En un contexto económico marcado por la incertidumbre y el ajuste permanente, el periodista Luis Majul protagonizó una llamativa rectificación que dejó al descubierto las inconsistencias en torno a una de las medidas más sensibles del gobierno de Javier Milei: el recorte del gasto público. Luego de haber afirmado en su programa La Cornisa que el ministro de Economía, Luis Caputo, había ordenado "que ajusten sus presupuestos un 20%" en todos los ministerios, Majul utilizó sus redes sociales para dar marcha atrás y corregir la información. "Buen día. Ayer dije que Luis Caputo había pedido un ajuste del 20 % a todos los ministerios. Me equivoqué", escribió.
Y aclaró: "La información correcta es que Manuel Adorni pidió a los ministros un plan de ajuste del 2 % del gasto corriente y del 20 % del gasto de capital. Lo deberían tener listo para el 30 de abril. El ajuste en su totalidad ascendería, entonces, a casi el 2.5 % del gasto corriente. Los datos son los datos. Y los errores son los errores. Cuando se cometen, hay que corregirlos y pedir disculpas. Que tengan todos un lindo día".
Mientras que la versión inicial planteaba un recorte uniforme y masivo del 20% sobre los presupuestos ministeriales -con fuerte impacto potencial en áreas sensibles-, la nueva explicación reduce el alcance del ajuste en el gasto corriente y lo traslada principalmente al gasto de capital, es decir, a la inversión pública. ¿Cómo una información que había sido presentada como chequeada con "fuentes muy calificadas" terminó siendo corregida menos de 24 horas después?
El propio Majul había remarcado al aire la solidez de sus fuentes al anunciar la medida: "Según nuestras fuentes, muy calificadas, el ministro de Economía, Luis Caputo, le acaba de pedir a todos los ministerios que ajusten sus presupuestos en un 20 por ciento". Esa afirmación, categórica, fue la que encendió alarmas en distintos sectores. La marcha atrás no solo expone un error periodístico, sino también el clima de opacidad que rodea las decisiones económicas del Gobierno.
En un escenario donde muchas medidas no se formalizan y circulan de manera informal, incluso dentro de la propia administración, la frontera entre versiones, operaciones y anuncios oficiales se vuelve difusa. El contexto agrava el impacto de estas idas y vueltas. La economía atraviesa una caída sostenida de la recaudación, con tensiones crecientes para sostener el superávit fiscal. En paralelo, se multiplican las advertencias sobre el deterioro en áreas clave del Estado.
El caso del PAMI es uno de los más sensibles: la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) denunció deudas desde enero y advirtió que la situación es "crítica", con riesgo de afectar el acceso a medicamentos para jubilados en el corto plazo. A eso se suman los cuestionamientos de gremios como ATE, que alertan sobre el impacto del ajuste en salud, educación y seguridad. En ese marco, la confusión sobre el alcance real del recorte no es un dato menor. La diferencia entre un ajuste generalizado del 20% y uno segmentado, como el que luego describió Majul, implica consecuencias muy distintas en términos de funcionamiento estatal.