El escándalo por los créditos del Banco Nación sigue escalando y ya no se trata de casos aislados. Lo que emerge es un patrón: una red de funcionarios, dirigentes y familiares del poder que accedieron a financiamiento millonario en condiciones que, para la mayoría de la sociedad, resultan directamente inaccesibles. En ese entramado, el apellido Menem vuelve a quedar en el centro de la escena. A los 357 millones de pesos obtenidos por Sharif Menem, de apenas 24 años, sobrino de Martín y "Lule" Menem, se suma ahora el caso de su hermana, Nazarena Menem, de 26 años, quien accedió a un crédito de 236 millones de pesos en agosto de 2025.
En apenas seis meses, ambos acumularon préstamos por casi 600 millones. De acuerdo a lo informado por Página 12, los números, por sí solos, abren interrogantes. Nazarena cuenta con una única experiencia laboral en la Auditoría General de la Nación, donde ingresó hace menos de cuatro años y fue incorporada a planta permanente. Su salario, como auxiliar administrativa, no superaría los 2,5 millones de pesos mensuales.
Aun así, logró acceder a un crédito a tasa preferencial, en condiciones similares a las de su hermano. La explicación oficial llegó rápido, pero no alcanzó. Desde el Banco Nación, su titular, Darío Wasserman, aseguró que "no hubo irregularidades ni tratos preferenciales" y que todos los beneficiarios cumplieron con los requisitos de evaluación crediticia. Pero... ¿cómo perfiles con ingresos relativamente bajos acceden a montos que, en muchos casos, superan ampliamente cualquier parámetro bancario tradicional? Las dudas ya cruzaron el plano mediático y se instalaron en los tribunales.
La diputada Mónica Frade amplió su denuncia para incluir estos casos y otros dentro del oficialismo, apuntando directamente a posibles conflictos de interés y uso indebido de recursos públicos. "Ya estamos frente a claras violaciones a la norma", advirtió el economista Claudio Lozano, quien recordó que la Ley de Ética Pública prohíbe que quienes gobiernan utilicen instituciones estatales para beneficiarse. De los 27 mil créditos otorgados durante la gestión actual, alrededor de 11.200 fueron destinados a funcionarios libertarios, y cerca del 10% a dirigentes y legisladores del oficialismo. El promedio ronda los 101 millones de pesos por préstamo.
En paralelo, miles de solicitantes comunes ni siquiera logran calificar. El contraste se vuelve más evidente cuando se analizan otros casos. Funcionarios del área económica acumulan préstamos por cifras que superan los mil millones de pesos en conjunto. Algunos, incluso, habrían utilizado esos fondos para adquirir segundas o terceras propiedades, pese a que la línea crediticia está orientada a la vivienda única. En ese marco, el caso de Federico Furiase aparece como uno de los más sensibles: no solo accedió a un crédito millonario, sino que lo hizo mientras ocupaba cargos clave en el sistema financiero.
Para la oposición, se trata de un ejemplo claro de "negociaciones incompatibles" y posible uso de información privilegiada. La lista sigue creciendo: asesores, subsecretarios, funcionarios de confianza del Ministerio de Economía y dirigentes cercanos al oficialismo accedieron a financiamiento en condiciones que hoy están bajo la lupa. Incluso se detectaron casos donde los montos otorgados superaban hasta 50 veces la capacidad crediticia declarada. Mientras tanto, los pedidos de acceso a la información pública avanzan con lentitud. El diputado Esteban Paulón solicitó detalles al Banco Central y al Nación sobre los criterios de otorgamiento.
Pero a pesar de los insistentes pedidos, aún no obtuvo respuestas completas. La sospecha de discrecionalidad crece al ritmo del silencio oficial. El trasfondo político agrega otra capa de complejidad. Muchos de los beneficiarios son, al mismo tiempo, defensores activos del discurso libertario que promueve el achicamiento del Estado y cuestiona el gasto público. Sin embargo, cuando se trata de financiamiento, la banca estatal aparece como un recurso clave.