El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, atraviesa uno de los momentos más delicados desde su desembarco en el Gobierno. Una investigación judicial en curso puso bajo la lupa una serie de viajes internacionales, movimientos financieros y operaciones inmobiliarias que, según la denuncia, no cerrarían con sus ingresos declarados. La causa, que quedó en manos del fiscal Gerardo Pollicita por delegación del juez Ariel Lijo, busca responder una pregunta básica pero inquietante: cómo financió el funcionario un nivel de gastos que aparece, al menos en principio, desalineado con su patrimonio formal.
El punto de partida fue un informe oficial de la Dirección de Migraciones que contabiliza entre 15 y 19 viajes -incluyendo idas y vueltas- realizados por Adorni desde 2023. Sin embargo, lejos de aportar claridad, ese listado abrió nuevos interrogantes. Los registros no siempre detallan el destino final. Aparecen escalas en países como Perú o Ecuador, pero la sospecha es que esos puntos fueron apenas conexiones hacia destinos más lejanos.
La posibilidad de viajes al Caribe, incluso a Aruba, ya forma parte de las hipótesis que analiza la fiscalía.El caso que encendió las alarmas fue un vuelo privado a Punta del Este durante el último fin de semana largo de Carnaval. El traslado, valuado en más de 4.800 dólares, derivó en una serie de medidas para rastrear quién pagó ese viaje y bajo qué condiciones se realizó. Ante ese escenario, Pollicita prepara nuevas medidas de prueba para reconstruir con precisión fechas, destinos y costos.
El objetivo es determinar cuáles de esos viajes fueron oficiales y cuáles se realizaron por fuera de la función pública. La investigación no se limita a los desplazamientos. En paralelo, la Justicia analiza los movimientos financieros de Adorni para establecer si los viajes no oficiales fueron solventados con ingresos declarados ante la Oficina Anticorrupción. La sospecha, impulsada por la diputada Marcela Pagano, apunta a un posible "desproporcional incremento patrimonial".
Todo esto, de acuerdo con la legisladora, acompañado de "severas discrepancias" en las declaraciones juradas, omisiones de activos y depósitos en el exterior por parte del jefe de Gabinete. Esa línea de investigación se amplía también al entorno familiar. La fiscalía revisa viajes realizados en soledad por Bettina Angeletti, esposa del funcionario, y sus actividades económicas, en particular su consultora, que mantiene vínculos contractuales con empresas relacionadas al Estado.
El patrimonio inmobiliario del jefe de Gabinete constituye otro de los focos críticos. La Justicia ya ordenó avanzar con la tasación de dos propiedades: una casa en un country de Exaltación de la Cruz y un departamento en Caballito. Las dudas se profundizaron a partir de la operatoria utilizada para adquirir este último inmueble. Según los registros, gran parte del financiamiento provino de dos particulares que figuran como acreedoras de la hipoteca.
Sin embargo, ambas aseguraron no conocer al funcionario, lo que encendió aún más las sospechas. Fuentes del sector inmobiliario deslizan que resulta "imposible" que Adorni no tenga vínculo con quienes aportaron el 87% del valor de la propiedad. A esto se suma otro dato sensible: el valor declarado del departamento -230.000 dólares- estaría muy por debajo del precio real de mercado, que podría duplicarlo.
Mientras la causa avanza, Adorni optó por una estrategia de bajo perfil en términos judiciales, aunque con declaraciones públicas en las que negó las acusaciones. Aseguró que responderá ante la Justicia y sostuvo que aún no vencieron los plazos para informar sus movimientos patrimoniales. A casi un mes de iniciado el escándalo, la investigación ya no gira únicamente en torno a un viaje o una propiedad, sino a un patrón más amplio: una serie de decisiones, movimientos y operaciones que, en conjunto, ponen en cuestión la coherencia entre los ingresos declarados y el nivel de vida del funcionario bancado por el presidente Javier Milei.