La crisis migratoria en Ceuta, que dejó al menos 57 personas muertas y provocó el ingreso de unos 50.000 migrantes al enclave español en el norte de África, escaló este viernes hasta convertirse en un conflicto político y diplomático dentro de la Unión Europea.El Gobierno de Giorgia Meloni anunció la suspensión temporal de la aplicación del espacio Schengen con España, además del cierre de las fronteras marítimas y aéreas entre ambos países durante un mes, una decisión que desató una inmediata respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez y fuertes críticas de la oposición italiana, que acusó al oficialismo de utilizar la tragedia humanitaria para obtener rédito político.
La medida fue adoptada por el Ministerio del Interior italiano luego de una reunión del Comité de Análisis sobre Inmigración y Seguridad de las Fronteras, encabezada por el ministro Matteo Piantedosi, quien además acordó con su par francés, Laurent Nuñez, reforzar los controles en la frontera terrestre entre Francia e Italia. Según informó Roma, los controles estarán dirigidos especialmente a ciudadanos extracomunitarios para verificar la documentación necesaria para circular dentro del espacio Schengen. "La policía fronteriza realizará controles específicos y selectivos a nacionales de terceros países para verificar que poseen la documentación necesaria para viajar por el espacio Schengen. La suspensión durará un mes", informó el Ministerio del Interior italiano.
Aunque Italia y España ni siquiera comparten una frontera terrestre, la decisión de Meloni provocó una inédita crisis diplomática entre ambos gobiernos. El canciller italiano Antonio Tajani justificó la medida al sostener que era: "Un paso necesario para salvaguardar la seguridad de nuestros ciudadanos y defender las fronteras europeas; una medida prevista en los tratados y que ahora resulta inevitable". Además, defendió el endurecimiento de los controles al advertir: "La crisis migratoria en Ceuta nos recuerda que la gestión de las fronteras de la Unión es una responsabilidad compartida entre nuestros países".
Y agregó: "Debemos trabajar juntos para impedir la entrada de flujos incontrolados de migrantes en el territorio de la UE, evitando así los riesgos asociados y la amenaza del terrorismo, a la cual hay que hacer frente con determinación". Sin embargo, el funcionario agravó aún más la tensión al acusar al Gobierno español de haber otorgado la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes irregulares, una afirmación que fue rápidamente desmentida por Madrid, ya que la medida mencionada correspondía únicamente a un proceso de regularización administrativa y no implicaba la concesión de la nacionalidad.
La reacción del Gobierno español no tardó en llegar. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, convocó al embajador italiano para expresar el malestar de Madrid y calificó las declaraciones de Tajani como impropias. Según expresó, se trató de: "Un mensaje impropio de un canciller de un país socio y amigo, del que esperamos solidaridad europea y no demagogia partidista". Albares también explicó que la crisis de Ceuta no guarda relación con la regularización migratoria, sino con una reciente sentencia de la Corte Suprema española que impide devolver automáticamente a las personas que ingresan nadando, situación que -afirmó- fue aprovechada por organizaciones criminales.
Por su parte, el presidente Pedro Sánchez pidió evitar nuevas divisiones dentro del bloque europeo y recordó que Italia recibió una mayor cantidad de inmigrantes irregulares que España durante los últimos años. "No es tiempo de dividir. Es tiempo de seguir construyendo una UE fuerte y unida". Mientras el Gobierno italiano endurecía su discurso, la oposición de centroizquierda salió con dureza a cuestionar la decisión y acusó a Meloni de intentar capitalizar políticamente la tragedia para contener el crecimiento electoral del partido ultraderechista liderado por el exgeneral Roberto Vannacci.
El senador del Partido Democrático, Francesco Boccia, fue uno de los más críticos. "Pedir la suspensión del acuerdo de Schengen con respecto a España es una propuesta carente de cualquier fundamento político o jurídico. Surge del intento de Giorgia Meloni de seguir la estela de las consignas de Vannacci y de la extrema derecha; es una maniobra que no conlleva más riesgo que el de provocar una crisis diplomática estéril con uno de los socios clave de Italia".
El dirigente también cuestionó el doble discurso del oficialismo frente a la inmigración. "No se puede invocar a Europa únicamente cuando las llegadas de migrantes afectan a Lampedusa. Si exigimos solidaridad europea cuando la presión migratoria golpea a Italia, tenemos el deber de ofrecerla cuando afecta a España. Eso es lo que significa ser europeo. Lo demás es pura propaganda".
Y remató con una comparación económica que golpea directamente al Gobierno de Meloni. "Mientras Meloni intenta ir detrás de Vannacci, haría mejor en intentar igualar los resultados de Pedro Sánchez. Hoy, los italianos se enfrentan a unos precios del combustible que figuran entre los más altos de Europa, a unos salarios entre los más bajos del continente, a un costo de vida cada vez más insostenible y a un crecimiento económico que se mantiene muy por debajo del de España".
La líder del Partido Democrático, Elly Schlein, también cuestionó la medida. "¿Acaso el gobierno de Meloni desconoce que Ceuta es un enclave en África y que no existe libre circulación desde allí ni hacia la España peninsular ni hacia otros países europeos?" Y agregó: "Estamos ante un gobierno de propagandistas irresponsables que, en cuatro años, no ha logrado resolver ni un solo problema de los italianos, limitándose a ofrecer un nuevo enemigo cada día".
Las críticas también llegaron desde Alianza Verdes e Izquierda, donde el diputado Angelo Bonelli denunció que el Ejecutivo utiliza el drama migratorio como herramienta política. "Las imágenes que llegan desde Ceuta son desgarradoras. Son imágenes de desesperación que encarnan el fracaso de una Europa que gasta cientos de miles de millones de euros en armas y guerras, mientras la pobreza asola a poblaciones africanas enteras".
Y concluyó: "Explotar la desesperación y las vidas de los migrantes para obtener apoyo político es un acto de cinismo político. El gobierno italiano no aborda las causas profundas de la migración ni propone soluciones; en su lugar, miente, aviva el miedo y busca un enemigo". En la misma línea se pronunciaron los legisladores del Movimiento Cinco Estrellas, Pietro Lorefice y Filippo Scerra, quienes sostuvieron que: "Meloni utiliza la cuestión de Ceuta únicamente con fines propagandísticos, anunciando medidas inútiles -desde bloqueos navales y centros en Albania hasta la suspensión de Schengen- simplemente para seguir el ritmo de Vannacci".
Mientras Europa profundiza sus diferencias políticas, la emergencia humanitaria continúa. Las autoridades españolas informaron que alrededor de 37.500 migrantes ya regresaron a Marruecos, muchos de ellos voluntariamente, luego de comprobar que los centros de recepción estaban completamente desbordados. La Comisión Europea expresó su disposición a reforzar el apoyo a España mediante la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), mientras el Gobierno de Pedro Sánchez desplegó efectivos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad en Ceuta.
Durante una visita al enclave, el mandatario español calificó la situación como: "Una violación de la integridad territorial de España". Además, anunció nuevas medidas para reforzar la frontera, entre ellas la instalación de un sistema de boyas marítimas, la aceleración de las devoluciones de quienes ingresen de forma irregular y un endurecimiento de las acciones contra las redes de tráfico de personas.