En medio del proceso de privatización de Corredores Viales S.A., el Gobierno dispuso un nuevo aumento en los peajes de rutas y autopistas nacionales. La suba -que oscila entre 15,4% y 18% según el tramo- comenzará a regir desde las 0 horas del jueves 26 de febrero y alcanza a los corredores I a X bajo concesión estatal. La medida fue oficializada por la Dirección Nacional de Vialidad mediante la resolución 248/2026, publicada en el Boletín Oficial, tras completar el proceso de audiencias públicas previsto por la normativa. Sin embargo, más allá del cumplimiento formal del procedimiento, el incremento llega en un momento políticamente sensible: este viernes 27 se abrirán los sobres con las ofertas de empresas interesadas en quedarse con los corredores, entre ellos el que incluye la estratégica autopista Riccheri.
El nuevo esquema impacta en arterias neurálgicas como las autopistas Riccheri, Ezeiza-Cañuelas, Buenos Aires-Rosario y Rosario-Córdoba, además de distintos tramos de las rutas 3, 5, 7, 8, 9, 12 y 205, entre otras. Con la actualización, el precio mínimo para automóviles pasa de $1.300 a $1.500 en hora pico en la autopista Riccheri. Las motocicletas abonarán $650 y $750 en hora pico, mientras que los vehículos de hasta dos ejes y más de 2,10 metros de altura pagarán $2.600 y $3.000. Para camiones y transporte pesado, las cifras escalan hasta $7.500 para unidades de más de seis ejes en horario pico.
En las rutas nacionales concesionadas, los valores también registran incrementos significativos: los vehículos de hasta dos ejes y hasta 2,30 metros de altura pagarán $1.500, mientras que las categorías más pesadas deberán desembolsar entre $4.500 y $9.000 según ejes y dimensiones. La suba no distingue entre pago manual y TelePASE: el valor será idéntico en todas las franjas horarias y métodos de abono. Aun así, Vialidad insiste en promover el sistema automático. "Desde Vialidad Nacional se alienta el uso del sistema TelePASE que permite agilizar la gestión del cobro y reducir los tiempos de viaje para los usuarios", señaló el organismo.
Según el comunicado oficial, la actualización tarifaria "permitirá contar con un escenario con parámetros mínimos de calidad en la prestación del servicio a los usuarios y demás prestaciones contractuales que realiza la empresa concesionaria". Agora, si el objetivo es garantizar "parámetros mínimos", ¿qué nivel de servicio se estaba brindando hasta ahora? Y más aún: ¿por qué aplicar un aumento en la antesala de la privatización, cuando la empresa aún permanece bajo órbita estatal? El incremento llega en un contexto de fuerte presión sobre los costos logísticos y el transporte.
Cada ajuste en peajes impacta no solo en el bolsillo de los automovilistas particulares, sino también en el precio final de bienes y servicios, al encarecer el traslado de mercaderías por rutas nacionales. La actualización abarca estaciones de peaje en todo el país. Desde el corredor I, que atraviesa Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy; pasando por el corredor III en Chaco, Corrientes y Misiones; hasta los corredores IX y X en la provincia de Buenos Aires y La Pampa, el incremento es generalizado.
En el corredor IX, por ejemplo, se verán afectados accesos clave como Boulogne Sur Mer, Mercado Central, Monte Grande, Ezeiza, Tristán Suárez, Riccheri y Donovan. En el corredor VI, impactará en Zárate, General Lagos, Carcarañá y James Craik, puntos neurálgicos para el transporte de cargas. La medida, en definitiva, no es segmentada ni focalizada: es transversal y federal. El Gobierno sostiene que la actualización responde a la necesidad de mantener estándares mínimos de servicio.
Pero el ajuste se produce en paralelo al proceso de privatización, lo que genera suspicacias sobre si el incremento busca "ordenar" los números de la concesionaria antes de su traspaso al sector privado. Mientras tanto, los usuarios deberán absorber un nuevo aumento en accesos estratégicos que ya habían sufrido sucesivas actualizaciones en los últimos meses. Así, bajo el argumento técnico de la calidad y la eficiencia, el Estado vuelve a trasladar el costo al usuario.