La gestión de Luis Petri al frente del Ministerio de Defensa enfrenta una tormenta política y administrativa que amenaza con desbordar su liderazgo. A días de un paro de 72 horas anunciado por los trabajadores de Coviara, la empresa constructora de la Armada, se acumulan las tensiones en un contexto marcado por la crisis en el sector militar y la posible caída de uno de los proyectos insignia del gobierno: la compra de los aviones F-16.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó que los empleados de Coviara realizarán un paro entre el 22 y el 24 de septiembre, en protesta por salarios dignos, paritarias y bonificaciones atrasadas, cargas sociales impagas, malas condiciones laborales y falta de información sobre el futuro de la empresa. La medida, que ya tuvo un antecedente en julio, marca un hito en la historia de Coviara, una entidad que nunca antes había enfrentado huelgas en sus 60 años de existencia.
El conflicto en Coviara se intensificó bajo la administración de Petri. Según fuentes internas, la empresa pasó de tener un ligero superávit anual a acumular una deuda de más de 1.200 millones de pesos con proveedores, mientras sus 38 empleados enfrentan retrasos salariales y la incertidumbre sobre sus puestos de trabajo. La situación llegó al extremo cuando, el pasado 25 de agosto, los trabajadores fueron notificados para decidir si aceptaban abandonar sus puestos y ser reubicados, sin detalles claros sobre las condiciones.
En respuesta al creciente descontento, el Ministerio de Defensa desplazó a Mario Katzenell, el funcionario responsable del área que supervisa Coviara, y designó a Luciana Carrasco como interventora. Sin embargo, esta medida es insuficiente y ATE ya exige una reunión urgente para garantizar el pago de salarios adeudados, frenar las políticas de ajuste y asegurar los puestos de trabajo.
El drama del Fondo de Defensa y los F-16
A la crisis en Coviara se suma otra preocupación que golpea directamente el corazón del proyecto político de Petri: la posible caída de la compra de los aviones F-16. Este programa, presentado como una pieza clave para el reequipamiento militar y la modernización de las Fuerzas Armadas, enfrenta serios obstáculos tras la decisión del gobierno de eliminar el Fondo para la Defensa (Fondef) del Presupuesto 2026.
El Fondef, establecido por la Ley 27.565 durante la gestión de Agustín Rossi, garantizaba un financiamiento progresivo para el reequipamiento militar mediante un porcentaje fijo del presupuesto nacional. Sin esta garantía, el fondo queda dependiente de donaciones privadas y financiamiento externo, lo que genera incertidumbre sobre su capacidad para sostener grandes adquisiciones como los F-16.
La operación, realizada bajo el Programa de Ventas Militares al Extranjero (FMS) de Estados Unidos, requiere pagos inmediatos que ahora parecen simplemente insostenibles. Además, las condiciones del acuerdo fueron manejadas bajo un "secreto militar" que aumenta las sospechas y la falta de transparencia. Es por eso que no hay certezas sobre si los aviones llegarán en el corto plazo.
El panorama se agrava con otros problemas estructurales que afectan a los uniformados desde la llegada al poder de Javier Milei y la designación de Petri como ministro. La obra social IOSFA enfrenta una grave crisis financiera que dejó sin cobertura a miles de militares para tratamientos esenciales. Cerca de 20 mil uniformados tienen que buscar trabajos adicionales debido al incumplimiento en la equiparación salarial prometida por el gobierno.
Al mismo tiempo, rumores sobre el cierre del Hospital Naval y la crisis en el Instituto Dámaso Centeno generan un clima de descontento que parece insostenible. La eliminación del Fondef no solo pone en riesgo proyectos como los F-16, sino también cualquier intento futuro de modernizar las Fuerzas Armadas.