La provincia de Tierra del Fuego enfrenta una de las crisis más profundas de los últimos años tras el anuncio del gobierno nacional de eliminar los aranceles a la importación de productos electrónicos. Esta medida, impulsada por el presidente Javier Milei, generó el rechazo masivo en la región, donde la industria electrónica representa el pilar económico y social para miles de familias fueguinas. La respuesta no se hizo esperar: la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Río Grande declaró un paro total por tiempo indeterminado, con un acatamiento que supera todas las expectativas.
El régimen de promoción industrial que rige en Tierra del Fuego desde hace 53 años es un motor clave para el desarrollo económico local. Sin embargo, la decisión de reducir los aranceles a productos como teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos amenaza con desmantelar esta estructura productiva. Según cifras oficiales, casi 7.000 puestos de trabajo directos y otros 15.000 indirectos están en peligro, aunque el ministro de Desregulación de Estado, Federico Sturzenegger, admitió en un comunicado en sus redes sociales que con las medidas tomadas, podrían correr peligro hasta 60 mil puestos de trabajo.
El Congreso de Delegados y Delegadas de la UOM en Río Grande calificó la situación como una "agresión directa contra la industria nacional". En un comunicado, expresaron: "Estamos ante una responsabilidad histórica. No permitiremos que más de 45 años de desarrollo y lucha en Tierra del Fuego se desmoronen por decisiones unilaterales que responden a intereses ajenos a los de nuestra comunidad".
El paro, que comenzó el martes 14 de mayo, incluye movilizaciones masivas en el centro de Río Grande y otras localidades. Trabajadores, familias y representantes gremiales ya tomaron las calles para rechazar lo que consideran un "nuevo embate contra la soberanía económica y laboral" de la provincia.
El intendente de Río Grande, Martín Pérez, fue contundente en su rechazo a las políticas del gobierno nacional. En declaraciones públicas, criticó duramente la medida y defendió el rol estratégico de la industria fueguina: "Tierra del Fuego ya tiene un parque nacional que es la envidia del mundo. Pero, mal que le pese a los porteños, Tierra del Fuego NO es ni va a ser un parque de diversiones", dijo en relación al mismo comunicado de Sturzenegger.
Pérez enfatizó que no existe contradicción entre fomentar el turismo, explotar los recursos naturales y desarrollar una industria local fuerte: "¿Por qué tenemos que elegir entre turismo o industria? Tierra del Fuego apuesta a más turismo, más explotación de recursos naturales y también a más industria. El arancel del 16% es una protección moderada a nuestra industria. Vamos a pelear hasta el final por nuestros intereses", sentenció.
El intendente también cuestionó el modelo económico promovido por el presidente Milei y lo comparó con políticas neoliberales que priorizan intereses externos por encima de las necesidades locales: "La Libertad Avanza se divierte mientras los fueguinos pierden el empleo", afirmó con contundencia.
En la misma línea, la senadora nacional por Tierra del Fuego, Cristina López, también alzó su voz contra la eliminación de aranceles, destacando las graves consecuencias sociales que esta medida podría desencadenar: "La motosierra de Milei pone en riesgo los empleos de 4.000 trabajadores de la industria fueguina que se dedican exclusivamente a la producción de teléfonos celulares", advirtió.
López subrayó que la desregulación anunciada coloca a las empresas locales en una posición muy poco competitiva frente a los productos importados. "Hoy, la industria fueguina emplea unos 8.000 trabajadores en forma directa y derrama sobre otros 15.000 trabajadores de forma indirecta. La eliminación de los aranceles va a provocar desempleo, desinversión y un devastador impacto social", señaló.
La senadora también apeló al compromiso colectivo para defender el trabajo local: "Detrás de cada fábrica en Tierra del Fuego hay una familia, un sueño y un futuro. No vamos a permitir que destruyan nuestra industria".
Mientras las fábricas paralizan su producción y las calles se llenan de manifestantes, el gobierno nacional permanece en silencio frente a las demandas concretas de los trabajadores fueguinos. La UOM exige garantías claras para la continuidad del régimen de promoción industrial, pero hasta ahora no ha habido señales de diálogo por parte del Ejecutivo.
En este contexto crítico, el futuro de Tierra del Fuego pende de un hilo. La eliminación de aranceles no solo afecta al sector industrial; también tiene implicancias profundas para toda la comunidad fueguina. Desde comerciantes hasta trabajadores independientes, todos dependen directa o indirectamente del dinamismo económico generado por las fábricas... son miles las familias que hoy temen por su estabilidad laboral y su derecho a habitar dignamente uno de los territorios más australes del mundo.
El paro indefinido continúa, y con él, la esperanza de que el gobierno nacional escuche el clamor del sur antes de que sea demasiado tarde. Tierra del Fuego no está dispuesta a convertirse en una "zona franca" para intereses externos; está decidida a defender su industria, su trabajo y su futuro frente a las amenazas concretas de Federico Sturzenegger y Javier Milei que comunicaron la medida en medio de la campaña electoral para legislativas que tiene como candidato libertario a Manuel Adorni.