Hay una realidad inobjetable, innegable y estadística en la Argentina en relación a las y los endeudados: en la actualidad son casi seis millones. Hay otra realidad igual de inobjetable, innegable y estadística en la Argentina: el suicidio creció con dureza y se transformó en la principal causa de muerte en los jóvenes de entre 15 y 34 años. El denominador común entre ambos ejes está a la vista y en los cientos de testimonios que día a día inundan los canales de televisión y las redes sociales que narran cómo por presiones financieras personas se quitan la vida día a día, sin que el Estado tome cartas en el asunto.
Si bien el ajuste y el descalabro que sufre la economía argentina en la era de Javier Milei cumple un papel preponderante, la locura de los prestamistas y las entidades financieras que actúan de la misma manera es el factor determinante en las personas que se quitan la vida por una deuda o por un interés que transformó una cifra pagable en un monto imposible de afrontar para una familia humilde y trabajadora.
Esta última semana en la Legislatura porteña hubo un caso que conmovió por demás a quienes escucharon los cien testimonios que pudieron hablar para concientizar sobre esta problemática. Camila, de 23 años, se quitó la vida en noviembre de 2025 horas después de que su madre recibiera un llamado amenazante por una deuda con una entidad financiera, en la cual un supuesto e incomprobable abogado intimidaba a los familiares para que abonen y les aseguraba -de manera espuria- que podía embargarle los bienes a ellos por la deuda de su hija.
Obviamente no pudo estar la joven para contar cómo fue lo que vivió, pero sí pudo estar su hermana Érica, quien relató de la manera despersonalizada que continuó todo después del fallecimiento. "La historia de Camila no comienza con su desenlace, comienza mucho antes: cuando una persona deja de ser tratada como una persona y pasa a ser tratada exclusivamente como una deuda", lamentó frente a todos los presentes. Además confirmó que hasta llegaron a pedirle el certificado de defunción para no seguir amedrentando a la familia, sin importar que habían empujado a la víctima hasta la peor decisión posible.
En el marco de la confesión de hace pocas semanas de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, acerca del incremento de los suicidios en las fuerzas policiales, que crecieron en un 30% en 2025, pero que ella contrastó que se trata de una problemática "del país", del cual "las fuerzas federales no escapan a esa realidad", Página 12 expuso algunos casos de efectivos que se quitaron la vida por no aguantar más las deudas.
"No aguanto más el dolor, no quiero que sigas gastando y endeudándote", le dijo el efectivo que mencionó el diario nacional a su pareja, luego de llegar cansado de tener que pagar una resonancia magnética porque, con sus 59 años y sus tres décadas en las fuerzas, no tenía la obra social por el desfinanciamiento que atravesaron. "No es justo que, después de una vida dedicada a la institución, no haya tenido la obra social", lamentó su pareja, quien además debió batallar casi un año para cobrar la pensión de él, quien se había quitado la vida en agosto de 2025.
La pregunta ante estos casos es: ¿y cuántos más están en una situación similar y todavía no lo hacen? El testimonio que brindó la ama de casa de Misiones Natalia ante Crónica TV durante la última semana de agosto, fue un ejemplo muy claro de esto. "Yo tomé esa decisión de quitarme la vida porque yo no puedo más", soltó entre lágrimas la madre de cuatro hijos. "Ahora tengo que pagar todas esas cuentas. ¿De dónde voy a sacar yo? No es fácil", señaló enseguida.
"Todos me apoyan y a veces me ayudan con mercadería. Pero tengo que pagar esa deuda, ¿cómo hago para salir adelante con eso? Tengo un chico que va a la escuela, que está estudiando, que me necesita. Un nieto que está conmigo siempre. Pero no puedo. Ya no quiero vivir así. No tengo nada en mi casa. Lo único que pido es trabajo y que haya para todos en mi familia. Porque un día hay y al otro día no", cuestionó la mujer que junto a sus hijos más grandes cazaba anguilas para comer y vender.
Ella había sacado un préstamo de 300 mil pesos para pagar las boletas de la luz y el agua, que estaban muy altas. En la actualidad estas entidades financieras demandaron que la misionera abone 5 millones de pesos, aunque ella confesó que "el interés sube cada mes". Y nadie hace nada desde el Estado. Este tipo de problemáticas, esta asimetría de poder entre personas civiles y corporaciones o mafias no es un tema que sea relevante para la gestión de La Libertad Avanza (LLA).
Una radiografía innegable
"Durante junio de 2026, la morosidad con entidades financieras alcanzó 7,6%, según datos de la Central de Deudores (CENDEU)", explicaron en un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). "La aceleración de la mora comenzó a producirse desde el cuarto trimestre de 2024. En octubre de 2024 se ubicaba en 1,5%, por lo que comenzó a tomar impulso a partir de noviembre de ese año para iniciar una trayectoria ascendente casi ininterrumpida", agregaron allí.
En la elaboración que realizaron se ve cómo se invierte la mora entre noviembre de 2023 y la actualidad. Más allá de los porcentajes diferentes y crecientes de cada momento, mientras que el orden antes era de las empresas a la cabeza y las familias detrás del sector privado, en el presente son las familias las que cuentan con un 12,8% de morosidad, mientras que las compañías se encuentran en el mismo 3,5% que estaban antes de que comience el gobierno de Milei.
En el mismo sentido, de acuerdo al informe del CEPA "el endeudamiento se concentró en los préstamos personales y las tarjetas de crédito", que entre ambos concentraron "el 73,0% del total de la deuda morosa en familias". Ambos elementos fueron determinantes en el crecmiento de la mora, que a la hora de los créditos pasó de 3,3% en octubre de 2024 a 15,9% en mayo de 2026 y que en lo que hace al plástico creció de 1,6% a 13,1% en el mismo periodo.
De acuerdo al CEPA, en la actualidad "no se registran niveles de morosidad de las familias con bancos tan elevados desde la crisis de 2001, cuyo pico máximo de irregularidad tocó 32,7% en septiembre 2003". Al mismo tiempo, cuando se incorpora al análisis a las billeteras virtuales, "el deterioro financiero de las familias resulta aún más alarmante".
"Hay que remarcar que las billeteras virtuales suelen operar con pisos de morosidad más altos debido a que sus tasas de interés resultan más elevadas que las del sistema bancario tradicional. Esta práctica es utilizada para cubrirse frente al mayor riesgo de incobrabilidad que poseen estos proveedores", aclararon desde el CEPA. "Considerando conjuntamente las deudas con bancos y billeteras virtuales, usando datos de la CENDEU, la irregularidad total de las familias rondaría el 15,5% a junio de 2026", concluyeron.