La gestión de la empresa Bizland S.A.U., a cargo de entre otras cosas, el sistema del transporte automotor de la provincia de Tucumán, quedó en la mira luego de las filtraciones de los últimos días que expusieron la baja calidad de su "tecnología de avanzada", además de los altos montos que les exigen a los empresarios del sector, completamente ajenos a los números que manejan otros proveedores en el país.
Lo más emblemático del ejemplo Bizland, una empresa que tuvo otros tres nombres previos -Siemens IT Solutions, Atos y Worldline- con los que compartió el mismo CUIT, es el monopolio real que ejerce sobre los pagos de los pasajeros a través de la tarjeta "Metropolitana S.A", la "Sube tucumana" que preside el empresario Jorge Berreta, actual vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT), a través de la cual se realizan la inmensa mayoría de los pagos de boletos y se cobra un irracional monto a los empresarios del transporte, en contraste con otros servicios del país.
Al mismo tiempo, los antecedentes de la firma en Córdoba, donde directivos de la empresa fueron sobreseídos en julio de 2023 por un escándalo de lavado de dinero y evasiones con cheques de terceros en el cual hasta declaró el dirigente Luis Juez, nublan aún más las operaciones que hicieron en distintas partes del país con la entonces popular Red Bus. En esa oportunidad fueron procesados los directivos Juan Luis Dabusti, Raúl Alberto Toscano y Carlos Fernando Abril.
Todo el ruido de la gestión de Bizland también tiene su correlato en el rol que cumple Berreta al frente de los empresarios del transporte, quienes ya se hartaron de que las cosas no funcionen como deben y tomaron cartas en el asunto para que deje de representar al conjunto a través de AETAT. El vice asegura que sólo son dos o tres díscolos, cuando en realidad son más de 40 -sobre la base de un total de 50- los que se cansaron de pagar los platos rotos.
En 2023, fueron distintos empresarios del sector quienes intimaron a Bizland.SAU para que detenga los débitos que les aplicaban sin autorización en sus cuentas por los boletos vendidos de tarjeta Metropolitana y Ciudadana, confiscándoles los montos que les pertenecían a los mismos transportistas. Y hasta expresaron, a través de cinco cartas documento, que si no les pagaban lo adeudado accionarían penalmente por considerar la acción como atropellada, unilateral e inconsulta por parte de Bizland.SAU.
Quien más trabajó detrás de todo este entramado y logró unir los cabos que parecían sueltos es la periodista de investigación Gabriela Gatica Ruiz, quien desde hace años ejerce su oficio en Tucumán y se especializa en casos de corrupción y gestión de crisis. Ante BigBang desplegó gran parte de la documentación que expone, entre otras cosas, cómo Dabusti, ex CEO de Atos y actual CEO de Bizland, informó a Berreta el cambio de denominación de Worldline a Bizland S.A.U., manteniendo el mismo CUIT como en las anteriores transformaciones nominales.
"Berreta presentó en una conferencia de prensa el sistema de pago de Bizland como moderno y eficiente, con GPS, app de Red Bus, QR y pagos con tarjetas. Pero solo el 30% de los colectivos tiene las máquinas instaladas y muchas fallan constantemente", señaló Gatica Ruiz. Los videos y las actas notariales que prueban esto están en este mismo artículo. Allí se ve cómo los choferes deben reiniciar las máquinas de forma manual por las fallas del sistema, que no conocen de las siempre fallidas promesas de modernización que hizo el vicepresidente de AETAT.
Un dato no menor es que la información de la recaudación se pierde al reiniciar las máquinas cuando se tildan y sólo la empresa Bizland accede a esos datos. "No hay transparencia. Los empresarios no pueden auditar ni controlar los ingresos, y los usuarios sufren un sistema que falla a diario. Es evidente que la empresa no es una solución moderna, depende para qué y quién: en el caso del transporte, es un obstáculo que está entre el usuario y los dueños de los colectivos", advirtió Gatica Ruiz.
La respuesta de Berreta a las denuncias de sus colegas fue el envío de una carta documento con el fin de aplacar el reclamo, aunque la medida cumplió el efecto contrario y despertó una rebelión entre los empresarios del transporte, cansados de que todo siga igual y que siempre sean ellos quienes deben pagar los platos rotos.
