Clima de tensión,
04 Febrero de 2026 08:43
El Gobierno nacional finalmente reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, pero no por decisión política propia sino empujado por un fallo judicial que lo dejó sin margen de maniobra. A través del Decreto 84/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el Ejecutivo estableció los procedimientos para implementar el nuevo régimen de pensiones no contributivas para personas con discapacidad, luego de haber intentado frenar su aplicación por la vía administrativa y presupuestaria.
La medida llega tras una sentencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, que declaró inválida la suspensión de la Ley 27.793 y ordenó su aplicación inmediata. El juez fijó como fecha límite el 4 de febrero para que el Gobierno reglamentara la norma, plazo que el Ejecutivo agotó hasta el último día: el decreto fue dictado el 3 de febrero de 2026. El conflicto se había iniciado cuando el Gobierno intentó impedir la aplicación de la ley, sancionada por el Congreso en septiembre de 2025, mediante un veto sustentado en la falta de fondos.
Pese a que la Cámara de Diputados insistió y logró su promulgación, el Ejecutivo resolvió suspenderla hasta tanto se definiera una fuente de financiamiento. Esa maniobra fue la que motivó el amparo colectivo presentado por O. G. J. en representación de sus hijos, que derivó en el fallo adverso para la Casa Rosada. Aunque la reglamentación finalmente se concretó, el decreto deja en claro que el Gobierno no cede en la disputa legal. El texto es explícito: "Sin reconocer hechos ni derechos, ni consentir, ni prestar conformidad con sus fundamentos, se propicia el dictado del decreto reglamentario".
La frase funciona como una advertencia política y jurídica: el Ejecutivo cumple, pero lo hace a disgusto y bajo protesta. La normativa define los criterios de acceso al nuevo régimen de pensiones, las condiciones de permanencia, las incompatibilidades con otros beneficios, los procedimientos administrativos y los mecanismos de control. Según los considerandos, la implementación debe articularse con reglas de compatibilidad de ingresos y con políticas de inclusión laboral, una formulación que, para organizaciones del sector, abre la puerta a mayores exigencias y evaluaciones restrictivas.
Uno de los puntos más sensibles es la conversión automática de las pensiones no contributivas vigentes al nuevo esquema, ahora denominado Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. La autoridad de aplicación deberá identificar, relevar y verificar miles de prestaciones ya otorgadas, en un proceso que el propio decreto presenta como necesario para "ordenar" el sistema, pero que genera preocupación por posibles demoras, recortes o revisiones masivas. En paralelo, el Gobierno centralizó la política de discapacidad en el Ministerio de Salud, incorporando la Secretaría Nacional de Discapacidad a su organigrama.
La decisión se justifica en una concepción "integral" del derecho a la salud y la protección social, aunque también refuerza el control centralizado sobre un área históricamente atravesada por tensiones entre Nación y provincias. El decreto instruye a la Secretaría a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para consensuar los criterios de evaluación socioeconómica y presentar un plan de auditorías periódicas en un plazo de 30 días.
También habilita a dictar normas aclaratorias y complementarias, ampliando el margen de discrecionalidad administrativa. Además, establece que las medidas acordadas con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires se implementarán mediante esquemas de cooperación y cofinanciamiento "conforme a sus respectivas competencias y disponibilidades presupuestarias", una cláusula que vuelve a poner el foco en la restricción fiscal como límite estructural.
La reglamentación llegó acompañada de la designación de tres nuevos funcionarios clave en el área. Alejandro Alberto Vilches asumió como secretario Nacional de Discapacidad; Gianfranco Scigliano fue nombrado subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos; y Esteban Rafael Giler quedó al frente de la Subsecretaría de Políticas de Acceso y Apoyos. Vilches, que ya había sido designado interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad en agosto de 2025 tras el escándalo por sobreprecios, es presentado por el Gobierno como el encargado de "depurar" el sistema y garantizar criterios estrictos de otorgamiento.
