El proyecto de Presupuesto 2026 vuelve a poner a la educación pública en el centro del ajuste. Un informe elaborado por el Centro CEPA expuso que la iniciativa enviada por el Gobierno no solo reduce partidas clave, sino que avanza sobre pilares legales que durante décadas funcionaron como garantías mínimas para el desarrollo educativo, científico y tecnológico del país. De aprobarse sin cambios, el presupuesto consolidaría uno de los retrocesos más profundos desde la recuperación democrática.
Uno de los capítulos más críticos es el de la Educación Técnico Profesional. El Fondo Nacional de Educación Técnico Profesional (FoNETP) sufriría en 2026 una caída real acumulada del 93% respecto de lo ejecutado en 2023. La magnitud del recorte es acompañada por un vaciamiento progresivo del fondo, que pese a estar vigente por ley, tuvo ejecuciones irrisorias en los últimos años: 9,4% en 2024, 10,8% en 2025 y apenas un 3,5% previsto para 2026.
Según el informe, el mensaje es inequívoco: aun si no logra derogarlo formalmente, el Gobierno avanza en la eliminación del FoNETP en los hechos, desfinanciando a las escuelas técnicas y debilitando la formación de miles de estudiantes. El corazón del ajuste está condensado en el artículo 30 del proyecto presupuestario, que propone derogar tres pilares estratégicos del financiamiento educativo. Por un lado, elimina la garantía del 6% del PBI para educación establecida en la Ley de Educación Nacional. Por otro, anula la meta de inversión del 1% del PBI para ciencia y tecnología.
Finalmente, suprime el propio Fondo Nacional para Escuelas Técnicas, creado por la Ley 26.058 para asegurar recursos permanentes al sistema. El CEPA califica esta decisión como de "gravedad institucional", ya que implica desarmar por vía presupuestaria compromisos legales que expresan consensos históricos sobre el rol del Estado en educación y conocimiento. El ajuste no se limita a un sector puntual. La Función Educación y Cultura, en su conjunto, muestra una caída real del 47,3% entre lo efectivamente ejecutado en 2023 y lo proyectado para 2026. Se trata de uno de los recortes más profundos del gasto público y tiene impacto directo en todo el sistema educativo.
Las universidades nacionales, por ejemplo, enfrentarían una reducción real del 33,8% respecto de 2023, profundizando una crisis presupuestaria que ya se traduce en salarios licuados, dificultades para sostener el funcionamiento cotidiano y un deterioro acelerado de la calidad académica. A este escenario se suma un hecho que el informe define como un antecedente institucional alarmante. En octubre, el Poder Ejecutivo dictó un decreto que suspendió la ejecución de la ley de financiamiento universitario recientemente promulgada, alegando la falta de partidas presupuestarias.
La norma había sido sancionada por el Congreso y habilitaba explícitamente al Ejecutivo a reasignar créditos para su cumplimiento. Sin embargo, el Gobierno decidió paralizarla por decreto, un movimiento que especialistas califican como abiertamente inconstitucional y que refuerza la idea de un vaciamiento deliberado de la universidad pública bajo la gestión de Javier Milei, con la firma de la ministra Sandra Pettovello. El impacto del ajuste también se siente con fuerza en los estudiantes.
Los programas de becas y transferencias directas acumulan una caída real del 76,6% entre 2023 y lo proyectado para 2026, dejando a miles de jóvenes sin una herramienta clave para sostener su trayectoria educativa en un contexto de creciente deterioro social y económico. La ciencia y la tecnología, lejos de quedar al margen, completan el cuadro del recorte estructural. El presupuesto destinado a este sector sufriría una baja real del 48,8% respecto de lo ejecutado en 2023, debilitando organismos, programas de investigación y capacidades estratégicas construidas a lo largo de décadas.
La anulación de la meta del 1% del PBI para ciencia y tecnología termina de confirmar, según el CEPA, un cambio de rumbo que abandona cualquier horizonte de desarrollo basado en el conocimiento. En conjunto, el Presupuesto 2026 no aparece como un simple ajuste coyuntural, sino como una redefinición profunda del rol del Estado en educación, universidad y ciencia. Bajo el discurso del equilibrio fiscal, el proyecto avanza sobre leyes vigentes, desarma garantías históricas y consolida un modelo que traslada el costo del ajuste a uno de los pilares centrales del desarrollo nacional.