Un informe realizado por las organizaciones Ruido y Connectas evidencia una preocupante tendencia en el sistema judicial argentino: la mayoría de los magistrados que integran las Cortes provinciales presentan vínculos previos con el poder político local.
De los 138 jueces analizados en este relevamiento, 88 tienen antecedentes laborales, familiares o políticos con gobiernos provinciales antes de asumir sus cargos, y 76 fueron designados bajo gestiones del mismo signo político con el que habían trabajado previamente.
El estudio, que abarcó las 23 provincias argentinas y la ciudad de Buenos Aires, revela que el 64% de los integrantes de los máximos tribunales provinciales tienen algún tipo de nexo con el poder político. Provincias como La Rioja, San Juan, San Luis, Formosa y Entre Ríos lideran este fenómeno de "colonización judicial", donde los vínculos entre magistrados y gobiernos locales son particularmente evidentes.
En La Rioja, por ejemplo, el gobernador Ricardo Quintela promovió la designación de su sobrina Ana Karina Becerra como jueza del Tribunal Superior de Justicia. Apenas cuatro meses después de asumir, Becerra fue elegida presidenta del máximo tribunal. Además, su esposo ocupa cargos estratégicos y mantiene negocios con el mandatario provincial, consolidando la percepción de una Corte estrechamente alineada con el Ejecutivo. Situaciones similares se observan en San Juan y Tucumán, donde los vínculos entre magistrados y gobiernos peronistas son predominantes.
El informe también señala que la influencia del peronismo es significativa en estas designaciones: 87 de los 138 magistrados relevados fueron nombrados por gestiones peronistas con las que tenían vínculos previos. Esta tendencia plantea interrogantes sobre la independencia judicial y la capacidad de los tribunales para actuar como contrapeso frente al poder político.
La falta de transparencia en los procesos de designación agrava esta problemática. La mayoría de los tribunales superiores no ofrece información pública sobre los antecedentes de sus miembros, dificultando evaluar su independencia y trayectoria. Sólo algunas provincias, como Córdoba, respondieron adecuadamente a los pedidos de acceso a la información, mientras que otras lo hicieron de manera parcial o directamente ignoraron las solicitudes.
En medio de este panorama, Santiago del Estero se presenta como una excepción notable. Según el relevamiento, su Corte Suprema es la menos vinculada al poder político provincial. Los jueces Eduardo Federico López Alzogaray (presidente), Eduardo José Ramón Llugdar y Ana Rosa Rodríguez no tienen antecedentes laborales con el gobierno local, lo que posiciona a esta provincia como un caso singular en términos de autonomía judicial.
Este informe pone en evidencia la necesidad urgente de fortalecer la transparencia y garantizar la independencia en las designaciones judiciales para preservar la imparcialidad de los tribunales frente a intereses políticos. Santiago del Estero es un ejemplo alentador con desafíos para el futuro si se considera que en la mayoría de las provincias argentinas, no ocurre lo propio.