El golpe no fue una campana ni un timbre escolar. Fue un correo electrónico. Breve, frío, definitivo. Así se enteraron cientos de familias y decenas de docentes de que su escuela ya no existía. Sin reuniones, sin explicaciones cara a cara, sin un plan para el día después. Solo un mensaje y el silencio. Teléfonos bloqueados. Redes sociales borradas. Puertas cerradas. Ese escenario, que se repitió en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires en los últimos años, empujó al Ministerio de Educación porteño a intervenir. A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, la cartera que conduce Mercedes Miguel aprobó una reglamentación para regular el cierre de colegios privados y evitar lo que definió como "cancelaciones intempestivas".
La norma busca garantizar procesos "ordenados" y que todos los alumnos tengan asegurada la continuidad escolar. A partir de ahora, "toda decisión de cancelación deberá contar con la evaluación previa y avalada por la Dirección General Educación de Gestión Privada", establece el texto oficial. El objetivo es que ningún cierre vuelva a tomar por sorpresa a las comunidades educativas. La resolución llega en medio de una crisis profunda.
La caída de la natalidad y el deterioro económico golpean de lleno al sistema educativo privado. Un informe del propio Gobierno porteño advirtió que en 2025 la matrícula de ingresantes a primer grado cayó un 25% respecto de 2020 y que, para 2028, esa merma alcanzará a todo el nivel primario. A nivel nacional, la cantidad de nacimientos se redujo un 53% desde 2014 y, según proyecciones de Argentinos por la Educación, el nivel primario tendrá un 27% menos de alumnos para 2030: 1,2 millones de estudiantes menos.
En ese contexto, muchas escuelas quedaron al borde del abismo. Bajos niveles de matriculación, morosidad creciente en las cuotas, costos laborales en alza y el arrastre de la pospandemia formaron un cóctel explosivo. El resultado fue una seguidilla de cierres y fusiones, algunos sin margen siquiera para retirar documentación o reubicar alumnos. El caso más crudo estalló la semana pasada en el barrio porteño de Villa Real.
El Instituto Formar Futuro, ubicado en Simbrón 5490, cerró de un día para el otro. Más de 300 alumnos quedaron sin escuela y 75 trabajadores, más de 50 de ellos docentes, se quedaron sin empleo. Según denunciaron, los dueños informaron el cierre por mail y luego desaparecieron. "En enero no cobramos el sueldo y el 7 nos informan que ya no íbamos a cobrar porque habían embargado la cuenta de los representantes legales. Al otro día empezamos a darnos cuenta de que borraron el Instagram, la página web, nos bloquearon de sus celulares. A partir de ese momento empezamos a averiguar y nos damos cuenta de que desaparecieron", relató una docente a Clarín con 19 años en la institución, que prefirió no dar su nombre por temor a no conseguir otro trabajo.
La misma docente agregó: "Hace una semana y media llegó un mail primero a los padres y después a nosotros informándonos que tenían juicios millonarios y que tenían presión del sindicato. No creo que sea verdad. La realidad es que están desaparecidos". El hecho fue denunciado por los docentes, por el gremio Sadop y confirmado por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA). Desde el Gobierno porteño aseguraron que, como "particular damnificado", iniciaron "todas las acciones legales contra los responsables del instituto", ya que la escuela recibía aporte estatal.
A partir de ahora, las instituciones que enfrenten riesgo de continuidad deberán informar la situación y presentar un plan con al menos cinco meses de anticipación. Deberán detallar un cronograma, garantizar una "comunicación clara" con familias y docentes, asegurar que los alumnos finalicen el ciclo lectivo y puedan reubicarse, y comprometerse mediante una declaración jurada al resguardo y entrega de la documentación oficial. La Dirección General de Educación de Gestión Privada tendrá diez días hábiles para evaluar cada caso antes de autorizar cualquier anuncio a la comunidad.
Según datos de AIEPA, solo el año pasado cerraron al menos 15 instituciones privadas en el país. Entre 2021 y 2024, la matrícula total del sistema educativo argentino cayó un 2,57%. "Sostener la educación privada resulta cada vez más complejo. Los costos operativos y laborales han aumentado de manera considerable y, en muchos casos, los incrementos de los aranceles no han sido suficientes para absorber ese impacto", advirtió Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPA. Y agregó: "El cierre de una institución educativa de gestión privada no ocurre de un día para otro, sino que suele ser el resultado de un proceso prolongado de deterioro financiero".
Desde Sadop fueron contundentes: "Como Organización Sindical que defiende los derechos de los trabajadores docentes de gestión privada realizaremos todas las acciones gremiales, administrativas y legales necesarias para que se esclarezcan los hechos buscando justicia tanto para los trabajadores docentes como para las familias afectadas". La resolución intenta poner orden después del desastre. Pero detrás de cada cierre hay algo que ninguna normativa puede reparar del todo: aulas vacías, proyectos truncos y chicos que aprendieron, de la peor manera, que una escuela también puede desaparecer de un día para el otro.