En un nuevo capítulo del conflicto que atraviesa al subte porteño, los trabajadores de la Línea B liberaron este miércoles los accesos en la estación Federico Lacroze como parte de una protesta que vuelve a poner en el centro de la escena una denuncia tan grave como persistente: la presencia de asbesto cancerígeno en las formaciones y talleres. Lejos de tratarse de un reclamo aislado o coyuntural, desde el gremio aseguran que se trata de una crisis sanitaria estructural que lleva años sin respuestas de fondo por parte del Gobierno de la Ciudad y de la empresa concesionaria.
La medida incluyó el levantamiento de molinetes entre las 7 y las 8 de la mañana, sin afectar el servicio a los usuarios, y una conferencia de prensa desde las 7.30 para anunciar nuevas acciones. Desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) recordaron que "como es de público conocimiento, desde la AGTSyP denunciamos hace años la crisis sanitaria que padecemos en la red de subterráneo por la presencia de asbesto cancerígeno y las consecuencias luctuosas que provoca entre trabajadores y usuarios (cientos de afectados, enfermos y fallecidos)".
En ese marco, los delegados volvieron a exigir al Gobierno de la Ciudad la declaración de la Emergencia Operativa para la Línea B, una herramienta que, según explican, permitiría dar respuestas urgentes mientras se espera la llegada de una nueva flota. El reclamo incluye el recambio del trazado de vías, la reactivación de los programas de mantenimiento integral y la desabestización total de la red, un punto que sigue sin resolverse pese a las reiteradas advertencias.
La acusación más grave apunta directamente contra la empresa concesionaria Emova. Según denunciaron los trabajadores, "en las últimas semanas la empresa concesionaria Emova intervino en forma ilegal sobre elementos contaminados con asbesto en varias formaciones Mitsubishi que circulan en la línea B, dispersando fibras de material cancerígeno y exponiendo a millones de personas a la contaminación en cada viaje".
La afirmación vuelve a encender las alarmas sobre los riesgos sanitarios no sólo para el personal, sino también para los usuarios del servicio. Desde el gremio sostienen que esta situación se inscribe en un cuadro más amplio de deterioro deliberado del sistema. "Esta crisis se ve además potenciada por el vaciamiento de sectores, ausencia de inversión y mantenimiento, trenes de más de 70 años de antigüedad, vías obsoletas y tarifas siderales que no guardan ninguna relación con el pésimo servicio que brinda la empresa concesionaria", remarcaron en el comunicado al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.
La combinación de tarifas en alza y un servicio cada vez más precario vuelve a dejar en evidencia las prioridades de la gestión porteña. El conflicto también expone un clima de creciente tensión puertas adentro. Los delegados denunciaron una "campaña de hostigamiento con sanciones y descuentos compulsivos e injustificados de salarios contra delegados y trabajadores", a lo que se suman casos de acoso sexual y violencia laboral. En ese sentido, señalaron el caso de Araceli Pintos, trabajadora que, según el gremio, fue desvinculada como represalia tras denunciar una situación de acoso, un hecho que agrava aún más el cuadro de vulneración de derechos.
La respuesta de Emova no tardó en llegar y buscó desviar el eje del conflicto. En un comunicado difundido este miércoles, la empresa calificó la medida como "sorpresiva" y sostuvo que las protestas se originaron porque "una empleada no fue incorporada de manera efectiva tras su periodo de prueba por reiterados incumplimientos en sus tareas". Según la concesionaria, "la empresa cumplió con todas las instancias posibles para evitar dicha situación", reduciendo un reclamo sanitario de alcance masivo a un conflicto individual.
Incluso, en versiones difundidas por trabajadores que no adhieren a la protesta, se intentó desacreditar el reclamo con argumentos personales, al señalar que la empleada en cuestión sería hija de un delegado. La chicana, sin embargo, evita responder el punto central: la persistencia del asbesto en la red y las denuncias concretas sobre intervenciones irregulares que podrían haber dispersado material cancerígeno en plena operación.