El conflicto entre Club Atlético Huracán y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires escaló en las últimas horas a partir de la decisión de disputar sin público el partido ante River Plate por el Torneo Apertura. Desde el club de Parque Patricios rechazaron de plano esa posibilidad y emitieron un duro comunicado en defensa de su localía en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, en medio de la crisis provocada por el derrumbe ocurrido la semana pasada en un estacionamiento cercano que afectó a unas 200 familias. La institución fue contundente al fijar su postura: "Queremos dejar en claro que jugar sin público nuevamente no es una opción".
La frase marca el tono de una disputa que ya dejó de ser deportiva para transformarse en un conflicto político, jurídico y también social. El origen del problema fue el desmoronamiento parcial de un estacionamiento en el complejo Estación Buenos Aires, ubicado a pocos metros del estadio del Globo. El episodio obligó a evacuar a cerca de 200 vecinos y generó una investigación sobre las condiciones estructurales del área. Como consecuencia inmediata, el partido entre Huracán y Belgrano de Córdoba se disputó a puertas cerradas. El equipo dirigido por Diego Martínez ganó 3-1, pero el resultado quedó en segundo plano frente a la incertidumbre que atraviesa el barrio.
Una semana después, la situación sigue sin resolverse del todo y las autoridades porteñas buscan repetir la medida para el próximo encuentro contra River. Desde Huracán sostienen que la decisión no tiene sustento técnico ni legal. En el comunicado difundido por la institución remarcaron que cualquier restricción debería basarse en informes concretos. "Para privarnos de jugar en nuestro Estadio debe haber un informe que avale dicha medida y que establezca los parámetros de asistencia para que el Club pueda acatar la misma", señalaron. Además, cuestionaron directamente el accionar de las autoridades.
Desde el club, advirtieron que "las medidas que se intentan imponer no cuentan con los debidos fundamentos ni respaldo técnico ni jurídico para semejante despojo". El término elegido -"despojo"- refleja hasta qué punto el club considera que la situación vulnera su derecho a ejercer la localía con público. Ante la falta de definiciones oficiales, la dirigencia decidió avanzar por la vía legal. "Se ha definido iniciar las correspondientes acciones legales para protección de los derechos de nuestra institución, nuestros socios, simpatizantes e hinchas", anunciaron.
El conflicto no es menor: si el estadio no puede abrir sus puertas, Huracán debería trasladar el partido a otra cancha o incluso pedir la postergación del encuentro. En ambos casos, el club se vería afectado tanto deportiva como económicamente. Por un lado, las autoridades buscan evitar riesgos en una zona donde todavía se investiga el impacto estructural del derrumbe y donde recién en las últimas horas la Justicia permitió que los vecinos regresen a sus viviendas para retirar pertenencias. Por otro, Huracán sostiene que no existen informes concluyentes que justifiquen la prohibición y que el club no puede quedar atrapado indefinidamente en una situación de incertidumbre.
El entrenador Diego Martínez sintetizó: "En mi cabeza solo pienso en jugar en nuestra cancha... queremos que se pueda jugar con nuestra gente, es determinante". El problema, sin embargo, va más allá del partido. El estadio tiene eventos programados -entre ellos recitales de La Renga- y el barrio continúa atravesando una situación delicada tras el derrumbe. Mientras tanto, los tiempos del Gobierno porteño, la Justicia, los vecinos y el calendario del fútbol no parecen coincidir. En ese cruce de intereses, el club eligió una estrategia clara: confrontar públicamente para defender su posición. La pregunta es si esa presión alcanzará para que el partido ante River se juegue con público en el Ducó o si la prioridad terminará siendo otra: la seguridad de un barrio que todavía intenta recuperarse del impacto del siniestro.