El juez federal Daniel Rafecas resolvió archivar la causa que investigaba al jefe de Gabinete Manuel Adorni por presunta malversación de caudales públicos, en un fallo que el Gobierno celebró con entusiasmo, pero que no logra disipar del todo el ruido político que rodeó el episodio desde su origen. La decisión se apoyó en el dictamen de la fiscal Alejandra Mangano, quien consideró que no existió delito en el traslado de Bettina Angeletti -esposa del funcionario- a Estados Unidos en el avión presidencial durante el evento "Argentina Week". Según la resolución, el viaje "no implicó un gasto adicional para el Estado" y se encuadró dentro de un uso válido de los recursos disponibles. El argumento central fue técnico: había asientos libres y la presencia de la acompañante no modificó los costos operativos.
Desde el punto de vista estrictamente legal, la conclusión es contundente. La fiscalía sostuvo que "el uso cuestionado de la aeronave presidencial fue en el marco de una misión oficial debidamente autorizada" y que "no se detectó desvío del propósito original de los fondos públicos". En la misma línea, se determinó que "no se verifican los extremos previstos en el artículo 260 del Código Penal", lo que dejó sin sustento la acusación de malversación.
Los datos técnicos reforzaron esa interpretación: el avión presidencial -un Boeing 757-200 con 39 plazas- voló con apenas 12 pasajeros en el tramo Buenos Aires-Miami y 14 en el trayecto hacia Nueva York. Además, no se registraron viáticos ni gastos adicionales a nombre de Angeletti. El juez incluso fue más allá al sostener que "no se requiere el dictado de acto administrativo alguno que autorizase su traslado en la aeronave presidencial", en referencia a su condición de invitada.
La reacción del oficialismo fue inmediata. En redes sociales, Adorni escribió: "El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene. Será Justicia. Fin". El presidente Javier Milei replicó el mensaje con una frase que dejó en claro el clima en Casa Rosada: "Esto empieza a ponerse lindo". El tono celebratorio, sin embargo, contrasta con la naturaleza del caso. Porque si bien la Justicia descartó delito, la discusión pública nunca se limitó a lo penal.
El punto más sensible sigue siendo político: ¿es aceptable que un funcionario utilice recursos del Estado para trasladar a un familiar, aun cuando no implique un costo adicional? La resolución judicial responde desde el derecho. Pero la pregunta persiste en el terreno de la ética pública, especialmente en un gobierno que construyó su identidad en torno a la crítica al uso "privilegiado" del aparato estatal. El argumento de los asientos vacíos puede ser jurídicamente válido, pero difícilmente cierre el debate sobre el criterio con el que se administran los bienes públicos.
Lo cierto es que lejos de significar un punto final, el archivo de esta causa convive con otras investigaciones que siguen activas en los tribunales federales. El juez Ariel Lijo concentra dos expedientes que involucran a Adorni: uno vinculado a un viaje a Uruguay y otro por presunto enriquecimiento ilícito. Ambas causas están delegadas en el fiscal Gerardo Pollicita. En este último caso, uno de los datos bajo análisis es el pago en efectivo de USD 8.874 por alojamiento en Aruba, en el marco de un viaje familiar. La Justicia ya dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario del funcionario y su esposa para reconstruir sus movimientos financieros.
El fallo de Rafecas representa un alivio concreto para el Gobierno en términos judiciales. Es, de hecho, el primer pronunciamiento favorable en una causa que involucra a un funcionario de alto rango desde el cambio de gestión en el Ministerio de Justicia.