La situación judicial del titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, Andrés Vázquez, comenzó a complicarse luego de que la Justicia federal ordenara nuevas medidas de prueba para investigar presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión tributaria. La decisión fue adoptada por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, quien, antes de iniciar una licencia hasta mediados de mayo, hizo lugar al pedido impulsado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), encabezada por el fiscal Sergio Rodríguez.
El caso fue revelado públicamente por el periodista Hugo Alconada Mon, quien detalló a través de un hilo en X el alcance de la investigación y las medidas judiciales ordenadas. "La Justicia ordenó medidas de prueba contra el titular de ARCA, Andrés Vázquez, por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión. El juez Martínez De Giorgi avaló el pedido de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), aunque no fijó fecha para indagarlo antes de tomarse una licencia", informó el periodista.
La investigación pone el foco sobre al menos tres departamentos en Miami valuados en US$2,1 millones que no habrían sido declarados ante los organismos de control argentinos, además de un triplex en el exclusivo complejo Los Molinos Building, en Puerto Madero, presuntamente subvaluado, y sobre la firma Consultora San Andrés SA, señalada como una posible sociedad pantalla. Según el dictamen de la PIA, "sin duda alguna, Andrés Edgardo Vázquez incurrió en el delito de omisión de insertar datos en la declaración jurada patrimonial".
La resolución judicial representa además un golpe político para el Gobierno nacional, que había salido rápidamente a defender al funcionario argumentando que el expediente ya estaba cerrado y que existía "cosa juzgada". El asesor presidencial Santiago Caputo había cuestionado públicamente las publicaciones periodísticas sobre el caso y buscó relativizar la situación judicial de Vázquez. Sin embargo, la propia investigación dejó en evidencia que el antecedente judicial de 2007, utilizado por el oficialismo para defenderlo, estaba vinculado a otros hechos completamente distintos.
En aquella causa, Vázquez había sido investigado por cuentas no declaradas en Curazao y Luxemburgo, pero nunca por las propiedades en Estados Unidos que hoy forman parte del expediente. Además, el sobreseimiento dispuesto años después por el juez Ariel Lijo no se basó en una comprobación de inocencia, sino en la imposibilidad de avanzar por falta de respuesta de las autoridades extranjeras a los exhortos enviados por la Justicia argentina. La nueva investigación apunta ahora a reconstruir movimientos patrimoniales y financieros del titular de ARCA y de su entorno familiar.
Entre las medidas aprobadas figuran pedidos de información a organismos como el Banco Central de la República Argentina, la Inspección General de Justicia, la ANMAC, el Registro Automotor y empresas de telepase. También se solicitaron documentos al Colegio de Escribanos sobre operaciones inmobiliarias vinculadas al triplex de Puerto Madero y a inmuebles en el Chateau Puerto Madero. En el plano internacional, la Justicia avanzará con exhortos dirigidos a entidades bancarias como Bank of America, PNC Bank y Wells Fargo, además de pedidos de información a Booking.com y Airbnb para determinar posibles movimientos, alquileres o utilización de propiedades en Miami.
La investigación también alcanzará a sociedades radicadas en Panamá, como Alcorta Corp y Pompeya Group, además de requerimientos a autoridades de las Islas Vírgenes Británicas y Emiratos Árabes Unidos. Uno de los datos que más llamó la atención de los investigadores es la cantidad de tiempo que Vázquez pasó fuera del país entre 2018 y 2023. Según consta en el expediente, estuvo entre 74 y 89 días anuales en el exterior, principalmente en Estados Unidos. La fiscalía busca determinar ahora si durante esos períodos utilizó los departamentos de Miami que no habrían sido declarados.