Lo que debía ser uno de los días más importantes en la vida de una pareja terminó convertido en una causa penal que sacude al Registro Civil de Neuquén. Una empleada del organismo fue acusada de haberles cobrado una suma de dinero por un trámite que es gratuito, de haber recibido ese dinero en su cuenta personal y de haber confeccionado un acta matrimonial con datos falsificados.
La investigación, a cargo del Ministerio Público Fiscal, tomó un giro decisivo este martes durante una audiencia realizada en la Ciudad Judicial de Neuquén. Allí, la fiscalía expuso que la funcionaria realizó el cobro indebido de 90 mil pesos por un casamiento, vulnerando la normativa vigente y abusando de su condición de empleada pública. Según explicó el asistente letrado Facundo Bernat, los hechos ocurrieron el 6 de enero de 2025, cuando la acusada, en su carácter de funcionaria pública, solicitó a la pareja el pago de 90.000 pesos para concretar el matrimonio.
El argumento que utilizó fue que el sellado que ya habían abonado no correspondía al trámite matrimonial, por lo que debían volver a pagarlo. Sin embargo, durante la audiencia la fiscalía fue categórica: esa transacción no tiene sustento legal alguno. Peor aún, el dinero fue transferido directamente a una cuenta personal de la empleada, un elemento que el MPF consideró clave para agravar la imputación. Pero la acusación no se limita al cobro ilegal. La causa judicial también incluyó la revisión del acta matrimonial confeccionada por la propia funcionaria.
En ese punto, Bernat sostuvo que la mujer también "incurrió en falsedad ideológica agravada, al tratarse de una conducta atribuida a una funcionaria pública que actuó con abuso de sus funciones". Según detalló el asistente letrado, el delito se configuró al confeccionar el acta del matrimonio, omitir que la ceremonia se realizó a domicilio -lo que generó un perjuicio patrimonial al Estado, ya que este tipo de ceremonias exige el pago de una tasa- y no consignar los testigos exigidos por la normativa vigente. Para la fiscalía, estas irregularidades no pueden ser consideradas simples errores administrativos.
Las consecuencias para la pareja no fueron menores. De acuerdo a lo expuesto por el Ministerio Público Fiscal, los damnificados debieron iniciar trámites de rectificación por los errores en la documentación matrimonial, lo que implicó demoras, nuevas gestiones administrativas y un desgaste adicional. "El asistente letrado encuadró los hechos en los delitos de exacciones ilegales agravadas por haber convertido en propio el provecho del ilícito y falsedad ideológica agravada por haber sido cometida por una funcionaria pública, en concurso real y en carácter de autora", precisó la fiscalía durante la audiencia.
El proceso judicial aún está lejos de concluir. La audiencia celebrada en la Ciudad Judicial de Neuquén finalizó con la solicitud de una prórroga de tres meses para profundizar la investigación penal. El juez de garantías Juan Guaita aceptó tanto la reformulación de los cargos como la extensión del plazo, lo que permitirá a la fiscalía analizar en detalle el alcance del perjuicio ocasionado y avanzar con nuevas medidas probatorias. Mientras tanto, una historia que debía sellarse con un "sí, quiero" quedó marcada por la sospecha, la estafa y la falsificación, y puso en debate los controles dentro de un organismo público clave para la vida civil de los ciudadanos.