La ciudad autónoma española de Ceuta atraviesa una de las mayores crisis migratorias de los últimos años. En apenas una semana y media, alrededor de 2.000 personas cruzaron a nado desde Marruecos hacia el enclave español en el norte de África, una cifra que desbordó por completo la capacidad de recepción de un territorio de apenas 83.000 habitantes y obligó a las autoridades locales a declarar una situación de "absoluta emergencia humanitaria y social".
La magnitud del fenómeno volvió a poner en evidencia la fragilidad del sistema migratorio español y la creciente presión sobre una de las pocas fronteras terrestres que separan a África de la Unión Europea. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, reclamó al Gobierno de Pedro Sánchez que declare una situación de interés para la Seguridad Nacional y despliegue al Ejército para colaborar en el control de la frontera, una petición respaldada por todos los partidos representados en la Asamblea local, incluido el PSOE. "La situación ha dado un salto cualitativo", advirtió Vivas.
En ese sentido, alertó que el número de migrantes llegados en apenas cinco días equivale al 2% de toda la población de Ceuta. La crisis dejó imágenes de fuerte impacto. El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) superó ampliamente su capacidad y cientos de personas comenzaron a instalarse en los alrededores, improvisando refugios con plásticos y mantas mientras aguardaban una respuesta administrativa. Muchos de los migrantes son jóvenes marroquíes, aunque también llegaron argelinos que residían en Marruecos. Entre ellos también hay mujeres, niños pequeños y decenas de personas que aseguran ser menores de edad.
Los testimonios recogidos en el lugar reflejan además el drama humanitario. Jóvenes heridos tras cruzar a nado esperan durante horas sin alimentos suficientes, mientras otros permanecen acostados sobre el asfalto bajo altas temperaturas. La situación también tuvo un elevado costo humano. Según las autoridades locales, unas 60 personas murieron en el último mes intentando alcanzar Ceuta por mar. Solo el miércoles fueron recuperados los cuerpos de dos hombres ahogados durante el cruce.
Frente al deterioro de la situación, Pedro Sánchez aseguró que el Ejecutivo está "volcado" en resolver la crisis. "El Gobierno de España está volcado en dar una respuesta inmediata a la situación en Ceuta. Estamos movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales, y preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes posible", publicó el mandatario en sus redes sociales.
Sin embargo, desde Ceuta consideran que la respuesta llegó tarde. El propio Vivas advirtió que la ciudad ya no dispone de recursos para absorber nuevas llegadas y reclamó medidas extraordinarias. En paralelo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, confirmó que viajará a Ceuta para supervisar la situación, aunque insistió en que la política migratoria del Gobierno "está funcionando" y que el incremento de ingresos constituye un episodio puntual.
Como primera respuesta, Madrid y Rabat acordaron reforzar la cooperación para agilizar la devolución de los migrantes que ingresaron de manera irregular. El Ministerio del Interior español responsabilizó del fenómeno a las redes de tráfico de personas, a las que acusó de aprovechar una reciente sentencia del Tribunal Supremo para difundir información falsa entre potenciales migrantes y convencerlos de que podrían permanecer en España si conseguían alcanzar la costa ceutí.
La resolución judicial, conocida a comienzos de julio, estableció que los migrantes interceptados en el mar cuando intentan llegar a Ceuta o Melilla no pueden ser expulsados automáticamente mediante las denominadas "devoluciones en caliente", un mecanismo que había sido utilizado durante años en esos enclaves. Aunque el Gobierno sostiene que las mafias utilizaron ese fallo para incentivar las travesías, organizaciones defensoras de derechos humanos ponen en duda esa explicación y consideran poco probable que miles de personas hayan decidido cruzar por conocer una compleja resolución judicial.
La situación inevitablemente remite a mayo de 2021, cuando más de 10.000 personas ingresaron en apenas dos días a Ceuta después de que Marruecos relajara los controles fronterizos durante una grave crisis diplomática con España. Aquella tensión se originó tras la decisión del Gobierno español de permitir el ingreso para tratamiento médico del líder del Frente Polisario, organización independentista del Sáhara Occidental. La disputa se desactivó un año después, cuando Madrid modificó su histórica posición sobre el conflicto saharaui y respaldó el plan de autonomía impulsado por Marruecos.
Hoy ambos gobiernos aseguran mantener una cooperación "ejemplar" en materia migratoria, aunque la nueva oleada vuelve a poner en cuestión la eficacia de ese entendimiento. La crisis también abrió un fuerte frente político en España. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, calificó la situación como "desesperada" y reclamó declarar la emergencia nacional, cerrar la frontera del Tarajal, desplegar al Ejército y reforzar la presión diplomática sobre Marruecos y la Unión Europea.
Desde Vox, Santiago Abascal endureció aún más el discurso al definir la llegada masiva de migrantes como una "invasión", responsabilizar directamente a Pedro Sánchez y sostener que el presidente español debería responder ante la Justicia por su gestión. Mientras tanto, las patrullas de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo y Cruz Roja continúan rescatando personas en el agua prácticamente sin interrupciones. Las llegadas persisten, los centros de acogida permanecen colapsados y Ceuta vuelve a convertirse en el principal símbolo de una crisis migratoria que España aún no logra contener.