Un sistema en crisis
21 Abril de 2026 10:42
La crisis en el área de discapacidad sumó un nuevo capítulo judicial que eleva la tensión política y social. Familiares de personas con discapacidad, junto a organizaciones y profesionales de la salud, denunciaron penalmente al presidente Javier Milei por incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y abandono de persona, en una presentación que también alcanza al ministro de Salud Mario Lugones, al secretario de Discapacidad Alejandro Vilches y al ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo. La causa, radicada en un juzgado federal, grafica un cuadro de "ajuste sistemático" que desde diciembre de 2023 recortó prestaciones, pensiones y programas de salud, al tiempo que el Ejecutivo incumple fallos judiciales que le ordenan aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad.
El abogado Javier Garín, patrocinante de la denuncia, sostiene que el Gobierno llevó adelante una política deliberada de recortes en un área particularmente sensible. El impacto, describen, no se limita a lo presupuestario: afecta tratamientos, medicamentos y la continuidad de la atención para miles de personas. "Por fuera de lo discursivo, el desprecio del Presidente a las personas con discapacidad se tradujo en políticas: una escalada de fuertes ajustes presupuestarios, suspensión o cancelación de beneficios y pensiones, hechos de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el anuncio posterior de su cierre, el veto a leyes de emergencia en discapacidad y sistemáticos incumplimientos ante las órdenes judiciales que le imponían cumplir con la legislación vigente", señala el escrito.
En ese marco, la denuncia va más allá de la crítica política y plantea la posible comisión de delitos. Según los firmantes, las decisiones oficiales "pusieron en peligro cierto" la salud y la vida de las personas con discapacidad al restringir el acceso a tratamientos y recursos básicos, lo que encuadraría en la figura de abandono de persona. Uno de los ejes más duros de la presentación apunta al discurso oficial. Allí se sostiene que el ataque contra el colectivo está "inspirado en una ideología de tipo supremacista" que desprecia la justicia social y los derechos, y que desde el inicio de la gestión se tradujo en una política de descalificación y desatención "con especial saña".
Ese señalamiento incluye al jefe de Gabinete Manuel Adorni, quien en conferencias públicas instaló la idea de fraudes en el otorgamiento de pensiones. La denuncia cuestiona ese enfoque y lo vincula con una estrategia para justificar recortes. "Esto no era más que una nueva manipulación de los datos para llevar adelante el doloso propósito de denegar y recortar beneficios al sector", afirma el texto. El deterioro descripto no se limita a las pensiones. Según la presentación, el recorte de recursos en la ex ANDIS impactó en toda la red de prestaciones: desde la cobertura de medicamentos hasta el funcionamiento de programas de salud.
El resultado, advierten, es un "agravamiento generalizado" de la situación, con personas que perdieron la cobertura de tratamientos o quedaron fuera del sistema durante meses. Incluso quienes recuperaron sus pensiones enfrentaron interrupciones en la atención. A esto se suma una "migración forzada" hacia el sistema público por la pérdida de cobertura de obras sociales, lo que incrementa la presión sobre hospitales y centros de salud ya tensionados.
Algunos de los denunciantes calificaron la situación como un "genocidio por goteo", al considerar que las políticas oficiales afectan de manera directa la supervivencia de las personas más vulnerables. "Entienden asimismo que, siendo el Estado y sus funcionarios garantes legales del cuidado de la salud, la integridad física y la salud de las personas con discapacidad, la implementación dolosa y deliberada de estas políticas puso en y pone en peligro cierto a dichas personas", sostiene el escrito.
En paralelo a la denuncia, el Gobierno avanzó con un proyecto de ley titulado "Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez", que propone endurecer las condiciones de acceso al sistema. La iniciativa incluye un reempadronamiento obligatorio bajo riesgo de suspensión automática y establece la incompatibilidad entre pensión y empleo formal. Desde el sector, el rechazo es contundente. Pablo Molero, del Foro Permanente de Discapacidad, cuestionó el enfoque oficial: "Es muy grave lo que está pasando".
Y añadió: "Hablar de fraude en las prestaciones y las pensiones me parece que es, una vez más, una toma de posición del Gobierno. Quieren generar otra vez un cuestionamiento en la población a quienes reciben la pensión. ¿De qué fraude estamos hablando? La gente necesita atención y respuestas". De esta manera, mientras la Justicia deberá determinar si hubo delitos en la gestión del área, el Gobierno insiste con una reforma que modifica de raíz el sistema vigente, reduciendo su alcance y endureciendo sus condiciones. En el medio, miles de familias denuncian que el ajuste ya está teniendo consecuencias concretas en la vida cotidiana.
