En un nuevo capítulo de ajuste y motosierra, el Gobierno oficializó la desvinculación de trabajadores estatales que no lograron aprobar el cuestionado examen de idoneidad impulsado por Federico Sturzenegger.
La medida, formalizada a través de la Resolución 48/2025 del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, generó una ola de críticas desde diversos sectores, especialmente desde los gremios vinculados al Estado como ATE, que denuncian una maniobra encubierta para precarizar aún más el empleo público.
Según la normativa, aquellos empleados del Sector Público Nacional que no hayan superado la Evaluación General de Conocimientos y Competencias serán despedidos a partir del próximo 1 de julio. Esto incluye no solo a funcionarios de la administración central, sino también a trabajadores de organismos descentralizados, empresas estatales y otros entes públicos. La medida, que afecta a miles de trabajadores, ha sido denunciada como un nuevo ataque al empleo estatal bajo el pretexto de la "idoneidad".
Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), no tardó en alzar la voz contra esta decisión. En declaraciones contundentes en sus redes sociales oficiales, Aguiar calificó la medida como "otra decisión ilegal" y aseguró que será cuestionada en la Justicia: "Basta de joder con los exámenes. La idoneidad ya estaba probada con los años de servicio. La formación, el conocimiento y la cultura general de quienes desempeñan tareas en el Estado es muy alta", afirmó.
El gremialista también denunció que el 98% de los estatales que rindieron el examen lo aprobaron, lo que deja en evidencia que el problema no radica en la falta de capacidad de los trabajadores, sino en una intención deliberada de recortar puestos: "Era responsabilidad del Gobierno capacitarlos, pero esa tarea la asumió el sindicato", añadió, dejando entrever una clara falta de compromiso por parte del Ejecutivo en garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo profesional de sus empleados.
La implementación del examen fue objeto de rechazo e impugnación desde su anuncio... Es que se trata de una herramienta diseñada no para evaluar capacidades reales, sino para justificar despidos masivos en un contexto donde el discurso oficial prioriza el "achicamiento del Estado". Desde su llegada al poder, el gobierno libertario promovió políticas que debilitaron progresivamente las estructuras estatales, afectando tanto a los trabajadores como a los servicios que estos brindan a la ciudadanía.
Aguiar no dejó pasar la oportunidad para señalar lo que considera el verdadero trasfondo de esta medida: "En las últimas horas quedó claro para qué quieren seguir ahorrando. Es para pagar lo que le deben a los militantes truchos que contrataron ayer para el acto de cierre de campaña de Manuel Adorni", disparó.
Estas declaraciones se refieren al escándalo que salió a la luz en pleno cierre de campaña de Adorni donde varios jóvenes denunciaron que quienes lo convocaron para asistir al acto político no querían cumplir con lo acordado: pagar 25 mil pesos para llenar la plaza Mitre donde sucedió el tragicómico convite libertario.
Sea como fuere, la resolución firmada por Federico Sturzenegger es un nuevo golpe al empleo público y más allá del debate sobre la idoneidad y los exámenes, lo que está en juego es el modelo de Estado que La Libertad Avanza pretende construir: uno que los descarte a trabajadores ante el primer pretexto.