La escena judicial que rodea la causa Vialidad sumó un nuevo capítulo de alta tensión este viernes, con el pedido formal de prisión domiciliaria para Cristina Fernández de Kirchner y la sorpresiva suspensión de la licencia del juez Jorge Gorini, quien iba ausentarse por motivos personales. En juego no solo está el destino inmediato de la ex presidenta, condenada por corrupción, sino también el manejo institucional de un proceso que, a cada paso, expone las fracturas entre el poder judicial, la política y el Gobierno. Gorini, integrante del Tribunal Oral Federal 2 y juez de ejecución de la condena, había solicitado una licencia para viajar a España.
La misma estaba prevista para los días clave en los que Cristina Kirchner y los demás condenados debían presentarse ante los tribunales de Comodoro Py para su detención. Sin embargo, tras la repercusión pública de su viaje y las sospechas que generó su ausencia en plena definición del futuro carcelario de la ex mandataria, Gorini optó por postergar su viaje a Europa, suspender provisoriamente el permiso y continuar al frente del proceso.
De no haberlo hecho, su lugar habría sido ocupado por Rodrigo Giménez Uriburu, el mismo magistrado apuntado por la propia Cristina Kirchner por integrar el equipo de fútbol "Liverpool", que jugó torneos en la quinta de Mauricio Macri y compartió con el fiscal de la causa, Diego Luciani. La historia reciente de este caso está plagada de estos choques: acusaciones de parcialidad, recusaciones cruzadas y una tensión constante entre justicia y política que se vuelve insoslayable.
La semana que viene se vence el plazo que el tribunal le otorgó a la ex presidenta para presentarse y comenzar a cumplir su condena. Pero sus abogados, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, buscan evitar su encarcelamiento en una institución penitenciaria y formalizaron el pedido de prisión domiciliaria, citando su edad (72 años), el intento de asesinato que sufrió en 2022 y los protocolos de seguridad que, aseguran, no pueden garantizarse en una cárcel común.
El planteo no es menor: los letrados advirtieron que, si se rechaza, acudirán ante la Corte Suprema y organismos internacionales de derechos humanos. En su escrito, invocaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las Reglas Mandela de Naciones Unidas para sostener que el encierro de Cristina Kirchner en una cárcel vulneraría garantías básicas. También remarcaron la "incompatibilidad institucional" entre su rol como ex jefa de Estado y el encierro en un penal, donde -afirman- no se podría preservar la confidencialidad de información sensible que aún posee ni garantizar su integridad física.
Uno de los puntos más delicados del escrito hace referencia al intento de magnicidio que sufrió en septiembre de 2022, cuya causa aún mantiene impunes a sus supuestos autores intelectuales. En ese sentido, la defensa subraya que, mientras quienes planearon el ataque siguen libres, Cristina Kirchner podría quedar expuesta al peligro dentro de un penal dependiente del mismo ministerio que hoy dirige Patricia Bullrich, una dirigente históricamente enfrentada a ella. Incluso, sugieren que uno de los sospechosos mantiene relación directa con la actual ministra de Seguridad.
El pedido de prisión domiciliaria también incluye un rechazo explícito al uso de tobillera electrónica, al sostener que la custodia permanente que le brinda la Policía Federal es más eficiente y suficiente para garantizar que no se profugue. Los abogados insisten en que la ex presidenta cumplió con todas sus obligaciones procesales, incluso cuando se le permitió viajar al exterior, lo que demostraría -según afirman- su nula intención de eludir a la Justicia.
La respuesta del Gobierno a la solicitud del tribunal ya fue entregada, aunque por tratarse de un tema "confidencial", fue guardada en una caja fuerte del tribunal, sin que ninguna de las partes pudiera acceder todavía a su contenido. Este hermetismo no hace más que acrecentar el clima de suspicacia y tensión. De esta manera, la escena judicial se mueve entre tecnicismos, urgencias y una fuerte carga simbólica. Cada decisión, cada maniobra procesal, cada nombre involucrado genera repercusiones políticas inmediatas. En ese contexto, la suspensión de la licencia del juez Gorini no fue un detalle menor, sino un signo más del poder de fuego que aún tiene este expediente.
La ex presidenta, mientras tanto, espera en su domicilio de San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, donde sus abogados pidieron que cumpla de manera provisoria la detención domiciliaria mientras se resuelve el pedido formal. Sea cual sea la decisión final, lo cierto es que la causa Vialidad -condena mediante o apelaciones futuras- está lejos de cerrarse. Y su impacto político, aún más.