El cierre definitivo de la empresa Aires del Sur (ADS) puso en alerta al sector industrial de Tierra del Fuego, dejando a 140 familias en la calle y marcando un nuevo capítulo en el deterioro de la industria nacional. La emblemática fábrica de aires acondicionados, que operaba con las licencias de Electra y Fedders, no logró resistir el embate de una crisis financiera del gobierno de La Libertad Avanza y ahora la noticia de su quiebra fue oficializada recientemente en el Boletín Oficial; Río Grande permanece impactada.
La caída de ADS no fue un hecho aislado ni repentino, sino el resultado de una tormenta perfecta que combinó decisiones empresariales cuestionables, políticas económicas nacionales desfavorables y la falta de un salvataje efectivo. Según el propio directorio de la empresa, presidido desde 2025 por Roberto Ángel Ceretti, el modelo de negocio basado en la autofinanciación colapsó debido a tasas de interés que superaban ampliamente los márgenes de ganancia, lo que según él llevó a un "estado de cesación de pagos actual, generalizado e irreversible", según consta en la presentación judicial.
Sin embargo, los trabajadores y proveedores tienen otra visión sobre los mismo hechos al denunciar que la quiebra fue provocada deliberadamente por anteriores dueños, Juan Pablo y Juan Ignacio Guaita, quienes habrían ejecutado una maniobra de vaciamiento antes de transferir la firma: "Pusieron gente que no existe, adrede para quebrar la empresa. Por eso nos hicieron trabajar en doble turno para llevarse los equipos y venderlos", denunció un proveedor afectado.
El cierre de ADS dejó a 140 trabajadores en la calle, muchos de ellos con décadas dedicadas a la fábrica. Desde febrero, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) lidera protestas y asambleas frente a las instalaciones de la planta en Río Grande, exigiendo el pago inmediato de salarios adeudados y las indemnizaciones correspondientes. Sin embargo, los esfuerzos por encontrar una solución son todavía infructuosos.
La empresa ofreció como garantía sus activos más valiosos: la planta industrial, valuada en más de 15 millones de dólares, y un lote de 4.000 kits importados sin ensamblar que podrían generar hasta 2 millones de dólares en ingresos.
El contexto político de la quiebra de ADS es fundamental para entender la situación: desde que Javier Milei asumió la presidencia en 2023, acompañado por su ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se impulsa una agenda económica basada en la eliminación de subsidios y la apertura indiscriminada al comercio exterior.
En 2025, el gobierno decidió eliminar los aranceles impositivos a la importación de productos tecnológicos y electrónicos; la medida fue presentada como una forma de "liberar" al mercado y reducir costos para los consumidores. Sin embargo, sus consecuencias fueron devastadoras para las industrias radicadas en Tierra del Fuego, que ya enfrentaban altos costos logísticos y energéticos debido a su ubicación geográfica.
El régimen de promoción industrial fueguino, vigente desde 1972, perdió así su principal pilar y, los subsidios estatales que compensaban los costos adicionales desaparecieron, dejando a las empresas locales en una posición competitiva de mucha desventaja frente a productos importados más baratos.
Según estimaciones del Banco Mundial, este régimen tenía un costo fiscal anual cercano a los 1.070 millones de dólares hasta 2023 y, a pesar de las críticas internacionales al sistema, para sindicatos como la UOM estos incentivos eran fundamentales para sostener la fuerza de la clase obrera y el desarrollo industrial en una región históricamente postergada.
La quiebra de ADS es solo la puntita del iceberg en un contexto más amplio de crisis industrial en Tierra del Fuego: la eliminación de subsidios y aranceles pone -una vez más- en jaque a otras empresas del sector tecnológico y electrónico en un país gobernado por y para empresarios.