Después de años de allanamientos mediáticos, titulares lapidarios y una persecución fiscal que parecía no tener fin, Shakira consiguió una victoria judicial millonaria en España. La Audiencia Nacional ordenó que el Ministerio de Hacienda le devuelva más de 55 millones de euros -unos 64 millones de dólares- tras anular una sanción correspondiente al ejercicio fiscal de 2011.
El fallo cayó como un auténtico terremoto en medio de una disputa que llevaba más de ocho años enfrentando a la cantante con el fisco español. Y la artista no dejó pasar la oportunidad para responder con dureza. "Después de más de ocho años soportando un señalamiento público brutal, campañas orquestadas para destruir mi reputación y noches enteras sin dormir que terminaron afectando a mi salud y al bienestar de mi familia, por fin la Audiencia Nacional ha puesto las cosas en su sitio", expresó Shakira en un contundente comunicado.
La resolución judicial, emitida por la Audiencia Nacional -el tribunal especializado en delitos financieros complejos-, anuló la liquidación practicada por Hacienda y ordenó "la devolución de las cantidades ingresadas como consecuencia de la misma, más los intereses legales". El núcleo de la disputa giraba alrededor de una pregunta clave: ¿Shakira era residente fiscal en España durante 2011? La artista siempre sostuvo que no. Según explicó en reiteradas oportunidades, recién se instaló de manera permanente en Barcelona a fines de 2014, cuando ya mantenía una relación estable con Gerard Piqué y poco antes del nacimiento de su segundo hijo.
Pero Hacienda sostenía otra cosa. Para el organismo tributario, Shakira ya vivía en España mucho antes y debía pagar allí impuestos por la totalidad de sus ingresos globales. El detalle no era menor: la cantante tenía residencia fiscal en Bahamas, donde las cargas impositivas son considerablemente más bajas. Sin embargo, el tribunal terminó dándole la razón a la colombiana. Para ser considerado residente fiscal en España es obligatorio permanecer más de 183 días al año en territorio español. Y la Justicia concluyó que las autoridades sólo pudieron acreditar 163 días de permanencia. Demasiado poco para sostener la acusación.
Además, el fallo remarcó que Hacienda tampoco logró demostrar que la cantante tuviera en España el núcleo principal de sus intereses económicos o familiares durante aquel período. La sentencia representa un alivio enorme para la artista, que durante años convivió con la presión judicial y mediática de uno de los casos fiscales más resonantes del espectáculo internacional. "Aun así, durante casi una década, se me ha tratado como culpable. Se ha filtrado, distorsionado y amplificado cada paso del proceso, y se ha utilizado mi nombre y mi figura pública para enviar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes", denunció Shakira.
Y agregó, contundente: "Hoy esa narrativa cae, y lo hace con la fuerza de una sentencia. Mi mayor deseo es que este fallo siente un precedente para Hacienda y sirva a los miles de ciudadanos anónimos que cada día son abusados y aplastados por un sistema que presume su culpabilidad y los obliga a demostrar su inocencia desde la ruina económica y emocional". La batalla judicial de Shakira con el fisco español se convirtió durante años en una verdadera novela internacional. Paparazzis siguiendo sus movimientos, reconstrucciones de sus viajes, informes sobre peluquerías, restaurantes y hasta registros médicos.
Todo ello fue usado para intentar demostrar cuántos días había pasado en España. Mientras tanto, la cantante seguía recorriendo el mundo con giras internacionales multitudinarias, algo que finalmente terminó jugando a su favor en este expediente. La resolución conocida ahora corresponde exclusivamente al ejercicio fiscal de 2011 y no modifica el acuerdo alcanzado por la artista en noviembre de 2023, cuando aceptó un pacto con la fiscalía española para evitar un juicio por evasión fiscal vinculado a los años 2012, 2013 y 2014. En aquella oportunidad, Shakira reconoció seis cargos relacionados con el impago de 14,5 millones de euros.
De hecho, acordó el pago de una multa superior a los 7,3 millones. El juicio prometía convertirse en un espectáculo mediático gigantesco: más de 100 testigos, semanas enteras de audiencias y cobertura internacional permanente. Pero terminó resolviéndose en apenas ocho minutos. "Tenía dos opciones: seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, dejar de hacer canciones, álbumes y giras, sin poder disfrutar de mi carrera y las cosas que me gustan; o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante", explicó entonces la artista.
Incluso contó que fueron sus propios hijos quienes le pidieron que aceptara el acuerdo para evitar el desgaste emocional de verla sentada en un juicio."Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto", sentenció.