Tras un amparo judicial impulsado por el diputado Carlos Cisneros y la asociación civil REDECU, el PAMI oficializó una nueva resolución que restituye y mejora la cobertura del 100% en medicamentos. Las autoridades nacionales debieron acatar el fallo ante la intimación y la arrolladora investigación penal iniciada en la Justicia Federal de Tucumán.
El conflicto se originó por las resoluciones 2431/2024 y 2537/2024 de la actual gestión, que imponían estrictas restricciones patrimoniales y burocráticas a los jubilados para acceder a sus remedios. Aunque el Juzgado Federal N° 2 de Mendoza falló a favor de los demandantes ordenando retrotraer la medida, el PAMI demoró sistemáticamente su cumplimiento.
"Este es un gobierno insensible que obliga a los jubilados a elegir entre comprar medicamentos o comer. Pero no hay que resignarse: la Justicia puso las cosas en su lugar y logramos un esquema de cobertura superior al que existía" , enfatizó el diputado Cisneros.
Frente a las dilaciones, la contienda se trasladó al fuero penal tucumano. El trabajo conjunto de la querella —con el patrocinio del Dr. Juan Andrés Robles— y el dictamen del fiscal federal subrogante, Dr. Agustín Chit, logró acorralar a las autoridades al pedir la indagatoria del titular nacional del PAMI, Esteban Leguízamo, y del de la UGL Tucumán, Ernesto Iramain, por desobediencia judicial e incumplimiento de deberes.
La causa tomó su impulso definitivo gracias a la acogida favorable del juez federal José Manuel Díaz Vélez, lo que obligó al organismo a responder de manera urgente ante la ley. En paralelo, la Cámara Federal de Apelaciones fue una pieza clave para desarticular definitivamente las barreras burocráticas del organismo y blindar el derecho a la salud.
Ante la inminencia de las sanciones, Leguízamo se vio forzado a presentar un "acuerdo de reparación integral" . Así, el PAMI adecuó sus normativas y dictó la flamante Resolución RESOL-2026-428-INSSJP-DE#INSSJP, que ya es plenamente operativa tras su publicación en el Boletín del Instituto.
¿Qué cambia con esta victoria judicial?
- Restitución y mejora. Se aprobaron nuevos y definitivos criterios para la cobertura al 100% por razones sociales, ampliando el vademécum gratuito y flexibilizando las absurdas barreras de acceso.
- Aplicación inmediata y obligatoria. Para evitar más demoras, la Dirección Ejecutiva emitió un memorándum interno oficial —membretado por PAMI— instruyendo de manera perentoria a los directores de todas las Unidades de Gestión Local (UGL) del país a que adopten de forma inmediata las medidas necesarias para la adecuada ejecución y cumplimiento de la resolución en sus territorios.
La tenacidad de esta gestión marca un precedente institucional sobre cómo la intervención de la Justicia y el compromiso dirigencial pueden frenar el ajuste y proteger a los jubilados más vulnerables.