La causa conocida como "Coimagate" sumó un nuevo capítulo que profundiza el escándalo en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y muestra, con mayor nivel de detalle, un entramado de corrupción que operó de manera sistemática durante el gobierno de Javier Milei. El fiscal Franco Picardi, junto al titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, pidió 29 nuevas indagatorias tras detectar maniobras que, según precisó, "implicaron la erogación de aproximadamente $75.478.149.019 de pesos provenientes del erario estatal, en favor de un reducido grupo empresarial".
Lejos de tratarse de episodios aislados, el dictamen de 228 páginas sostiene que las irregularidades respondieron a una lógica estructural: "No constituyeron hechos aislados, sino que respondieron a un entramado de vínculos personales, económicos y funcionales que garantizó la manipulación de compras públicas de manera permanente". La investigación, que ya cuenta con 19 procesados, apunta a una red donde confluyen funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos médicos de alto costo. En el centro de la escena vuelven a aparecer nombres clave. ¿El principal? Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS y amigo personal del Presidente.
También figuran el lobbista Miguel Ángel Calvete; Daniel Garbellini, exdirector del área Incluir Salud; y Pablo Atchabahian. Según la fiscalía, el esquema fue "conducido desde el sector público, por Diego Spagnuolo y Daniel María Garbellini y, desde el sector privado, por Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian". Para Picardi y Rodríguez, no hay margen de duda sobre el funcionamiento del organismo durante este período: la ANDIS "fungió como una permanente ventanilla de pagos indebidos para sostener negocios espurios, en perjuicio del Estado Nacional, tanto en lo relativo a medicamentos como insumos".
En esa línea, agregaron que "el conjunto de evidencias analizadas permite reconstruir un esquema delictivo permanente en el tiempo, caracterizado por el direccionamiento de compulsas de precios, la cartelización empresarial y, por ende, la connivencia de funcionarios/as públicos/as que se beneficiaban de ello". Uno de los ejes más comprometedores del expediente gira en torno a la reiteración de un porcentaje clave: el 3%. Ese número aparece en audios, chats y anotaciones como un supuesto retorno sistemático. "Ya le descontaron el 3", le escribe Claudio Kahn a Calvete en uno de los mensajes incorporados a la causa.
La cifra coincide con la mencionada en grabaciones atribuidas a Spagnuolo, donde se alude a un circuito de recaudación que, según esas versiones, incluía a Karina Milei. El funcionamiento del esquema también quedó expuesto en conversaciones privadas. En un audio, Kahn advierte sobre la logística del dinero: "Miguelito, ehhh, a ver, lo tengo preparado todo en pesos, si lo vas a querer en verde, voy a tener que ir a una cueva...". En otro intercambio, Calvete pide que las entregas se realicen en dólares: "Si me lo pintas de verde mejor".
La investigación revela además un sofisticado sistema de manipulación de licitaciones a través del SIIPFIS, una plataforma creada para gestionar compras de insumos para personas con discapacidad. Según el dictamen, ese sistema se convirtió en el "centro neurálgico" de las maniobras. Allí se detectaron compulsas de precios con participación recurrente de las mismas empresas, muchas de ellas vinculadas entre sí.
El caso del segmento "amputación" resulta paradigmático. De las 28 compulsas analizadas, todas incluían a un grupo casi fijo de firmas. Para los fiscales, "las compulsas de precios se encontraban deliberadamente direccionadas, en tanto la supuesta concurrencia de oferentes no respondía a un escenario real de competencia, sino a una puesta en escena". Incluso señalaron que algunas empresas "competían contra sí mismas" o pertenecían a un mismo núcleo familiar.
"Todas las maniobras detectadas, implicaron sumas millonarias erogadas desde la ANDIS, habilitadas por Diego Orlando Spagnuolo y Daniel María Garbellini, entre otros ya procesados/as, a cambio de retornos para sí, de diversa índole. Un sistema que aceitaron entre empresarios/as y funcionarios/as para defraudar al Estado, en perjuicio además de un sector social especialmente vulnerabilizado", sintetizó Picardi.
El expediente también incorpora elementos que dan cuenta de la organización interna del circuito ilegal. Chats donde se listan "ofrendas" -montos a cobrar por empresas-, cuadernos con anotaciones detalladas y audios donde se habla de "cerrar filas" para evitar filtraciones refuerzan la hipótesis de una estructura aceitada y coordinada. En uno de esos mensajes, atribuido a Atchabahian, se escucha: "Estamos todos alineados, hay que cerrar filas".
Mientras la causa avanza en tribunales, la situación dentro del organismo refleja otra cara del problema. Trabajadores de la ANDIS denunciaron que el presupuesto se encuentra paralizado, con pagos de salarios en cuotas y miles de trámites demorados. Según indicaron, hay "2.500 trámites de compra de medicamentos paralizados desde hace más de cinco meses" y "más de 3.800 trámites de prestaciones de discapacidad demorados". El juez Ariel Lijo deberá ahora resolver si hace lugar a las 29 indagatorias solicitadas. La investigación, sin embargo, está lejos de cerrarse. Como anticipó el propio Picardi, todo indica que el expediente seguirá creciendo.