El dato es contundente, pero también engañoso. El Gobierno nacional reconoció que al menos 9.421 personas viven hoy en situación de calle en la Argentina. La cifra, surgida de un relevamiento coordinado por el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, pretende ofrecer una "radiografía más precisa" de una problemática que crece a la vista de todos. Sin embargo, lejos de ordenar el panorama, el número abre más preguntas que certezas. Porque mientras el Ejecutivo intenta mostrar iniciativa, los propios datos oficiales dejan al descubierto una realidad incómoda: casi el 60% de las personas en situación de calle cayó en esa condición en los últimos dos años. Es decir, no se trata de un fenómeno estructural congelado en el tiempo, sino de una crisis en expansión reciente.
El relevamiento abarcó 19 jurisdicciones, pero dejó afuera a provincias clave como Buenos Aires, Formosa y Santiago del Estero. La explicación oficial fue tan simple como alarmante: "No podemos obligar a las provincias que no desean participar". En otras palabras, el mapa está incompleto. La consecuencia es evidente. Mientras el Gobierno habla de poco más de 9 mil personas en todo el país, organizaciones sociales como Proyecto 7 estiman que solo en Buenos Aires hay casi 12 mil. La diferencia es política. Define si se está frente a un problema grave o a una emergencia social de escala mucho mayor.
Los números oficiales también desarman ciertos estigmas. El 90% de las personas en situación de calle tiene DNI, más de la mitad realiza alguna actividad laboral y el 56% recibe algún tipo de transferencia estatal. No son "excluidos absolutos", sino personas que quedaron a mitad de camino en un sistema que ya no contiene. El propio informe reconoce la complejidad: trayectorias de exclusión, vínculos familiares rotos, problemas de salud mental y consumos problemáticos. Pero hay un dato que sobresale: el 59% lleva dos años o menos en la calle. Es decir, el fenómeno tiene una dinámica reciente, asociada a un deterioro acelerado de las condiciones de vida.
En paralelo al relevamiento, el Gobierno tomó una decisión clave: en 2025 transfirió a provincias y municipios la responsabilidad de asistir a las personas en situación de calle. La Nación se reservó apenas un rol de "rectoría y coordinación". El argumento oficial apunta a la cercanía territorial. La práctica, en cambio, muestra otro escenario: un Estado nacional que se corre de la ejecución directa en medio de un problema que crece. Especialistas coinciden en que el relevamiento puede ser útil como punto de partida. Pero advierten que es, en el mejor de los casos, una "foto". Y una foto parcial.
Las organizaciones sociales señalan que muchas personas evitan los operativos o se desplazan constantemente, lo que dificulta su registro. Además, la metodología -basada en recorridas nocturnas y entrevistas- deja zonas grises difíciles de capturar. Mientras tanto, la realidad se impone en las calles: más gente durmiendo a la intemperie, más paradores desbordados, más historias de caída reciente. El Gobierno habla de ampliar paradores, impulsar programas de reinserción laboral y brindar asistencia integral. Pero, por ahora, todo está en etapa de análisis. En contraste, el dato más concreto es otro: miles de personas ya están en la calle. Y no llegaron ahí por casualidad. Llegaron en un contexto donde el acceso a la vivienda se volvió cada vez más restrictivo, los ingresos pierden contra la inflación y las redes de contención se debilitan.