El paro nacional de 72 horas impulsado por médicos de cabecera y odontólogos que atienden afiliados de PAMI reavivó una preocupación recurrente entre millones de jubilados: qué ocurre cuando los conflictos económicos del sistema de salud terminan impactando sobre quienes más necesitan atención médica. En ese contexto, la abogada previsional Flor Markarian advirtió que, más allá de la legitimidad de los reclamos salariales, existe un límite que no debería cruzarse. "La discusión salarial entre PAMI y los prestadores es legítima, pero existe un límite jurídico muy claro: ninguna disputa económica puede poner en riesgo el derecho a la salud de los jubilados. El sistema puede discutir financiamiento; lo que no puede discutir es la atención de quienes dependen de él para vivir", sostuvo en diálogo con BigBang.
La medida de fuerza comenzó este lunes bajo las consignas "Honorarios justos = atención de calidad" y "Defendamos la salud de nuestros adultos mayores". Los profesionales reclaman una actualización de los valores que perciben por consulta y denuncian que los montos actuales ya no alcanzan para sostener las prestaciones. Sin embargo, para Markarian el principal problema aparece cuando la pelea entre financiadores y prestadores se traslada a los pacientes. "El principal impacto es la dificultad para acceder a consultas médicas, controles de enfermedades crónicas, derivaciones, recetas y prácticas odontológicas", explicó.
Y sumó: "En una población donde predominan patologías cardiovasculares, diabetes y problemas de movilidad, una demora de pocos días puede traducirse en complicaciones de salud. Más teniendo presente que problemáticas odontológicas pueden derivar en cuadros cardiológicos". Las advertencias de la especialista llegan en un momento especialmente delicado. Según vienen denunciando distintos sectores, numerosos profesionales abandonaron el sistema de cápitas y los tiempos de espera para obtener turnos se extienden cada vez más. En algunos casos, las consultas recién se consiguen para agosto, septiembre o incluso octubre.
Frente a este escenario, Markarian recordó que los afiliados mantienen intactos sus derechos, independientemente del conflicto en curso. "Los afiliados conservan íntegramente su derecho constitucional a la salud. El paro de prestadores no suspende las obligaciones de PAMI ni elimina el deber de brindar cobertura médica adecuada, continua y oportuna", afirmó. Y fue contundente al remarcar: "El derecho a la salud de un jubilado no entra en paro". La abogada explicó que quienes no consigan atención pueden realizar reclamos administrativos ante PAMI o la Superintendencia de Servicios de Salud.
A sy vez, destacó que en situaciones urgentes pueden recurrir a la Justicia mediante acciones de amparo. Según detalló, las medidas cautelares suelen obtener respuestas en plazos de hasta 48 horas cuando existe riesgo para la salud. La responsabilidad institucional también alcanza al propio PAMI. Desde el punto de vista jurídico, Markarian considera que el organismo está obligado a garantizar alternativas cuando un prestador deja de atender. "Sí. Desde el punto de vista jurídico, PAMI debe adoptar medidas para garantizar la continuidad asistencial, especialmente en prestaciones esenciales y situaciones de urgencia", señaló.
La especialista sostuvo que el cumplimiento de las obligaciones de la obra social no puede medirse únicamente por comunicados oficiales o anuncios institucionales: "Jurídicamente, el cumplimiento no se mide por anuncios institucionales sino por el acceso real y efectivo a las prestaciones. Si un afiliado no logra obtener consultas, estudios o tratamientos en plazos razonables, pueden existir incumplimientos susceptibles de reclamo".
Respecto del trasfondo económico que originó la protesta, Markarian reconoció que los reclamos de los profesionales tienen fundamentos concretos. "Si efectivamente existen retrasos significativos en pagos o valores profesionales que quedaron desactualizados frente a la inflación, estamos ante un problema estructural que puede afectar la sustentabilidad de la red prestacional", indicó. Y agregó una advertencia sobre las consecuencias de largo plazo: "La consecuencia no la sufre únicamente el médico o el odontólogo: termina repercutiendo en el acceso de los afiliados. Cuando los honorarios quedan atrasados, el conflicto termina afectando al jubilado".
La reciente decisión de PAMI de aumentar la cápita de $2.100 a $2.400 tampoco parece suficiente para desactivar el conflicto. Según Markarian, "desde la perspectiva económica, un incremento cercano al 14% difícilmente pueda evaluarse aisladamente. Debe compararse con la inflación acumulada, los costos médicos, insumos, alquileres y salarios profesionales. Por eso los prestadores sostienen que la actualización resulta insuficiente".
En definitiva, la especialista considera que el centro del debate debería estar puesto en los afiliados y no en la disputa administrativa: "Mientras una parte discute financiamiento y la otra reclama honorarios, el jubilado enfrenta demoras, incertidumbre y dificultades para acceder a la atención. En los conflictos entre financiadores y prestadores, el eslabón más débil suele ser el jubilado".
Según Markarian, en los últimos años se multiplicaron las consultas y reclamos vinculados a demoras en turnos, problemas con medicamentos, cambios de prestadores, interrupciones de tratamientos y retrasos en cirugías programadas. Por eso, ante la falta de atención o la imposibilidad de conseguir un médico de cabecera, recomendó actuar rápidamente: "Solicitar formalmente una reasignación ante PAMI, pedir número de reclamo, guardar toda la documentación y, si la situación afecta tratamientos o controles importantes, consultar rápidamente con un abogado especializado para evaluar medidas urgentes".
Mientras el Gobierno sostiene que la adhesión al paro es baja y asegura que la mayoría de los profesionales continúa trabajando con normalidad, miles de jubilados atraviesan una realidad más compleja. Porque detrás de las cifras, las negociaciones y los porcentajes de adhesión, la verdadera dimensión del conflicto se mide en otra variable. "La verdadera medida del conflicto no es cuántos médicos paran, sino cuántos jubilados quedan sin atención", concluyó Markarian.