fin de año o hasta que se concrete la venta.
Lo más preocupante es la velocidad con la que se está llevando a cabo este proceso. Las concesiones originales, aprobadas en 1993 por 30 años, vencieron en 2023 y fueron prorrogadas solo por unos meses en 2024. Ahora, bajo el decreto 718/204, el gobierno acelera una privatización que deja a los ciudadanos sin voz ni voto sobre el destino de un recurso vital para el desarrollo energético del país.
AySA: el agua en manos privadas
La situación con AySA no es menos alarmante. Según la Resolución 1198/2025 del Ministerio de Economía, el gobierno inició la venta del 90% de las acciones de la empresa al sector privado, dejando solo un 10% bajo control de los trabajadores a través del programa de propiedad participada. Esto significa que prácticamente todo el sistema de agua potable y saneamiento del país quedará bajo la órbita de empresas privadas, cuyo principal interés será maximizar ganancias, no garantizar el acceso universal al agua sobre todo a poblaciones históricamente vulneradas como aquella que vive en barrios populares.
El proceso de privatización incluye una tasación que será realizada por organismos públicos nacionales, provinciales o municipales. Sin embargo, ya se informó que el Tribunal de Tasaciones no puede completar esta tarea en un tiempo razonable, lo que abre la puerta a entidades internacionales o privadas para intervenir en la valuación.
El esquema combina dos instrumentos regulados por la Comisión Nacional de Valores (CNV) para colocar las acciones restantes en los mercados locales. Esto quiere decir que el agua, el recurso más esencial para la vida, será tratado como un activo financiero más, sujeto a las reglas del mercado y a los vaivenes de los intereses corporativos.