Volantazo clave para el Gobierno de Javier Milei. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dejó sin efecto la medida cautelar que había suspendido la aplicación de la reforma laboral impulsada por el oficialismo. La decisión, adoptada por la Sala VIII del tribunal, otorga un respiro al Ejecutivo y permite que los artículos cuestionados de la Ley 27.802 vuelvan a entrar en vigencia mientras se resuelve el proceso judicial.
La causa judicial tuvo su génesis a partir de una acción presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT), que denunció la reforma como regresiva y contraria a los derechos laborales.
Es en ese contexto y en una primera instancia que el juez Enrique Ojeda había dado lugar a la medida cautelar, suspendiendo 83 artículos de la ley. Sin embargo, el Estado apeló la resolución y, tras una queja formal, logró que el tribunal modificara el efecto de la apelación de "devolutivo" a "suspensivo"; palabras más, palabras menos, esto significa que la cautelar queda sin efecto mientras se resuelve el fondo del asunto.
La clave de esta victoria libertaria judicial radica en el artículo 13 de la Ley 26.854, que regula las medidas cautelares contra el Estado: según los jueces María Dora González y Víctor Arturo Pesino, no se verificaron "supuestos excepcionales" que justificaran la suspensión de una norma sancionada por el Congreso. Además, destacaron que corresponde a "un tribunal colegiado evaluar la constitucionalidad de una ley", subrayando la importancia institucional del acto legislativo.
Desde el Gobierno todo es celebración y festejo, sobre todo desde las cuentas de X de Sandra Pettovello (Ministra de Capital Humano) y el mismísimo presidente que consideran como una oportunidad para avanzar con su agenda de reformas con la Ley 27.802 que busca reducir el mal llamado "tongo" de los juicios laborales y, según lo que alegan desde La Libertad Avanza, fomentar la formalización del empleo, aunque desde los sectores sindicales se denuncia que implica una pérdida de derechos adquiridos. Entre los puntos más polémicos se encuentran la motosierra a las indemnizaciones, las condiciones de contratación y las atribuciones sindicales.
Cabe destacar que el rol del Ministerio de Justicia, liderado por Juan Bautista Mahiques, fue central en esta estrategia judicial. Además de apelar la cautelar, el Gobierno presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema bajo la figura del "per saltum", buscando acelerar el tratamiento del caso en el máximo tribunal.
Mientras tanto, la CGT sigue firme en su postura y no descarta llevar el caso hasta las últimas instancias judiciales. La discusión sobre la reforma laboral todavía tiene mucha tela para cortar y, por qué no, podría llegar a la Corte Suprema, donde se definirá su futuro definitivo.