El gobierno de Javier Milei volvió a avanzar sobre el sistema educativo público con un nuevo y masivo recorte presupuestario que golpea de lleno a escuelas, universidades, hospitales universitarios, becas estudiantiles y programas de alfabetización. La medida, oficializada a través de la Decisión Administrativa 20/2026, implicó una poda de $78.768 millones en áreas clave de la Secretaría de Educación y encendió aún más el conflicto con las universidades nacionales, que este martes volverán a movilizarse en una nueva Marcha Federal Universitaria. El ajuste alcanza prácticamente todos los niveles del sistema educativo y deja al descubierto una decisión política que ya genera alarma entre rectores, docentes e investigadores: reducir drásticamente el financiamiento estatal a la educación pública y a la ciencia en nombre del equilibrio fiscal.
El recorte más brutal impactó sobre el "Plan Nacional de Alfabetización", que perdió $35.288 millones destinados principalmente a transferencias directas para las provincias. En un país donde millones de chicos presentan dificultades severas de comprensión lectora, el Gobierno decidió retirar recursos de uno de los programas más sensibles del sistema educativo. La motosierra también cayó sobre el "Fondo de Compensación Salarial Docente", eliminado por completo con una quita de $8.929 millones.
Ese mecanismo permitía equilibrar salarios mínimos entre distintas provincias y funcionaba como una herramienta central para evitar desigualdades extremas entre docentes de distintos distritos. A eso se suman $21.686 millones menos para infraestructura escolar y equipamiento, además de un recorte de $6.649 millones en el programa de "Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas", que incluyó una reducción superior a los $559 millones en becas estudiantiles.
La empresa estatal EDUC.AR S.A. también quedó bajo ataque: perdió transferencias por $48.000 millones. Pero uno de los focos más sensibles del ajuste vuelve a estar en las universidades nacionales. El Gobierno recortó $5.303 millones destinados a obras de infraestructura del conocimiento y paralizó transferencias para trece casas de estudio públicas. Entre las más afectadas aparecen la Universidad Nacional de La Plata, con una quita de $1.043 millones; la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda, ambas con recortes de $700 millones; además de las universidades de Río Cuarto y Entre Ríos.
La decisión oficial se produce apenas horas antes de una nueva Marcha Federal Universitaria convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional, el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina. Desde las universidades aseguran que la situación ya entró en una etapa crítica. "Confío que mañana sea una marcha pacífica, multitudinaria y que la gente apoye esto. No que apoye a la UBA, sino que apoye al país", afirmó Ricardo Gelpi, rector de la Universidad de Buenos Aires.
En declaraciones radiales, Gelpi describió un escenario de emergencia presupuestaria que ya afecta el funcionamiento cotidiano de las universidades, los salarios de docentes y no docentes y hasta la atención en hospitales universitarios. "Es de público conocimiento cómo nos han limitado con los presupuestos", señaló. Pero el rector fue más allá y vinculó directamente el ajuste con una transformación estructural impulsada desde el oficialismo: "Esto pretende destruir el Estado argentino en su parte fundacional, que es afectar la educación y la ciencia".
La frase resume el clima que atraviesa hoy al sistema universitario argentino. Rectores, docentes e investigadores denuncian que el Gobierno no sólo está ajustando partidas presupuestarias, sino desmantelando capacidades estratégicas construidas durante décadas. "La libertad es cuando usted puede razonar, crear y pensar, y eso se logra con educación", sostuvo Gelpi, en una respuesta directa al discurso libertario del oficialismo. "Afectar la educación y la ciencia es hipotecar el futuro", advirtió.
El deterioro ya empieza a reflejarse en la fuga de profesionales y científicos. "Se está yendo la gente de las universidades y de los laboratorios, hay números", alertó el rector de la UBA. "Es imposible formar un docente, un investigador, un profesor, un médico de un día para el otro". Desde el Gobierno, sin embargo, intentaron desacreditar la protesta. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, acusó a los rectores de promover una "extorsión política", aunque Gelpi rechazó esa definición y defendió la legitimidad del reclamo. "Lo que estamos pidiendo para los estudiantes y para los hospitales es lo mismo que se pedía el año pasado", respondió.
Además, explicó que los fondos enviados por el Ejecutivo no se actualizan al ritmo de la inflación, lo que provoca un desplome real de los ingresos universitarios: "Estamos treinta y cinco, cuarenta por ciento por abajo". La nueva Marcha Federal Universitaria buscará volver a poner en el centro de la discusión pública el conflicto educativo y exigir que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, aprobada por el Congreso y ratificada posteriormente por la Justicia. "Es en defensa de la universidad pública para exigir que se ejecute de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario y de Recomposición del Salario", señalaron las organizaciones.