La causa que estremece a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ya no es un cúmulo de sospechas, sino un entramado detallado de presunta corrupción estructural que habría operado durante casi dos años en perjuicio directo de uno de los sectores más vulnerables del país: las personas con discapacidad que dependen del programa Incluir Salud. El fiscal federal Franco Picardi, a cargo de la investigación, calificó los hechos como "graves hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad", y pidió la indagatoria y detención de varios exfuncionarios, entre ellos el exdirector del organismo, Diego Spagnuolo.
El juez Sebastián Casanello lo convocó a declarar el próximo 19 de noviembre, y ordenó una batería de medidas que incluyen secuestro de dispositivos electrónicos, allanamientos y citaciones para un total de 15 imputados. Entre los señalados figuran exautoridades de la ANDIS, operadores informales y empresarios del sector farmacéutico. La lista incluye a Spagnuolo, al exdirector de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel Garbellini, a Miguel Ángel Calvete, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno, Pablo Atchabahian y otros nombres que entrecruzan la función pública con intereses privados.
El corazón de la causa es demoledor: Picardi detectó una organización delictiva destinada a direccionar compulsas de precios para beneficiar a un puñado de droguerías -Profarma, Génesis, New Farma y Floresta- mediante sobreprecios escandalosos y presuntos pagos de coimas. La maniobra generó adjudicaciones irregulares superiores a los 43.000 millones de pesos en un solo año. Medicamentos cuyo valor real en compulsas abiertas rondaba los $400.000 llegaron a adjudicarse por más de $8 millones días después. En otros casos, tratamientos de alto costo duplicaron o triplicaron su valor según el circuito trucho en el que fueran colocados.
Pero la gravedad no termina ahí. De acuerdo a la fiscalía, Spagnuolo y Garbellini "permitieron que personas ajenas a la ANDIS tomaran decisiones sobre asuntos públicos", delegando incluso la administración de recursos del Estado en operadores informales. Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian manejaban el organismo desde afuera como si fueran funcionarios: impartían órdenes, decidían adjudicaciones e incluso colocaron su propio personal dentro de la estructura estatal. Entre ellos, Lorena Di Giorno y Eduardo "Pino" González, mientras que Luciana Ferrari -empleada de Roche- operaba el sistema informático de ANDIS desde fuera del edificio con usuario y clave.
El nivel empresarial tampoco queda exento: Andrés Arnaudo (Génesis), Ruth Lozano (Profarma), Patricio Rama (New Farma) y Silvana Escudero y Alejandro Fuentes (Floresta) coordinaban roles para simular competencia en compulsas reducidas que ya estaban digitadas. El mecanismo era tan aceitado que dos droguerías ofertaban en serio y las otras dos acompañaban la ficción de una puja que nunca existió. Los beneficios ilícitos circularon de forma sistemática.
Según la fiscalía, Spagnuolo recibió al menos $5 millones para un viaje a Israel y guardaba US$ 82.000 no declarados en una caja de seguridad, además de una máquina cuenta-billetes en su casa. Garbellini, mientras tanto, realizaba obras millonarias en su vivienda y acumulaba gastos extraordinarios, muy por encima de su salario. En la estructura financiera del presunto lavado aparecen dos nombres: Alan Pocovi -hijo del ex marido de Zulemita Menem- y Sergio Mastropietro.
Mastropietro está vinculado a la empresa de vuelos privados Baires Fly. Ambos recibían dinero de las droguerías y lo movían a través de criptomonedas o facturación apócrifa. Las escuchas revelan órdenes directas: "llamalo a Alan", "preguntale a Sergio primero", instrucciones que exponen cómo se distribuían los flujos de dinero y el rol clave de Baires Fly como posible vehículo de fuga y blanqueo. Las defensas, sin embargo, buscan frenar la causa con planteos de nulidad.
Spagnuolo, a través de su flamante abogado Mauricio D'Alessandro, asegura que los audios que lo comprometen son "falsos" y habrían sido "editados con inteligencia artificial". Los dueños de Suizo Argentina, por su parte, insisten en que ya hubo una causa previa por hechos similares que fue archivada, y apelan al principio de non bis in idem. Pero el juez Casanello rechazó esos argumentos y la Cámara Federal ahora debe resolver las apelaciones.
Mientras los defensores clamaban por la nulidad de los audios, Picardi recordó un dato incómodo para el Gobierno: fue el propio presidente Javier Milei quien firmó el decreto que removió a Spagnuolo y Garbellini antes de que la investigación comenzara formalmente, y lo hizo argumentando "razones de público conocimiento" y la necesidad de que la Justicia avanzara. Un reconocimiento implícito de que la cúpula del organismo estaba comprometida.
La situación se vuelve aún más explosiva con las menciones que aparecen en los audios filtrados: allí, quien sería Spagnuolo involucra directamente a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y a Eduardo "Lule" Menem, operador clave del oficialismo, en el presunto sistema de sobreprecios y recaudación, con un retorno del 3% por contrato estatal. Aunque los audios están bajo discusión, Picardi remarcó que la investigación no se basa exclusivamente en ellos, sino en un cúmulo mucho más amplio de indicios, movimientos financieros, testimonios y evidencia documental.
Entre las declaraciones clave figuran las del exestratega libertario Fernando Cerimedo, quien confirmó que Spagnuolo ya le había relatado el esquema de corrupción en 2024, y la del periodista Agustín Rodríguez, quien aseguró que el exfuncionario estaba "preocupado y molesto con 'Lule' Menem" por su intervención en Discapacidad. La conclusión del fiscal es categórica: "No está claro que Spagnuolo no participe de los actos de corrupción. Cuanto menos tuvo la obligación de denunciarlo". Pero lo que se confirma, según la propia Justicia, es aún más grave: durante meses, la Agencia Nacional de Discapacidad funcionó como un engranaje de negocios, favores, sobrefacturación y retornos, mientras miles de personas vulnerables esperaban medicamentos que nunca llegaban o insumos que el Estado pagó a precios escandalosos.