Cinco años después del derrumbe financiero de la agroexportadora Vicentin, una de las causas más resonantes por presunto fraude contra el Estado volvió a cobrar impulso en los tribunales federales. La investigación judicial apunta a una trama de decisiones, omisiones y maniobras financieras que habrían permitido a la compañía acceder a millonarios créditos del Banco Nación incluso cuando ya se encontraba al borde de la cesación de pagos.
En ese marco, el actual titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), Alejandro Díaz, fue indagado en los tribunales de Comodoro Py por su desempeño como síndico del Banco Nación durante los últimos meses del gobierno de Mauricio Macri. La causa, instruida por el fiscal Gerardo Pollicita y a cargo del juez Julián Ercolini, investiga un presunto acuerdo entre funcionarios del banco estatal y directivos de Vicentin que habría facilitado el refinanciamiento de una deuda millonaria y la omisión de mecanismos de cobro.
Durante casi tres horas de declaración, Díaz intentó despegarse de cualquier responsabilidad y sostuvo que su rol dentro del banco era meramente técnico y de control. "El cliente operaba con el banco hacía más de 30 años y era el más importante de la entidad financiera. Todos los informes de los cuales tuve conocimiento solo mencionaban la necesidad de un encuadramiento que resultaba generado por situaciones exógenas al cliente", afirmó. Según explicó, esos factores externos incluían transferencias del Banco Nación al Tesoro y las variaciones cambiarias registradas durante 2019.
El funcionario insistió en que nunca recibió alertas sobre una posible insolvencia de la empresa. "No logro comprender las imputaciones que se me puedan hacer en esta causa como consecuencia de mi rol como síndico de la empresa, siendo que me apoyé en áreas técnicas especializadas, que en ningún momento me alertaron de un posible riesgo de default", declaró. La investigación judicial, sin embargo, describe un escenario muy distinto.
Según la reconstrucción realizada por la fiscalía, entre agosto y diciembre de 2019 -en los últimos meses del macrismo- se habría desplegado una maniobra coordinada entre funcionarios del Banco Nación y empresarios del grupo Vicentin que terminó generando un perjuicio estimado en más de 300 millones de dólares para la entidad pública. El expediente señala que durante ese período se habrían liberado garantías, omitido intimaciones por deudas vencidas y aprobado nuevos créditos aun cuando la empresa ya registraba incumplimientos millonarios.
El fiscal Pollicita fue contundente al describir el esquema: los funcionarios del banco "lejos de proteger el patrimonio, se apartaron de la conducta debida con el claro y evidente fin de beneficiar al particular, en perjuicio del Estado nacional". La magnitud del caso quedó reflejada en la lista de imputados: 26 ex directivos del Banco Nación y del Grupo Vicentin fueron convocados a indagatoria. Entre ellos figuran el ex presidente de la entidad Javier González Fraga, su entonces vicepresidente Lucas Llach y varios directores y gerentes del banco, además de los principales accionistas de la cerealera, como Daniel Buyatti, Alberto Macua, Herman y Roberto Vicentin y Máximo Padoan.
Según la causa, pese a que Vicentin acumulaba deudas impagas superiores a los 150 millones de dólares, el banco habría autorizado nuevos préstamos por 105,5 millones entre noviembre y diciembre de 2019. La Justicia también detectó la liberación de fondos en garantía y transferencias por más de 43 mil millones de pesos, además de operaciones simuladas por al menos 16 millones de dólares que terminaron en cuentas radicadas en paraísos fiscales.
El juez Ercolini dispuso embargos preventivos por más de 500.000 millones de pesos e inhibiciones generales de bienes para los imputados, con el objetivo de asegurar una eventual reparación del daño económico ocasionado al Estado. En su defensa, Díaz reiteró que el síndico del banco no participa en decisiones comerciales ni posee voto en las reuniones del directorio. "El síndico no debe vincularse con las actividades operativas, puesto que ello resultaría ser un condicionamiento a la hora de realizar una función técnica objetiva e independiente", sostuvo.
El funcionario también remarcó que su imputación ocurrió recién en septiembre del año pasado, cuando ya había sido designado al frente de la SIGEN, y deslizó que ese momento procesal le resulta "casualmente" llamativo. Pero más allá de las responsabilidades individuales que la Justicia deberá determinar, el caso busca determinar cómo un banco público -que debería resguardar los recursos del Estado- terminó expuesto a operaciones financieras que hoy son investigadas como un posible fraude millonario.