"También, una solicitada valuada en más de un millón de pesos buscó exponer públicamente a Sergio Gómez Sansone, otro empresario que en 2024 denunció penalmente a Berreta y al presidente de AETAT, Daniel Orell, por manejos irregulares con el sistema de boleto electrónico, por emisión irregular de cheques, por exclusión de propuestas tecnológicas alternativas", aportó Gatica Ruiz.
En su momento, Sansone exigió una auditoría independiente, garantías de seguridad y una investigación penal, que fue respaldada por empresarios del sector que no se sentían representados por las dos autoridades de AETAT. Además descubrió cheques de su pertenencia en cuevas financieras entregados por Berreta, cometiendo un delito de fraude, ya que no era la firma del empresario.
Estos están por presentarse en pocos días a la Procuración de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), ya que demostrarían un patrón y el mismo accionar que hubo en Córdoba a través de una cueva financiera, donde se retenía dinero de los usuarios y se lo trabajaba como intermediarios sin permitir que llegue la plata a los dueños de los colectivos. "Una intervención innecesaria, sumando las comisiones que además Bizland y Metropolitana les cobran indiscriminadamente a los transportistas", cuestionó la periodista.
El grado de responsabilidad de Bizland no sólo abarca la gestión económica sino también la protección de los datos personales de los usuarios. En 2023, fue víctima de un hackeo que comprometió información sensible. Además, la empresa gestiona tecnologías críticas en otras áreas, como la salud, administrando sistemas de recetas digitales en convenio con farmacias y Pami a nivel nacional, donde también han existido fallas y denuncias.
En la conferencia de prensa que dio Berreta en los últimos días, estuvo acompañado por sólo dos empresarios dueños de unidades: Franco Atim y Luis García, quien a su vez es el vicepresidente de la tarjeta Metropolitana S.A. y propietario de la línea 101. "También estuvieron presentes, los representantes de Bizland.SAU, excepto el empresario tucumano Facundo Prado, dueño del Grupo Los Lapachos, que adquirió Bizland", advirtió la periodista.
Ya son 10 años de promesas por parte de Berreta. Desde 2015 aseguró que las tarjetas funcionan bien en su sistema cuando son abundantes las denuncias que afirman lo contrario. "Hoy los problemas son los mismos: escasez de puntos de recarga, fallas en el sistema, falta de GPS funcional", enumeró Gatica Ruiz.
"Al parecer no le afecta el historial de la empresa: sus múltiples cambios de nombre, los antecedentes judiciales en otras provincias, y las denuncias notariales que prueban que el sistema falla y que muchos puntos de venta no existen o que devolvieron los equipos por fallas o falta de pago. O quizás el apellido Prado tenga un peso más fuerte del que imaginamos", deslizó la periodista.
El modelo carece de controles reales y de garantías para los usuarios y para los dueños de las líneas", denunció Gatica Ruiz.
La opacidad financiera y el dinero "fantasma"
"Por otro lado, fuentes del sector señalan que no hay trazabilidad del dinero recaudado por Bizland. Los puntos de venta son confusos: en la app de Red Bus figuran comercios inexistentes o viviendas particulares, direcciones mal geolocalizadas, software que no permite abrir ubicaciones en Google Maps, y exclusividad de venta en locales como 'MC KIO', ligados a la financiera FIMEX. El modelo carece de controles reales y de garantías para los usuarios y para los dueños de las líneas", denunció Gatica Ruiz.
Al mismo tiempo, la próxima semana terminaría el plazo comprometido de instalación de la total inversión. "No llegaron a invertir el 90% y algunos empresarios propietarios de transportes públicos, habrían resaltado de todas las maneras posibles sobre qué hicieron con la comisión que les cobraron de manera incorrecta, y que equivale a unos 200 millones de pesos aproximadamente", sumó la investigadora, quien agregó que el reclamo es porque "no hubo ningún pedido de sanción o devolución por el servicio no prestado por quienes tienen la obligación de hacerlo y por ser quienes debían cuidar los intereses de las empresas a las que dicen representar".
