El caso que destapó presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo tan explosivo como inesperado. Diego Spagnuolo, ex titular del organismo, cambió de estrategia y ahora sostiene que los audios que lo involucran en una trama de sobornos son falsos y que habrían sido manipulados con inteligencia artificial. "Los audios son falsos, no es mi voz", aseguró Spagnuolo ante los jueces de la Cámara Federal en una audiencia decisiva, en la que su flamante abogado, Mauricio D'Alessandro, pidió anular todo el expediente.
La defensa denunció que las grabaciones fueron "editadas o generadas con herramientas digitales" y que su difusión constituye "una violación de las garantías constitucionales". La causa, que se mantiene bajo secreto de sumario, investiga un presunto esquema de pagos de sobornos en la compra de medicamentos destinados a personas con discapacidad. En los audios, se escucha a Spagnuolo hablar de presuntos retornos por parte de la droguería Suizo Argentina, mencionando incluso a Karina Milei -la hermana del Presidente- y a Eduardo "Lule" Menem, quienes supuestamente recibían un 3% de los pagos.
Hasta ahora, Spagnuolo había evitado pronunciarse sobre el contenido de las grabaciones. Su anterior defensa solo había cuestionado la legalidad de su obtención, sin negar su autenticidad. Pero con la llegada de D'Alessandro, la estrategia dio un giro completo. "Spagnuolo me dijo que los audios son falsos y que no es su voz", insistió el abogado, quien además deslizó que podría tratarse de "un caso de espionaje ilegal con ramificaciones internacionales". El fiscal Franco Picardi respondió con dureza y contundente: "Spagnuolo fue echado y no dijo que en los audios se usó inteligencia artificial. Cuanto menos llama la atención".
También aclaró que los audios no son la única prueba del expediente: "Fueron un disparador, pero existen otros elementos que justifican la investigación", explicó. Entre ellos, mencionó el decreto del propio presidente Javier Milei, quien ordenó la remoción de Spagnuolo y su segundo, Daniel Garbellini, tras la difusión del material. Picardi descartó categóricamente la hipótesis de espionaje y recordó un principio básico: "No existe derecho a la intimidad cuando un funcionario público habla de hechos de corrupción". Según el fiscal, "no hay una sola evidencia que demuestre maniobras clandestinas" y subrayó que los audios se complementan con otras medidas judiciales, como los allanamientos en la sede de la ANDIS, la droguería Suizo Argentina y 25 domicilios particulares, donde se incautaron celulares, computadoras y documentos.
D'Alessandro, en cambio, insistió en que "las grabaciones no pueden ser utilizadas como prueba" y pidió que se realice un peritaje técnico para determinar su autenticidad. También reclamó el cierre de la causa, alegando que los hechos ya habían sido investigados en un expediente anterior archivado por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Carlos Rívolo "por inexistencia de delito". Pero fuentes judiciales precisaron que aquella causa "nunca fue formalmente abierta" y que su desestimación no tiene efecto de cosa juzgada, por lo que la nueva investigación puede avanzar. La audiencia, que se extendió por más de dos horas, dejó a los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah frente a una decisión clave: si aceptar el pedido de nulidad o permitir que el caso siga su curso.
Detrás del debate jurídico, el trasfondo político es ineludible. Los audios comprometen al entorno más cercano del Presidente y exponen al Gobierno en un frente incómodo. En este contexto, el intento de Spagnuolo por deslegitimar la evidencia mediante el argumento de la inteligencia artificial aparece como un último intento desesperado por revertir una causa que amenaza con reabrir la discusión sobre la transparencia en el manejo de fondos públicos destinados a las personas con discapacidad.