El Senado aprobó este jueves una reforma del régimen de Zonas Frías que reduce el alcance territorial de los subsidios al gas y pone bajo revisión el acceso de hogares con personas con discapacidad. Aunque tengan Certificado Único de Discapacidad (CUD), las familias deberán esperar una evaluación posterior de la Secretaría de Energía para saber si califican.
La decisión encendió la indignación porque el certificado acredita una situación de discapacidad, pero no garantizará por sí solo el subsidio. El proyecto establece otros criterios para distintos grupos: los hogares con una Pensión Vitalicia para Veteranos de Malvinas o un Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP accederán automáticamente, mientras que aquellos con un integrante con CUD quedarán sujetos a revisión.
La iniciativa recibió 38 votos a favor, 8 en contra y ninguna abstención. La votación se realizó después de negociaciones entre el oficialismo y bloques aliados, que pidieron cambios al proyecto para acompañarlo; cabe recordar que el texto ya tenía media sanción de Diputados.
El peronismo no participó de la votación. Sus senadores se retiraron del recinto cuando comenzó el tratamiento de Zonas Frías: no hablaron los oradores previstos ni dieron quórum para esa discusión. José Mayans anunció que no continuarían en el recinto y reclamó una propuesta "que integre a todas las provincias".
La reforma reemplaza parte del criterio geográfico por una evaluación de ingresos y vulnerabilidad. En las zonas templadas e intermedias, el subsidio quedará focalizado en hogares con ingresos iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2 del INDEC, estimadas en unos $4,4 millones para una familia de cuatro integrantes.
También cambia el mapa de cobertura: Patagonia, Malargüe y la Puna conservarán el beneficio general, pero las regiones incorporadas al régimen en 2021 perderán ese criterio territorial amplio; allí el subsidio quedará limitado a los usuarios de menores ingresos que cumplan con las condiciones del nuevo esquema.
Hay otro cambio que puede impactar en el monto final: el descuento se aplicará solamente sobre el componente del precio del gas, y no sobre el total de la factura emitida por las distribuidoras. Así, incluso quienes califiquen podrían recibir una bonificación menor que la que suponía el régimen anterior.
El proyecto también prorroga hasta 2045 los incentivos para desarrollar energías renovables e incorpora un mecanismo para que las distribuidoras eléctricas regularicen deudas con CAMMESA. Pero el foco de la controversia quedó en el acceso al subsidio: para las personas con discapacidad, tener el CUD ya no alcanza para entrar automáticamente; ahora la Secretaría de Energía deberá decidir si cada hogar cumple los requisitos. La situación deja una dolorosa pregunta abierta: por qué la discapacidad se convirtió en una condición a revisar antes de garantizar un alivio en la factura del gas.