La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, redobló la confrontación política tras ser denunciada por "abuso de autoridad". A través de un video publicado en su cuenta de X, la funcionaria acusó directamente al kirchnerismo de estar detrás de "una operación de espionaje sin precedentes" vinculada a la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, hermana del presidente. "Estamos ante una de las operaciones de espionaje ilegal más peligrosas de la historia comandada por el kirchnerismo", comenzó Bullrich en su mensaje, y advirtió: "La Casa de Gobierno y la Presidencia de la Cámara de Diputados habrían sido infiltradas con grabaciones clandestinas, guardadas en silencio durante más de un año y difundidas ahora como un misil político en plena campaña electoral. Esto no es una mera filtración, es un ataque directo a la democracia argentina".
En su descargo, la ministra sostuvo que se trata de "una operación planificada" y comparó el episodio con el caso de Santiago Maldonado: "A dos meses de una elección, nos inventaron un muerto. Pasamos ochenta y dos días bajo una de las mentiras más brutales que se recuerden en democracia. Inventaron audios, inventaron testigos, inventaron una historia entera para destruir al gobierno". Y agregó: "Los mismos de aquella vez están repitiendo el mismo libreto".
Bullrich sostuvo que detrás de la maniobra hay "operaciones desde las cloacas de la inteligencia ilegal, con vínculos extranjeros, sembrando desconfianza y odio". "Cuando el kirchnerismo y sus cómplices se quedan sin ideas y la violencia no les alcanza, recurren a lo mismo de siempre. Pierden poder, inventan caos. Crean un clima de sospecha, de miedo, de incertidumbre. Esta vez llegaron más lejos que nunca, espiar en la propia Casa Rosada y en el Congreso de la Nación", señaló.
También alertó sobre la gravedad institucional de los hechos: "Esto es un ataque frontal a la república". "Los audios difundidos lo confirman. Dos poderes del estado habrían sido violados al mismo tiempo. Una gravedad inédita en la democracia argentina, y nuestra denuncia lo deja en evidencia. Su método está claro, obtención clandestina de audios, reserva durante meses y difusión escalonada en episodios, exactamente como una extorsión política", agregó.
En otro pasaje del video, cuestionó a aquellos periodistas y medios de comunicación que difundieron los audios: "Corresponde señalar con firmeza, los que difunden material ilegal no están informando, están operando, desinformando. Esa conducta es real malicia, ya lo dijo la Corte Suprema. Es elegir deliberadamente dañar, desestabilizar, manipular la opinión pública y extorsionar a la democracia". La funcionaria cerró con una advertencia: "Este gobierno no se va a arrodillar frente a las mafias ni frente a lo peor de la política. Tenemos un principio innegociable: el que las hace, las paga. Nadie está por encima de la ley".
Lo cierto es que el video de Bullrich se conoció pocas horas después de que el abogado Gregorio Dalbón, representante de Cristina Fernández de Kirchner, la denunciara penalmente por "abuso de autoridad". El letrado consideró que las demandas contra los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico -quienes participaron en la investigación que expuso los audios del ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo- constituyen un ataque directo a la libertad de prensa.
"La acción impulsada por el Ministerio de Seguridad se enfrenta con el artículo 14 de la Constitución Nacional, que asegura a todos los habitantes el derecho de publicar sus ideas sin censura previa", planteó Dalbón en la presentación judicial. Y añadió: "El Gobierno ha instrumentalizado la denuncia penal como herramienta de intimidación, con el objeto de amedrentar a periodistas y condicionar la libertad de prensa".
La denuncia también recuerda que "el pedido de allanamiento de medios de comunicación, el secuestro de equipos de trabajo y, particularmente, la pretensión de prohibir la difusión de información periodística configuran órdenes manifiestamente contrarias a la Constitución Nacional, en tanto vulneran de manera directa la libertad de expresión (arts. 14 y 32 CN) y el derecho constitucional al secreto de las fuentes periodísticas (art. 43 CN)". Mientras Bullrich busca instalar la hipótesis de un complot político, la causa judicial avanza en sentido opuesto, denunciando un acto de abuso de poder que, según Dalbón, "pone en jaque principios esenciales del sistema democrático".