La postal fue tan extrema como elocuente: un agente de la Policía Federal Argentina, uniformado, armado y esposado a la reja de la Casa Rosada. No se trató de una provocación política ni de una puesta en escena opositora, sino del gesto desesperado de un efectivo en actividad que decidió romper el silencio para denunciar su situación salarial y lo que definió como "corrupción" dentro de la institución.
El protagonista del reclamo fue identificado como Miguel Ángel Montiel, cabo de la Policía Federal, actualmente destinado a la Comisaría Belgrano Norte de la Ciudad de Buenos Aires. En la mañana de este martes, Montiel se apostó frente a la sede del Poder Ejecutivo con una pancarta en la que denunciaba irregularidades en la Superintendencia de Transporte. La escena activó de inmediato los protocolos de seguridad: se montó un cordón policial y, minutos después, el efectivo fue trasladado a la sede de la PFA para que realice una presentación ante Asuntos Internos, según confirmaron fuentes oficiales.
La protesta, tan solitaria como contundente, dejó al descubierto una grieta incómoda para el Gobierno de Javier Milei: el ajuste y la motosierra no solo golpean a jubilados, trabajadores estatales, docentes o personal de salud, sino que también empiezan a erosionar a las propias fuerzas de seguridad, uno de los pilares discursivos del oficialismo. En diálogo con el periodista Fabián Waldman, Montiel afirmó: "El salario que estoy percibiendo es de 700.000 pesos en este momento. Soy cabo auxiliar de la justicia, cabo de la policía federal. Y eso también, es algo que también incomoda mucho".
Y agregó, con crudeza: "Sé que esto no lo podemos hacer. Nosotros no nos podemos manifestar de esta manera. No tenemos permitido, pero bueno. Yo ya he tomado la decisión". Lejos de presentarse como una víctima individual, el efectivo insistió en que su reclamo apunta a quienes vendrán después. "Seguramente me van a sancionar. Me voy a quedar sin mi vocación de servicio, porque yo no elijo estar acá. Yo elijo ser policía, hacer tareas policiales", explicó. "Quiero expresar antes de que suceda esto, que los que vienen detrás mío, haya un cambio. Quiero una respuesta de parte del gobierno, mayormente".
Montiel también apuntó contra presuntos hechos de corrupción interna y la falta de recursos básicos. "Por favor que no se olvide de los sueldos, porque también nos faltan herramientas. Ya la institución está completamente destruida, al igual que lo que es salud", sostuvo, trazando un paralelismo que incomoda a una administración que hizo del ajuste presupuestario su bandera. En un pasaje que revela la complejidad política del episodio, el cabo se definió como "apolítico", pero aclaró: "Sí, he votado a Javier Milei. Lo volvería a votar, sí, porque la verdad que su gestión me gusta. Esto es vocación, pero no se tiene que olvidar de nosotros".
Y concluyó con una frase que resume la contradicción central: "Nosotros somos policías federales de la seguridad del Estado y de la sociedad". El episodio deja varias preguntas abiertas. ¿Qué sucede cuando quienes deben garantizar el orden público se sienten empujados a protestar esposándose frente a la Casa Rosada? ¿Hasta dónde puede tensarse una fuerza atravesada por salarios que pierden contra la inflación y por un discurso oficial que exige disciplina, pero recorta recursos? Mientras el Gobierno refuerza su retórica de mano dura hacia afuera, puertas adentro crece un malestar que ya no se conforma con el silencio.