Este martes, los trabajadores del subte llevaron adelante una liberación de molinetes en la estación Federico Lacroze de la Línea B en el marco de un conflicto que mantienen con la empresa concesionaria EMOVA.
La medida, que se realizó entre las 7 y las 8 de la mañana, fue presentada por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) como una respuesta a los descuentos salariales que denuncian desde hace meses y que consideran una forma de persecución gremial.
Desde el sindicato sostienen que la empresa aplica descuentos de manera arbitraria contra delegados y dirigentes sindicales, una práctica que, aseguran, busca desalentar las denuncias que realizan sobre las condiciones laborales y de seguridad en la red de subtes.
En diálogo con BigBang, Claudio Dellecarbonara, secretario ejecutivo de la AGTSyP, aseguró que las explicaciones de la empresa cambian según cada caso y que muchas veces ni siquiera reciben una respuesta formal: "Las respuestas que nos dan varían. En algunos casos ni siquiera dan respuesta. En otros casos dicen que son errores en la liquidación, que se equivocan. En otros casos dicen, sin especificar, que son descuentos justificados, que después nunca aparece ninguna justificación", comenzó.
"Nosotros lo planteamos claramente: es una actitud que tienen en contra de nuestra organización y específicamente en contra de delegados y miembros de la Secretaría Ejecutiva porque denunciamos la situación en la que trabajamos, el asbesto, entre otras cosas", afirmó en la misma línea.
Según explicó el dirigente gremial, la cantidad de trabajadores afectados por los descuentos cambia mes a mes y, desde el sindicato, consideran que no existe un criterio claro para su aplicación: "Depende del mes. Hay meses que somos 30, meses que somos 5, meses que somos 10, otros que hay 3. Varía porque depende del humor que tenga la empresa, no hay mucha explicación", sostuvo.
Dellecarbonara también denunció que la empresa intenta obligar a los trabajadores a entregar datos biométricos para el control de ingresos y egresos, algo que consideran ilegal. "La empresa está obligando a entregar datos biométricos a los trabajadores para controlar el ingreso y el egreso y además para ver en qué momento y en qué lugar están en el ámbito del subte. Es algo ilegal porque los datos biométricos son datos privados que vos los entregás si querés, son voluntarios. Esa es otra de las excusas que utilizan para decir que descuentan", denunció.
Más allá del conflicto salarial, Metrodelegados insisten en que el problema de fondo está relacionado con las condiciones en las que se presta el servicio. El principal punto de alarma, aseguran, sigue siendo la presencia de asbesto en la red.
"Hay asbesto en toda la red. Es un mineral cancerígeno, prohibido hace más de 20 años en Argentina, que debían haber retirado. No solo no lo retiraron y no nos avisaron que había, sino que trajeron más cuando compraron trenes en España", señaló.
El dirigente también apuntó contra la falta de mantenimiento e inversión en la infraestructura del subte y mencionó problemas de accesibilidad, material rodante envejecido y deterioro de las vías: "Hay falta de mantenimiento y de inversión. Tenés ascensores y escaleras mecánicas que no funcionan o que directamente no fueron instaladas. Hay fallos firmes de la Justicia que obligan a modificar los accesos a las estaciones para adecuarlos a personas con movilidad reducida y jamás los cumplieron", expuso.
"Tenemos trenes que tienen 70 años de fabricación y que superaron más de tres veces la vida útil que plantea el propio fabricante. También hay vías partidas en las cuales no se puede desarrollar la velocidad que corresponde, por lo que el viaje se hace más lento y hay menos frecuencia", detalló a continuación.
Para Dellecarbonara, detrás de estas falencias existe una política empresaria orientada a maximizar ganancias en detrimento de las inversiones necesarias para garantizar un servicio seguro: "Lo que hay es un gran negocio para EMOVA. Ganan mucha plata, no se hace la inversión, no se hace el mantenimiento, no se hacen las obras ni líneas nuevas. Además es muy caro el servicio, muy inseguro, y te podés contaminar con asbesto, desarrollar un cáncer y morirte, Como le pasó ya a seis de nuestros compañeros", afirmó.
En ese sentido, recordó que la exposición al mineral ya tuvo consecuencias entre los trabajadores: "Tenemos 140 afectados en este momento y no sabemos cuántos usuarios pueden ser. Hay una situación muy grave y por denunciar todo esto vienen las persecuciones, los aprietes, los descuentos y las sanciones que intentan descargar sobre nosotros", concluyó.
Tras la apertura de molinetes realizada este martes, desde AGTSyP advirtieron que el conflicto continúa abierto y no descartan profundizar las medidas de fuerza en los próximos días, incluyendo posibles interrupciones del servicio.