"Esos 200 millones de pesos aproximadamente serían la cifra total que les vienen cobrando de comisión a los empresarios de transportes desde el 15 de diciembre del 2024, por un supuesto servicio que fue más un problema que una solución. Por eso Berreta en su conferencia de prensa, recalcó que el sistema no costó nada, que "es una inversión privada", en realidad lo pagaban los propietarios de unidades a través de comisiones por un servicio que no fue prestado en su totalidad. ¿La pregunta es, y dónde está ese dinero? ¿Alguna nube fría quizás? O ya distribuido, pero no a sus dueños", reflexionó Gatica Ruiz.
Otro tema son las exorbitantes comisiones que les cobran a los empresarios desde Bizland y con el aval de Berreta. La Sube no tiene costo para el empresario de transporte porque la comisión la reintegran al 100% y además pagan los atributos sociales, como los descuentos en boletos a jubilados, veteranos de guerra, docentes y empleadas domésticas, entre otros. No es así con la empresa de Prado, que les cobra el 4,5% más el 3,25% de la tarjeta Metropolitana S.A. Otros proveedores podrían mejorar esos montos. En el caso de Mercado Pago, sólo cobraría el 0,8% y la recaudación iría directamente a las empresas de transportes. Por lo tanto, se eliminarían los intermediarios que hoy existen.
La experiencia en otras provincias
Tanto en Mendoza el 31 de diciembre del 2020 como en Córdoba en marzo de este año, terminaron la relación con la firma de Prado para darle lugar a la tarjeta Sube. En este contexto, la insistencia de Berreta por sostener a Bizland parece más un capricho personal que una política de mejora del transporte.
"O se sigue permitiendo que el transporte público sea manejado como un feudo privado o se inicia un camino hacia la transparencia, la participación ciudadana y la gestión pública del sistema de cobro. No se trata solo de tarjetas o software, sino de qué modelo de ciudad queremos construir. Los ejemplos en otras provincias muestran que es posible implementar sistemas más justos, eficientes y auditables. Mientras tanto, los usuarios siguen pagando el costo de un sistema que no eligieron, pero del cual dependen todos los días", cuestionó Gatica Ruiz. "La continuidad de este modelo solo sirve a los intereses de unos pocos", añadió.
La periodista sabe que en defensa de los usuarios y empresarios del transporte opositores a Berreta, tocó intereses reales más importantes aún que estos. "¿Tendrá algo que ver tanta complacencia con Bizland en Tucumán con el hecho de que Prado esté vinculado a un importante megaproyecto minero en Catamarca junto al gobernador Raúl Jalil?", se preguntó.
Berreta no descansa
Ahora, sin importar aparentemente el resultado de la implementación incompleta del sistema, Berreta se puso un nuevo objetivo: los transportes rurales. Esto se manifiesta en el acta acuerdo/poder que firmaron el 3 de diciembre de 2024, donde Metropolitana S.A. representada por el vice de AETAT y su segundo, Luis García, junto a supuestamente todas las empresas concesionarias del transporte de pasajeros del interior provincial "abajo firmantes". Según este acuerdo de partes, "implementarán el sistema de cobro y/o pago informático de la tarifa y/o boleto que abona el usuario del transporte público de pasajeros, cuyo desarrollo, programación y puesta en marcha estará a cargo de la empresa de servicios informáticos Bizland S.A.U.".
¿Tendrá algo que ver tanta complacencia con Bizland en Tucumán con el hecho de que Prado esté vinculado a un importante megaproyecto minero en Catamarca junto al gobernador Raúl Jalil?"
Lo llamativo del acta acuerdo es que le confieren, supuestamente, todas las rurales, un poder especial a Orell y a otros dos personas para que acuerden y conformen la conformidad en la prestación de servicios de Bizland. Los transportistas rurales seguramente ya se estarán preocupando, más aún si vieron los resultados de las líneas interurbanas con Bizland. Y si se informan de los antecedentes, podrían darse cuenta que los van a devorar como el Lobo a Caperucita", sentenció Gabriela Gatica Ruiz.