En tiempos donde la palabra "libertad" se exhibe como estandarte del oficialismo, el nuevo Estatuto de la Policía Federal Argentina, aprobado este martes por decreto, parece ir en dirección contraria. Con el número 383/2025 y la firma del presidente Javier Milei, el texto publicado en el Boletín Oficial representa mucho más que una simple reorganización administrativa: implica una profunda transformación del rol policial, la ampliación de facultades para la ministra Patricia Bullrich y un preocupante corrimiento del Estado hacia prácticas cada vez más intrusivas sobre la vida civil.
Sin ir más lejos, el nuevo marco jurídico para la PFA deroga el Decreto-Ley N.º 333/58, vigente desde hace más de seis décadas, y redefine la misión de la fuerza, que ahora estará "concentrada en la investigación de delitos federales y complejos", como el narcotráfico, el ciberdelito y el crimen organizado. La idea, en principio, no parece objetable. Lo inquietante viene después. Entre los aspectos más polémicos de la norma está el Punto 13, que autoriza a la Policía Federal a realizar requisas personales y de vehículos sin orden judicial, siempre que existan "circunstancias previas" que lo justifiquen.
Lo que el texto llama "requisas preventivas", en la práctica abre la puerta al espionaje interno, la persecución selectiva y la criminalización anticipada de la protesta. Como si no bastara, el decreto permite a Bullrich convocar personal retirado, exceptuar a oficiales del retiro obligatorio y reordenar los escalafones internos a su discreción, concentrando un nivel de poder inédito en manos de la ministra. Todo esto, bajo la premisa de modernizar la fuerza "al estilo del FBI", según palabras de la propia Bullrich, quien esta tarde encabezará el acto oficial junto a Milei bajo el lema: "Hacia una PFA moderna y orientada a la investigación".
El programa incluye un fondo presupuestario especial para financiar la reforma, que será sostenido, entre otras medidas, reduciendo el ingreso de nuevos suboficiales, una decisión que pone en cuestión cómo se sostendrá en el tiempo el personal operativo sin sobrecargar a los efectivos activos o recurrir sistemáticamente a personal retirado. Más allá del maquillaje institucional y los guiños al modelo estadounidense, lo que queda claro es que el Gobierno está construyendo una fuerza federal cada vez más verticalizada, ideológicamente alineada y funcional a sus necesidades políticas.
En la antesala de una movilización masiva en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, la misma Patricia Bullrich ya ordenó operativos especiales para "requisar" vehículos y personas que participen del acto. ¿Casualidad? ¿O demostración de lo que este nuevo estatuto realmente permite? Mientras tanto, los discursos libertarios quedan atrapados en su propia contradicción: se recorta el Estado para la salud, la ciencia y la educación, pero se lo fortalece cuando se trata de controlar, disciplinar y vigilar. En nombre de una seguridad que nunca termina de llegar, se avanza sobre derechos fundamentales que deberían estar blindados frente a los vaivenes del poder de turno. Con esta reforma, Milei y Bullrich no solo redefinen la Policía Federal. También redibujan las fronteras de lo legal, lo aceptable y lo constitucional.