Reuniones, tensión, diálogo y planes de acción frenéticos se avizoran en Casa Rosada desde donde se intensifican sus esfuerzos para garantizar la aprobación de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.
Con el objetivo de alcanzar los 37 votos necesarios en el Senado, el oficialismo busca persuadir a los gobernadores aliados, prometiendo supuestos beneficios fiscales y económicos que, según afirman, traerá consigo la controvertida iniciativa. Sin embargo, mientras el Ejecutivo redobla su ofensiva, la oposición liderada por la CGT se moviliza para frenar el retroceso en los derechos laborales de los y las trabajadoras argentinas.
Desde el Gobierno, el mensaje es claro: la reforma laboral es esencial para impulsar la economía, atraer inversiones y mejorar las condiciones de las provincias. Según el dictamen al que accedió el medio Ámbito, el Ministerio de Economía asegura que la aprobación de esta reforma permitirá "bajar el riesgo país" y otorgar a los gobernadores mejores condiciones para refinanciar (rollear) sus deudas. Además, destacan que se reduciría la litigiosidad laboral y se fomentaría la negociación directa entre empleadores y empleados a nivel empresarial o regional, lo que redundaría en un alivio para las arcas provinciales.
El proyecto también incluye modificaciones fiscales que, según el Gobierno, beneficiarían a las provincias. En un documento del Ministerio de Economía se explica que "se analizó el impacto fiscal del Proyecto de Ley de Modernización Laboral. Para el caso del Impuesto a las Ganancias, debe tenerse en cuenta que el impacto fiscal será efectivo a partir del año 2027, debido a que la medida alcanza los ejercicios fiscales iniciados a partir del 1 de enero de 2026". En la misma línea, se señala que "existe un impacto positivo durante el año 2026, por el régimen especial de facilidades de pago destinado a contribuyentes del Impuesto a las Ganancias que hayan computado quebrantos de ejercicios anteriores de manera incorrecta". Este régimen proyecta un ingreso adicional para las provincias de $160.249 millones en 2026...
Sin embargo, no todo es color de rosa. Los gobernadores ya manifestaron su preocupación por puntos sensibles del proyecto, como el artículo 188, que establece exenciones a las "ganancias derivadas del alquiler de inmuebles con destino a casa habitación", y el artículo 190, que reduce las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para las sociedades de capital en las escalas más altas, algo que podría generar una disminución significativa en los fondos coparticipables.
Consciente de las resistencias que genera la reforma laboral en algunos sectores, el Gobierno desplegó una estrategia política para sumar apoyo entre los gobernadores. El ministro del Interior, Diego Santilli, es el abanderado en esta tarea. Tras visitar Chubut y Córdoba, este lunes tiene previsto reunirse con Leandro Zdero, gobernador de Chaco y aliado electoral clave en las últimas elecciones legislativas. Durante la semana, Santilli también se encontrará con Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa, y Alfredo Cornejo, mandatario radical de Mendoza. Este último fue parte del Consejo de Mayo, donde se delinearon las bases del proyecto.
El mensaje que llevará Santilli a cada uno de estos encuentros es uno de conciliación: la Rosada está dispuesta a aceptar modificaciones al dictamen antes de su votación en el recinto. Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado, ya lo había anticipado y, según trascendió, estas modificaciones ya contarían con el visto bueno del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo.
Mientras tanto, la CGT redobla su oposición a la reforma laboral. El triunvirato liderado por Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo ya viajan por distintas provincias del país para sumar apoyos contra lo que consideran una iniciativa regresiva para los derechos laborales. Los sindicalistas visitarán Tucumán, Salta, Catamarca, Córdoba y Santa Fe antes de dirigirse al sur argentino para reunirse con los gobernadores de Río Negro, Chubut y Santa Cruz.
En esta línea, la central obrera manifestó su rechazo a varios puntos clave del proyecto. Entre ellos se encuentra el artículo 161, que reduce del 6% al 5% la contribución patronal destinada a las obras sociales sindicales. Según cálculos de los gremios, esta medida representaría una pérdida anual cercana a los 700 millones de dólares. Además, critican la limitación al derecho de huelga y los cambios en los aportes compulsivos destinados a financiar los sindicatos.
El tiempo apremia para Javier Milei y su gobierno. Con la prórroga de las sesiones extraordinarias en marcha y con febrero como fecha límite autoimpuesta para aprobar la reforma laboral en el Senado, las negociaciones entre Nación y las provincias se intensifican. Sin embargo, las diferencias persisten y no está claro si el oficialismo logrará alcanzar los ansiados 37 votos.