El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, se negó este martes a declarar ante la Justicia en el marco de la megacausa que investiga un presunto entramado de corrupción, direccionamiento de contrataciones y cobro de coimas dentro del organismo encargado de asistir a personas con discapacidad. "No, chicos. No voy a declarar", respondió escuetamente Spagnuolo ante los medios presentes en los tribunales de Comodoro Py. Luego agregó: "No es la única oportunidad en la que se puede declarar", cuando fue consultado por Mercedes Ninci sobre las acusaciones vinculadas al supuesto cobro de retornos ilegales durante su gestión.
La decisión del ex funcionario se produjo durante la ampliación de su indagatoria ordenada por el juez Ariel Lijo y los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, quienes impulsan una de las investigaciones más delicadas que enfrenta el gobierno de Javier Milei. Según allegados a Spagnuolo, la estrategia de defensa apunta a cuestionar la validez de los audios que detonaron el escándalo y que comprometerían al ex titular de la ANDIS hablando sobre un supuesto sistema de coimas dentro del organismo. "No declarará hasta que no se realice la pericia" sobre esas grabaciones, aseguraron desde su entorno.
Sin embargo, para el fiscal Picardi, esos audios "son accesorios" y no constituyen la prueba central de la acusación. La causa avanzó principalmente a partir del secuestro de teléfonos celulares y del análisis del sistema interno de compras de la ANDIS, que habría sido manipulado para beneficiar a un grupo reducido de empresas proveedoras. La investigación ya involucra a 35 imputados y expone un esquema que, según la Justicia, habría desviado más de $75.000 millones de fondos públicos destinados a medicamentos, insumos y prestaciones para personas con discapacidad y beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud.
De hecho, el juez Lijo sostuvo: "La organización habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero para sus integrantes de manera ilegal, en detrimento del erario público". La acusación principal describe una presunta asociación ilícita dedicada a manipular contrataciones públicas mediante simulación de competencia, direccionamiento de licitaciones, sobreprecios y pago de retornos ilegales a funcionarios.
En el centro de la maniobra aparece el Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS), implementado en junio de 2024, que según los investigadores habría sido utilizado para canalizar compulsas de precios "a medida" en beneficio de determinadas droguerías y empresas "amigas". Uno de los ejemplos más graves detectados por la fiscalía involucra contrataciones de medicamentos de alto costo.
Según consta en la causa, sólo cuatro firmas fueron invitadas a participar de compulsas "especiales": Profarma SA, Génesis SA, Floresta SA y New Farma SA. La acusación sostiene que dos de esas empresas actuaban como supuestos competidores ficticios, repartiéndose previamente las adjudicaciones para simular una competencia inexistente. Como resultado, entre julio de 2024 y agosto de 2025 se adjudicaron 21 licitaciones "acotadas" por más de $30.337 millones, concentradas principalmente en Profarma y Génesis, que se quedaron con el 93,11% de esos contratos.
La causa también detectó maniobras similares en la compra de implantes cocleares, audífonos e insumos médicos, donde New Farma y Floresta habrían concentrado adjudicaciones multimillonarias. Según la fiscalía, el esquema se completaba mediante pagos ilegales a funcionarios a cambio de garantizar prioridad en contrataciones y rapidez en los cobros. En ese contexto, Spagnuolo aparece señalado como una pieza central de la estructura. Los investigadores sostienen que, como máxima autoridad de la ANDIS y ex abogado personal de Milei, "habría ocupado una posición jerárquica esencial para el funcionamiento del esquema".
También quedaron bajo la lupa el ex número dos de la agencia, Daniel María Garbellini, y el lobista Miguel Ángel Calvete, acusado de actuar como nexo entre funcionarios y empresarios. La investigación no sólo golpea al área de Discapacidad, sino que además representa el primer gran escándalo de corrupción que impacta de lleno sobre el gobierno libertario, que llegó al poder prometiendo terminar con "la casta" y transparentar el manejo del Estado.
La magnitud de las cifras investigadas y el alcance de las imputaciones obligaron incluso al juez Lijo a ordenar la inhibición general de bienes de personas y empresas involucradas para evitar posibles maniobras de ocultamiento patrimonial. "Las hipótesis delictivas investigadas asoman la posibilidad de que acontezcan maniobras tendientes al desprendimiento de activos", advirtió el magistrado. Las indagatorias continuarán hasta fines de mayo.